El artículo 16.3 de la Constitución Española de 1978 dice que "ninguna confesión tendrá carácter estatal." Así que, me temo, España es inconstitucional. Aunque sobran los motivos para afirmar esto, resulta más evidente ahora que la Conferencia Episcopal ha sucumbido a una histeria de declaraciones, una especie de síndrome de Tourette mediático ciego de fe.

Hace unas semanas nos enterábamos de que la visita del Papa a Madrid en 2011 costará unos 50 millones de euros. Se trata de un viaje privado que Ratzinger realiza en calidad de líder de su Iglesia y no como jefe de Estado. Del coste total de la visita, nuestro Gobierno se ha comprometido a pagar la mitad, unos 25 millones de euros, alegando que se trata de un evento de "especial interés" (no dicen para quién). A cambio de la subvención pública para la excusión papal, la Conferencia Episcopal, por boca del omnipresente Rouco Varela, se comprometió a mantener un "perfil bajo en las críticas" contra el Gobierno. Esto, traducido al laico, quiere decir: "si nos dais dinero, dejamos de hacer campaña para la derecha". Lo más llamativo del hecho no es el afán usurero de la Conferencia Episcopal, sino la naturalidad con que se acepta a la Iglesia como un actor político más.

La semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó que los crucifijos en las escuelas constituyen una violación de la libertad religiosa. Como respuesta, el ministro Gabilondo declaró que deben ser los propios centros quienes decidan la simbología religiosa que colocan. ¿Por qué? ¿Qué ofrece la Iglesia a cambio esta vez? ¿Cuántos votos cuesta respetar la libertad religiosa en nuestro país? Y cuando aún no nos hemos repuesto de los crucifijos, Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la Conferencia Episcopal, amenaza con excomulgar a todo aquel que apoye la reforma de la ley del aborto. Porque, ya se sabe, la democracia también puede ser pecaminosa.

En España, la separación entre Estado e Iglesia es todavía un ideal lejano. La Iglesia Católica es el lobby más poderoso de nuestro país, capaz de montar manifestaciones multitudinarias, capaz de levantar debates sociales y enterrarlos, capaz de condicionar políticas sociales, educacionales y fiscales. ¿Quién necesita adaptarse a los tiempos cuando se tiene dinero y poder?

El Diccionario de la RAE define alzacuellos como una "tira de tela endurecida que, ceñida al cuello, obliga a llevarlo erguido". Que la tela, pues, maquille el pecado capital de la soberbia.