La idea de que endurecer o alargar la pena de prisión disuadirá a los asesinos es una fantasía jurídica que acompaña a la especie humana desde el código de Hammurabi, aproximadamente, y que hasta la fecha no parece haber frenado gran cosa el impulso por derramar la sangre de un semejante. Los partidarios de la cadena perpetua y de la pena de muerte replicarán que, con toda probabilidad, el temor al castigo ha desalentado a muchos criminales, pero las cifras dicen otra cosa. Por ejemplo, la tasa de homicidios intencionales en Estados Unidos es de 4,7 mientras en España es de 0,3. Pueden poner los números cabeza arriba o cabeza abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero al final siempre les saldrá este dato: los cinco países con la tasa más baja de homicidios son Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, es decir, aquellos que prefieren invertir en escuelas y universidades en lugar de en mejorar su sistema penitenciario.

Que la prisión permanente revisable no sirve absolutamente para nada lo prueba, por desgracia, el reciente asesinato de un niño. Por otro lado se trata de un concepto jurídico sujeto, como no puede ser de otro modo, a las peculiariades y zozobras de nuestro código penal, donde una agresión a veces lleva aparejada menos castigo que un chiste de mal gusto o un insulto contra la corona, donde hay asesinos etarras a los que cada muerto les ha salido a medio año de cárcel, y donde hay torturadores con placa y verdugos ancianos paseándose tranquilamente por las calles con un reguero de delitos de sangre a sus espaldas.

Por esos extraños cauces de la justicia española discurre la historia de Miguel Montes Neira, el preso de mayor solera de este país, un hombre que jamás cometió un asesinato y sin embargo se pasó más de media vida entre rejas. Concretamente, 36 años, 4 de ellos fugado, porque Miguel Montes Neira tenía la manía de la libertad. Entonces, tarde o temprano -más temprano que tarde- lo trincaban, le aplicaban la prisión permanente revisable y le caían 6 o 7 años más. Murió en octubre pasado, después de un indulto concedido en 2012, cuando contaba 62 años, y después de que en 2013 lo detuvieran durante un robo de joyas por valor de 4,3 millones de euros en una joyería de Marbella y tras un juicio en que la fiscalía se inhibió y la acusación retiró los cargos. Probablemente pensaron que en el pasado ya había cumplido condena de sobra.

Hablando de condenas, la nuestra es que, según el calendario institucional, no nos quedará otro remedio que escuchar una y otra vez el debate sobre la prisión permanente revisable en el Congreso hasta las próximas elecciones. Nos está bien empleado por votar lo que votamos. De cualquier modo, podemos felicitarnos de que la discusión se centre, de momento, en la prisión permanente revisable y no en la pena de muerte, porque al paso que vamos -derechos a la Edad Media- podríamos acabar todos en Oklahoma. Un estado donde han decidido gasear a los condenados a muerte con nitrógeno, a falta de inyecciones letales.