Álvaro Gaertner
Miembro del Circulo 3E, estudiante de Ingeniería Física en la Carl von Ossietzky Universität, en Oldemburgo, Alemania.

En el anterior artículo examinamos la necesidad de realizar una reforma fiscal verde como parte de las políticas necesarias para cambiar el modelo de transporte de nuestro país, pero para cambiar el modelo económico hacia uno más sostenible hace falta actuar en muchos más aspectos de la economía, empezando por la construcción, el sector eléctrico o el modelo de consumo.

En el caso de la construcción, estamos hablando de un sector que tiene numerosos impactos en los cambios de uso de suelo y en la emisión de GEI. De esta manera, podemos ver como en los últimos 25 años se ha duplicado la superficie urbanizada en la Comunidad de Madrid, dando lugar a ese paisaje tan característico que hace que notes que acabas de entrar en la CAM cuando empiezas a verte rodeado por asfalto por todas partes. De la misma forma, en el pico de la burbuja, en 2007, las emisiones imputables a la producción de cemento, supusieron el 6,3% (27,47 MtCO₂) de las emisiones totales de CO₂, mientras que en el 2013, en el momento más bajo del sector, alcanzaron el 3,7% (11,8 MtCO₂). Así, se puede ver que la especulación inmobiliaria que sufrió nuestro país no sólo puede acabar destrozando la economía, sino que puede llevarse por delante también el medio ambiente, y eso hace aún más necesario el establecimiento de mecanismos que prevengan de manera efectiva la especulación inmobiliaria. Esta especulación, tal y como dice Fernando Scornik y como pudimos ver durante la burbuja, se produce fundamentalmente a través de la especulación con el valor del suelo que se realiza con la esperanza de capturar las rentas producidas, bien a través de recalificaciones en el uso del suelo o bien a través de la provisión de bienes públicos por parte del Estado. Para solucionar este problema, hay economistas como Stiglitz o el mismo Scornik que proponen realizar una reforma fiscal que pase a gravar la renta del suelo, de tal manera que la captura de esas rentas por parte del Estado desincentive la especulación. Esta medida, además, produciría una bajada de los precios en las viviendas o, como mínimo, evitaría que subiesen, ya que la captura de rentas del suelo por parte del Estado haría que los especuladores no subiesen los precios al no ser ellos los beneficiarios de la subida, facilitando así el acceso a la vivienda para los colectivos más desfavorecidos. Por último, el hecho de pagar por las rentas del suelo y no tanto por las mejoras que se hacen sobre él (el vuelo), haría que los promotores intentasen maximizar sus beneficios minimizando el uso de suelo, favoreciendo así la creación de ciudades más compactas, facilitando la movilidad tanto en transporte público, debido a la mayor densidad de población, como en bicicleta o a pie, debido a las menores distancias. En España esta reforma impositiva se podría realizar cambiando o sustituyendo los actuales impuestos que gravan el valor de las propiedades inmobiliarias, esto es, el IBI, las plusvalías municipales y el gravamen al incremento patrimonial en el IRPF, por un impuesto que gravase el valor del suelo. Para ello, Scornik propone que primero se actualice la valoración fiscal del suelo hasta, como mínimo, el 80% del valor de mercado, y que después se grave el valor del suelo. Con esta reforma fiscal se conseguiría acabar con la principal causa de la especulación, pero aun así seguiríamos estando en un país con millones de viviendas vacías, en el que es urgente dirigir la inversión inmobiliaria hacia la rehabilitación de las viviendas antiguas para hacerlas accesibles y eficientes energéticamente, y por ello parte del dinero adicional recaudado con este impuesto podría dedicarse a impulsar un plan de eficiencia energética a través de un banco público de inversión que concediese créditos blandos y ayudas para la rehabilitación, tal y como actualmente hace el Plan MAD-RE en Madrid o como hacía el programa Kfw-Effizienzhaus en Alemania.

El tercer sector en el que hace falta revisar la fiscalidad es otro fijo en nuestra cabeza a la hora de pensar en sectores contaminantes, el sector eléctrico. Actualmente todos somos conocedores de alguna de las tropelías que se han cometido a través de los impuestos en este sector, como el Impuesto al Sol, cuyo objetivo es evitar la descentralización de la producción renovable para mantener el poder del oligopolio y que debe ser abolido inmediatamente y sustituido por el balance neto, aunque hay otras que son menos conocidas, como la creación en 2013 de un impuesto único del 7% a la producción de electricidad, el conocido como Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE). Este impuesto, que se creó fundamentalmente para acabar con el déficit de tarifa, y que, pese a que se vendió como un impuesto verde, está siendo cuestionado precisamente por no serlo, y puede ser suspendido por el Tribunal Supremo ser un impuesto con finalidad recaudatoria que grava el mismo hecho imponible que el Impuesto sobre Actividades Económicas. Este impuesto debería cambiar completamente su diseño para pasar a ser un impuesto verde y no ser anulado, empezando por poner tipos distintos para las energías fósiles y la nuclear, por un lado, y las renovables, por el otro, de tal manera que las energías renovables queden exentas y se suba el gravamen para las energías fósiles, discriminando dentro de éstas entre el gravamen del carbón y el gravamen del gas natural. Por último, tal y como proponían Iván Calvo y Marta Victoria en este artículo, habría que crear un impuesto específico sobre la producción de energía nuclear y la producción de energía hidroeléctrica que permitiese capturar los "windfall profits" que reciben estas dos fuentes de energía, que en su día fueron pagadas o rescatadas por el Estado y cuyos beneficios se llevan actualmente actores privados sin apenas costes. En el caso de la nuclear este impuesto permitiría, además, hacer pagar a las centrales todas las externalidades que producen, como el tratamiento y almacenamiento de los residuos nucleares, que no están pagando completamente a través del impuesto específico creado en 2012, y en el caso de la hidroeléctrica, favorecería la gestión de las centrales como fuente de apoyo a las renovables variables como la eólica y la fotovoltaica en vez de como un instrumento para maximizar los beneficios, aunque en este caso la solución definitiva sería la recuperación de las centrales por parte del Estado para su gestión directa.

Por último, aunque muchas veces pasa desapercibido, la cuarta pata de nuestro modelo económico que habría que revisar sería el modelo de consumo, porque aunque no podamos ver directamente sus impactos medioambientales, todos los objetos que consumimos los tienen. En este aspecto, se aplica la misma máxima que en el sector eléctrico, esto es, que el kWh (o el objeto) más sostenible es aquel que no se produce. Por ello Suecia ha realizado una reforma fiscal para favorecer la reparación sobre el consumo, y por ello ha rebajado el IVA de las reparaciones del 25% al 12% y ha establecido una deducción en el IRPF del 50% de la mano de obra pagada para reparar electrodomésticos y similares, unas reformas que en España podríamos imitar.

Todas las medidas descritas en los dos artículos permitirían a España tener un sistema fiscal realmente verde, que hiciese que los que contaminan paguen y que empujaría un cambio de modelo económico que, no solo sería más sostenible, sino que además nos permitiría reducir el tiempo de trabajo y los recursos necesarios para conseguir el mismo bienestar, así como impulsar la inversión en nuevas y prometedoras tecnologías como la producción de energía a partir del viento en altura a partir de lo ahorrado en especulación urbanística o consumo, y, permitiría tener un país más resiliente y más independiente, un país que nunca más tendría que volver a hincar la rodilla ante los grandes poderes financieros debido a burbujas de deuda creadas por actividades insostenibles y por un consumismo irrefrenable.

Bibliografia:

Proposicion de Ley sobre Fiscalidad Ambiental. IU-ICV, CC.OO., Ecologistas en Accion, Greenpeace, WWF España.

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Proposicion_Ley_Fiscalidad_verde.pdf

http://www.vozpopuli.com/desde_la_heterodoxia/defensa-impuesto-renta-suelo_7_863383655.html

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8217504/03/17/El-Constitucional-devuelve-al-Supremo-la-decision-sobre-la-legalidad-del-impuesto-a-la-generacion.html

http://www.expansion.com/especiales/pwc/2016/11/10/582441fa22601d397b8b4646.html

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2017/01/20/este_sonrojante_mercado_electrico_59999_1023.html

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-28/25-anos-de-desarrollo-en-madrid-el-doble-de-ciudad-menos-verde-y-mas-bosques_1296397/

http://www.ecologistasenaccion.org/article30586.html