Entre leones

El derecho constitucional a la objeción

Fachada del edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). -Jesús Hellín / Europa Press
Fachada del edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). -Jesús Hellín / Europa Press

Hace unos años, escribí un artículo titulado Cuando éramos pobres, a propósito de una fotografía mía a medio vestir de torerillo. Detrás de mis apenas cuatro años, el Seita de mi padre, mal aparcado, y la fachada de la casa familiar, desconchada como si hubiera recibido una cornada con doble trayectoria. Si el destino nos hubiera llevado a Australia, como tenía decidido mi padre hasta que se arrepintió, a lo mejor hubiéramos estado hablando de un niño vestido con traje Bushwear, émulo de cowboy. Y posiblemente de una granja polvorienta y un canguro como escenario de fondo.

Con los años, esa infancia taurina se desvaneció, y me adentré con apenas 12 en el mundo de los niños obreros. Corría el año 1974, Franco y su régimen estaban en las últimas, y me fui con Diego Rivas Cañamaque (mi hijo Juanjo y su hija Cristina forman hoy una pareja muy linda) en una bicicleta enorme, con una barra delantera que servía para acomodar al paquete, al campo de golf de Sotogrande -el Real Club de Golf de Sotogrande en la actualidad-. Pretendíamos salir de caddie pese a que las bolsas eran tan grandes como nosotros. Yo debuté el primer día, gracias a José Quirós, Lerele, el caddie-master -siempre nos tuvo simpatía a los estudiantes que aparecíamos por allí a ganarnos unas pesetas-, con un americano jubilado que jugaba con su señora, acompañada por Sergio, un caddie azul que se portó muy bien conmigo. Me pagaron 125 pesetas cuando la tarifa mínima después de cargar con la bolsa durante 18 hoyos (unos siete kilómetros) eran 100 pesetas.

Desde entonces, trabajé todos los veranos en oficios varios: caddie, facturista, camarero, picapedrero, salvavidas, muchacho para todo en los cursos de verano de San Roque... No me puedo quejar ni de la infancia ni de la juventud: siempre había tiempo para evadirse y aprendí de todo un poco. Por ejemplo, José Antonio Rueda, el encargado de Piano-pub Ana donde trabajé poco antes de irme a la Universidad a estudiar Periodismo, me enseñó a calar al personal a golpe de vista. Esas luces largas aún las conservo. En los cursos de verano de San Roque, donde coincidí con gente extraordinaria como Juanjo Téllez, Juan Gómez Macías y Elena Maestre, me dieron entre todos una manita de sabiduría que cubrió lo suficiente mi perfil de catetillo de pueblo como para dar el pego.

Mis primeras vacaciones propiamente dichas fueron en el verano de 1986, cuando trabajando ya en Diario de Cádiz como periodista, mi añorado José Manuel Otero Bada, redactor jefe de Provincias, me comunicó que en julio o agosto tenía que coger un mes de vacaciones. Tenía ‘veintipocos’ años y, de entrada, no me lo creí. Es que no me lo podía creer. ¿Un mes entero para hacer lo que quisiera? Imposible.

Desde entonces, hasta los 60 años que visto y calzo en los días que corren, creo que, sin entrar en detalles, he sido un buen ciudadano: cumplidor, respetuoso con la ley, decente, solidario, peleón en aras de la verdad... La única vez que he objetado fue cuando murió en un accidente el cura Paco Sánchez, profesor de Religión en el instituto José Cadalso de San Roque, y me pasé en legítima defensa -lo iban a sustituir dos hermanos anclados en Trento- a Ética, después de derramar un mal de lágrimas. Ya está.

Ni siquiera me hice objetor de conciencia para evitar la mili: se me pasaron los plazos y con 27 años, trabajando en el periódico de Cádiz y casado, me vi en Camposoto desfilando y bebiendo pacharán para ahogar las penas y los días.

Pero ahora, visto lo visto, me gustaría objetar. Es más, estoy convencido de que es necesario y urgente que la objeción sea un derecho ciudadano que se pueda ejercer en la Declaración de la Renta. Aunque sea un imposible fiscal. Ahora mismo, solo tiene uno la opción de darle una regalía a la Iglesia o no dársela, pero una nueva generación de derechos ciudadanos -mientras nos dure esta democracia amenazada por los cuatro costados- debería contemplar una cierta capacidad para decidir a dónde se destinan nuestros impuestos y a dónde no. Una declaración a la carta casi. Eso.

Lo digo porque me duele el corazón (y el alma) al saber que mis impuestos sirven también para sostener un sistema judicial tan vergonzoso, sustentado interinamente desde hace cuatro años por unos señores que no quieren cumplir con sus obligaciones constitucionales, amparado por un PP y un Gobierno incapaces de ponerse de acuerdo ni en esto ni en nada.

Esta falta de ejemplaridad, rayana en la desvergüenza y la felonía, hace que muchos ciudadanos en general nos sintamos cada vez más legitimados para exigir que ni un duro más para esta cuadrilla de caraduras con licencia para saltarse a la torera la Constitución española y echarse unas risas a nuestra costa en sede judicial.