05/05/200905/05/2009

NÚRIA BOSCH

La crisis castiga a todas las administraciones públicas, lo que se traduce en tensiones presupuestarias. Se recaudan menos ingresos impositivos y aumenta el gasto social. No obstante, ello incide de una manera especial sobre las administraciones municipales al depender notablemente de la financiación de las administraciones de ámbito superior y al no disponer de los instrumentos de política económica del Gobierno central. Asimismo, el municipio es la administración que más siente los problemas que la crisis provoca sobre los ciudadanos por ser la más próxima a estos. Ante los problemas provocados por la crisis, el municipio es la primera instancia donde los ciudadanos acuden en busca de soluciones.

¿Qué pueden hacer los municipios ante esta situación? Para contestar a esta pregunta, primero hay que advertir que los instrumentos de política económica de que disponen los municipios para hacer frente a la actual crisis económica son limitados. Los instrumentos de política económica para corregir los
desequilibrios macroeconómicos están básicamente en manos del Gobierno central. Por otra parte, aunque los gobiernos municipales dispusieran de ellos, su efectividad sería limitada por la apertura de los mercados de los niveles locales de gobierno, lo que trasladaría los efectos hacia otros territorios.

Por tanto, el papel prioritario para la lucha contra la crisis lo tiene el Gobierno central. Es este quien está en mejores condiciones para luchar contra el desempleo y para promover el desarrollo económico. No obstante, ello no implica que el papel de los municipios para afrontar la crisis económica sea irrelevante.

En primer lugar, los municipios deben implementar una serie de medidas internas. Entre estas cabe indicar las siguientes: reducción y control del gasto corriente, pero sin que ello implique una disminución de la prestación de los servicios públicos; sino, por ejemplo, reducción de los gastos en dietas, control de sueldos, etc. También otra medida puede ser mejorar la gestión del patrimonio municipal, sacándole una mayor rentabilidad. A su vez, cabe añadir la mejora de la gestión tributaria, que reduzca la morosidad, el control financiero y la gestión de tesorería.

En segundo lugar, los municipios pueden adoptar medidas de fomento económico. En este campo, han de tener un papel destacado en la gestión de las políticas activas de ocupación (medidas de inserción laboral, intermediación con empresas del entorno, planes de formación). Tampoco hay que olvidar las inversiones, principalmente en sectores estratégicos. Otras medidas de fomento pueden ser: la reducción de tasas a empresas locales, como, por ejemplo, la de apertura de establecimientos; reducción de los plazos de pago a los proveedores; establecimiento de pagos tributarios fraccionados; y otras medidas de impulso al comercio y empresas locales.
En tercer lugar, cabe implementar medidas de carácter social. Estas deberían pivotar básicamente en las políticas de vivienda (construcción, rehabilitación, alquiler) y en acciones para colectivos desfavorecidos (ayudas, bonificaciones fiscales, etc.).

Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública