Un fantasma recorre España: la inhabilitación. Los ayuntamientos y comunidades del país, también varios despachos ministeriales, corren el riesgo de quedarse despoblados con la nueva ley de Transparencia y Buen Gobierno. Ya saben: se dará la patada a quien oculte y falsee datos o despilfarre el presupuesto.

Buen Gobierno. Mal Gobierno. La nueva ley se arroga la responsabilidad de delimitar si el karma de los políticos de este país se cuece o se enriquece. Si les pesa más el Yin o el Yang. De momento, ya se sabe que no acercarse a los objetivos de la deuda y el déficit que marca la Ley de Estabilidad te dejará el karma hecho unos zorros, en un paso más por criminalizar y amedrentar a los gestores públicos que tengan otras locas teorías económicas en la cabeza que no sean las de la austeridad y el sufrimiento. Es sabido: eso que llaman el equilibrio presupuestario tiene preferencia sobre medidas contracíclicas o pagar mejores servicios sanitarios o educativos.

Ese gol al keynesianismo y al resto de teorías está marcado (pueden los neoliberales correr a bañarse desnudos en La Cibeles, Neptuno o cualquier otra fuente dónde se celebren las victorias ideológicas), pero la ley recoge otros supuestos positivos, como la transparencia en la información de las administraciones o la guillotina política para quien falsee o despilfarre de verdad.

Porque despilfarrar sí que está mal. Y puestos a fantasear, desearía uno saber si los gestores que hacen aeropuertos de 150 millones de euros, sin aviones pero con estatuas autohomenaje de 300.000 euros, quedarían inhabilitados (seguimos sin entender nada, señor Carlos Fabra). O si es mal gobierno ser alcalde de una ciudad, hipotéticamente Madrid, que tiene la misma deuda que el resto de capitales de provincia juntas sólo por enterrar una carretera. Sería bueno saberlo, porque hace unos meses ser alcalde faraón significaba para Rajoy ser merecedor de un Ministerio de Justicia. O también: ¿es buen gobierno gastarse 4.200 euros (más IVA, claro) en un cutre vídeo de ciencia ficción para vender la reforma laboral en periodo electoral? Como la ley no tendrá efectos retroactivos, la ministra de Trabajo se ha salvado por los pelos.

El anteproyecto de ley también habla de castigar a quien asuma compromisos sin presupuestar. Podría haberse redactado para "quien asuma compromisos que luego no se cumplan". Por ejemplo, en el caso insospechado de que un político prometiese no subir impuestos en campaña y los suba o que jurase no abaratar el despido y lo abarate a los 100 días.

Qué difícil es saber si algo es mal o buen Gobierno, ¿verdad? Pero si la ley contemplase los baremos que hemos citado, las poltronas políticas se iban a quedar vacías con tanta gente dejando su puesto. Todo lo contrario que las consejerías de las grandes empresas, como Telefónica o Endesa, que de colapsadas iban a parecer el metro.