¿Cómo se atreve el Gobierno a relativizar algo tan sagrado como la unidad de España derogando el delito de sedición? ¿Cómo osa el Ejecutivo legislar y casi despenalizar los delitos infernales de Carles Puigdemont y su entonces Govern? ¿Cómo se le ocurre a Pedro Sánchez reformar el Código Penal aunque lo haya avalado una amplia mayoría parlamentaria -como tenía Puigdemont, por cierto, y tiene el independentismo catalán en el Parlament-? ¿Cómo se atreve el Gobierno socialcomunista-etarra-bolivariano-independentista-satánico a cambiar el paso de los jueces Pablo Llarena y Manuel García-Castellón sin consultarles nada?

Nos educan en la creencia democrática de que los jueces están para aplicar las leyes que se diseñan, debaten y aprueban entre los poderes Ejecutivo y Legislativo elegidos democráticamente, pero en España, gracias a una labor exquisita de la en absoluto idílica transición, existen jueces que consideran que su papel va mucho más allá que el de aplicar leyes, que obedecen a la premisa de que, por encima de la separación de poderes, las mayorías democráticas, los gobiernos elegidos en las urnas por el voto ciudadano,... están ellos, los representantes de la máxima primera del orden y la ley; sobre todo, en lo que concierne a la unidad de España.

El auto del juez Llarena publicado este jueves en el que retira el delito de sedición a Puigdemont sin aplicarle el de desórdenes públicos agravados -que era la intención del PSOE cuando Sánchez emprendió la reforma del Código Penal-, pero manteniendo el juez la malversación y la desobediencia, es de tal carga política que la (ultra)derecha ha corrido a adjuntarlo a su argumentario electoral de trazo grueso: "Puigdemont volverá a España en Falcon", el avión presidencial.

Además de revisar el ingenio y la originalidad de los gabinetes de los partidos políticos a la hora de diseñar mensajes que parecen dirigidos a patios de colegio, convendría que alguien dijera a Llarena que su misión no es juzgar públicamente al Gobierno y sus reformas legislativas o sus decisiones políticas, sino aplicar las leyes vigentes, le gusten o no. Lean el auto de Llarena porque no tiene desperdicio, aunque quizás me estoy adelantando y la pretensión del magistrado instructor de ese injusto episodio que fue la causa contra el procés es ir en alguna lista electoral a final de año. Y yo aquí, reventándole el concurso de méritos.

Llarena retira la sedición pero aplica a Puigdemont la malversación agravada

Como a Manuel García-Castellón, otro que tal, que sin que nadie lo hubiera planteado y ante la estupefacción de la Fiscalía, le pregunta si con la reforma del Código Penal (malversación) van a cambiar la calificación de varios delitos en el caso Púnica o qué. Lo que se llama justicia preventiva, que no está este magistrado de la Audiencia Nacional para perder el tiempo en tonterías de corrupción del PP de Madrid con lo que le gusta a él buscar las cosquillas penales a Juan Carlos Monedero.

Es mejor reírse, créanme, porque solo acabamos de empezar el año y miren cómo vamos: con un Poder Judicial y un Tribunal Constitucional con su prestigio en mínimos; unos jueces salvapatrias en plena cruzada contra los infieles del Gobierno (y los/as ciudadanas que lo votaron) y sus socios parlamentarios (ídem con sus votantes), y una oposición de (ultra)derecha venida arriba con los errores de ese mismo Ejecutivo, que los comete y se amplifican con un eco mediático y de redes que apenas deja lugar al razonamiento.

El presidente del Gobierno tiene una hoja de ruta (muy arriesgada en términos electorales) para intentar resolver el conflicto político en Catalunya, es un hecho, y la está ejecutando con mayor o menor fortuna en base a parámetros ideológicos y democráticos, con una amplia mayoría en el Parlamento. Que al PP, Vox o a sus jueces de cola no les guste, no deslegitima nada, solo faltaba. Aunque ellos se empeñen en convencer a la gente de lo contrario mientras tachan de enfermas mentales a las mujeres que quieren abortar.

La revisión de las euroordenes en el Tribunal de la UE inicia el pulso definitivo entre la justicia española y Puigdemont