El precio de los medicamentos, crimen del siglo

Más de 10 millones de personas murieron –sobre todo en África, entre 1996 y 2001- por no poder acceder a los nuevos medicamentos antirretrovirales que permitían controlar el sida y suponían la gran esperanza de supervivencia para la legión de afectados por la peor plaga de la historia reciente. Las grandes compañías farmacéuticas, suculentos negocios con disparatados beneficios, bloquearon el acceso a los genéricos de bajo coste que habrían permitido salvar a todas esas víctimas, el doble de las que causó el Holocausto nazi. De la magnitud del despropósito da idea que el precio de venta del tratamiento anual para un infectado del VIH rondaba en Estados Unidos los 15.000 dólares, mientras que su réplica en India no superaba los 200, pese a lo cual aún resultaba rentable fabricarlo.

La codicia del conjunto de empresas multinacionales que se conoce como Big Pharma no habría prevalecido sin la complicidad de los gobiernos occidentales, principales contribuyentes a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Esto desmonta el argumento de los grandes laboratorios para defenderse de la acusación de perpetrar con premeditación y alevosía el crimen del siglo: que esos precios desmesurados y el monopolio que supone en la práctica la prolongada protección de las patentes permiten las inversiones en I+D (entre el 4% y el 8% de los ingresos, según las fuentes) imprescindibles para desarrollar remedios contra las enfermedades más graves, desde el sida al cáncer o la malaria.

El lobby farmacéutico es tan potente que ese genocidio sanitario que se cebó sobre todo en África, en los más pobres entre los más pobres, se produjo sin una gran repercusión mediática, ignorado o tratado sin gran relevancia por los grandes medios de comunicación, pese a los gritos impotentes de un puñado de activistas y ONGs. De hecho, lo que más sorprendió al cineasta indo-irlandés Dylan Mohan Gray cuando, a mediados de la pasada década, tuvo conocimiento cabal del problema fue que no se hubiese dedicado ninguna película a exponer y denunciar la situación. Él llena en parte ese hueco con el documental Fire in the blood (Fuego en la sangre), que presentó la semana pasada en Valladolid en la sección Tiempo de Historia de la Seminci.

El filme ilustra la lucha de unos cuantos francotiradores que, en África y la India, se esforzaron durante años por acabar con el monopolio del Big Pharma. Por extraño que parezca, lo lograron, aunque el camino quedó sembrado de millones de cadáveres de infectados que no pudieron ser tratados por su falta de medios. Entre esos quijotes se encontraban Peter Mugyenyi, director del principal centro de tratamiento e investigación del sida en Uganda; el activista surafricano Zackie Achmat y, sobre todo, el investigador Yusuf Hamied, de la farmacéutica india Cipla, que se empeñó en una campaña a escala mundial para proporcionar antirretrovirales a precio de costo a los países más pobres y con más enfermos, así como para facilitarles la tecnología para producirlos in situ.

De golpe y porrazo, la plaga se controló. La mayoría de los afectados más graves resucitaron y pudieron hacer vida normal. David venció a Goliat, y superó los campos de minas plantadas por las multinacionales farmacéuticas, la incomprensión de la Organización Mundial de la Salud, la indiferencia de la UE y el rechazo activo de los Gobiernos de Estados Unidos y del resto de Occidente.

En el coloquio posterior al pase de Fire in the blood, Dylan Mohan Gray defendió lo obvio: que “el interés público debe imponerse sobre el de las grandes compañías farmacéuticas”, y que permitir que éstas se salgan con la suya, con la ética capitalista de obtener el máximo resultado con la mínima inversión, constituye un inaceptable “pacto con el diablo”. Con todo, su conclusión es pesimista: se ganó una batalla, pero se puede perder la guerra, si se hacen realidad los peores temores sobre el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica (TPP), cuya negociación, rodeada del máximo secretismo, podría concluir este año.

El TPP pretende liberalizar las economías de la región Asia-Pacífico y se firmó en 2005 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, países a los que ahora se sumarán Estados, Unidos, Japón, Canadá, Australia, Malaisia, México, Perú y Vietnam. En conjunto, suponen dos quintos de la economía y un tercio del comercio mundiales. Y aún cabe la posibilidad de que el tratado, que podría servir de modelo para otros en el futuro, se amplíe a la totalidad de los 21 países de la APEC. Junto al pacto similar que discuten EE UU y la UE, las partes interesadas sostienen que el TPP supondrá un impulso a la economía del planeta que ayudará a paliar el fracaso de la ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial.

Lo que temen Dylan Mohan Gray, y con él ONGs como Médicos Sin Fronteras (MSF), es que el TPP, en el caso concreto de sus estipulaciones para “defender la propiedad intelectual”, permita a las grandes empresas farmacéuticas mantener durante más tiempo el monopolio sobre la comercialización de nuevos medicamentos. O lo que es lo mismo, que se bloquee, con mayor dureza y por periodos más prolongados (hasta 25 años) la futura distribución de nuevos genéricos de bajo coste y de precio hasta centenares de veces inferior al de las marcas comerciales de Big Pharma. De esta forma, los tratamientos de, por ejemplo, diversos tipos de cánceres y del mismo sida, resultado de las investigaciones en curso y por venir, resultarían una vez más inaccesibles para gran parte de la población mundial, empezando, cómo no, por el África más pobre. MSF estima que, a menos que rectifique el rumbo de las negociaciones, “el TPP se convertirá en el tratado más dañino de todos los tiempos para el acceso a medicamentos en los países en desarrollo”.

En línea con lo defendido por numerosos activistas y organizaciones no gubernamentales, Dylan Mohan Gray propone una serie de medidas como que se prohíba que los propietarios de las patentes monopolicen el acceso a medicamentos que puedan salvar vidas, que se permita el libre acceso a la investigación realizada con fondos públicos y que los Gobiernos de EE UU y Occidente se comprometan a no ejercer presiones económicas ni amenazar con sanciones a los países en vías de desarrollo que pretendan facilitar el acceso a sus ciudadanos de medicinas esenciales. Un objetivo tal vez utópico, pero imprescindible si se quiere evitar otro crimen del siglo.