Mariano Rajoy se reúne con sus barones para defender la misma Constitución contra la que atenta con leyes como la de inseguridad ciudadana, la ley mordaza, la prima hermana de la del enjuiciamiento criminal. No quiere que le hagan fracking de ningún tipo a la Carta Magna, aunque él mande hacerlo en media España a cambio de querer pagarle ahora un peaje a las comunidades autónomas más cercanas, con tal de comprar su silencio.

No acepta prospecciones a la búsqueda de mayor democracia en los viejos yacimientos de 1978. Pero aceptará reformas, sin duda, como la que le propuso el PSOE con estivalidad y alevosía durante el triste verano de 2011 cuando ambas formaciones sacaron a flote el célebre artículo 135 que consagró el dogma de la sagrada contención del déficit: ora pro nobis, pueblo afligido por una Constitución cuyos aspectos más progresistas son recurridos por inconstitucionales en cuanto se desarrollan y no hay límites aparentes para los más conservadores.

Si el artículo 35 –Derecho al Trabajo—no funciona adecuadamente, tal y como demuestra fehacientemente nuestro desempleo, ¿no cabe reformarlo para aproximarlo a la realidad o para adecuar la realidad a dicho derecho? Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Lo reformamos o lo cumplimos? Si imponemos la interpretación social de este y de otros epígrafes, tal y como pretendió la Junta de Andalucía, el Gobierno central lo impugna ante el Constitucional y a esperar que las ranas críen pelo. La Constitución protege supuestamente la libertad sindical pero el Gobierno acaba de aprobar una norma que se carga a los piquetes informativos y no sólo a los radicales.

La Ley Mordaza no sólo nos calla a golpes de talonarios de multas sino que el pío ministro Jorge Fernández pone la ininteligible voz de Manuel Fraga Iribarne para explicar lo adecuado que resulta legalizar las devoluciones en caliente a los inmigrantes y que la Europa de los remotos y cómodos despachos se meta por donde le quepa las cuchillas de las fronteras de Melilla y de Ceuta. Así diga misa el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, quien ha dejado claro a España que este procedimiento contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. Debía referirse a él cuando dijo que "si desde despachos del norte de Europa que no tienen este problema y dan lecciones de humanitarismo", le diesen una dirección en la que se comprometiesen a dar trabajo y mantener a "esa pobre gente", se los enviaría. Sin duda, por correo a porte debido. En lugar de responderle hágase en mí según tu palabra, de sacar asu perra Lolita a pasear o pasarse por el hemiciclo para dar explicaciones, el titular de Gobernación se fue a Antena 3, para decir que no acepta "lecciones de humanitarismo" por parte de nadie y que "nosotros tenemos la capacidad de acogida que tenemos". También tenemos la capacidad de aguante que tenemos y es demasiado grande como para que encima nos cobren por protestar: "Durante la dictadura nos encarcelaban por rebelarnos. Ahora nos arruinarán de por vida", protestaba razonablemente Andrés Vázquez de Sola, un viejo fugitivo del franquismo.

Si esta Constitución fue capaz de legalizar la Ley Corcuera, la de la patada en la puerta o que un Gobierno, el de José María Aznar, nos metiera en una guerra como la de Irak por decisión unilateral de los suyos, ¿cómo no va a permitir que nuestros actuales gobernantes saquen adelante una norma que penaliza con sanciones superiores a 600 euros a quienes intenten impedir un desahucio, haciendo valer el derecho constitucional a la vivienda frente a los intereses abusivos de los bancos y de nuestra Ley Hipotecaria? Si alguien entra en un banco para cantarle las cuarenta como han hecho en Andalucía activistas flamencos, les puede caer la grande. Si son los bancos quienes entran en nuestro techo para despojarnos de él, la ley estará de su parte.

La democracia va a ponerse muy cara y no tenemos plataformas para extraer más libertades del subsuelo sino restricciones para quienes pretendan ejercer sus derechos. El de manifestarse, de forma y manera que no sea aceptado por la policía, costará de 600 a 30.000 euros. Si ya no hacemos huelga porque van a quitarnos un día de paga, ¿quién se va a atrever a poner un pie en la calle o en las cercanías del Congreso si puede terminar siendo perseguido a la vez por los antidisturbios, por el hombre del frac y por la agencia tributaria?

Prohibido perder demasiado el DNI o el pasaporte, ¿ni aún llevando encima el padrón o el libro de familia de tus padres?. Prohibido negarse a identificarnos ante la autoridad competente, que al paso que vamos puede ser un segurata: hasta seis horas de calabozo y al registro de sospechosos habituales. Prohibido fotografiar o grabar a los policías que nos disuelvan a pesar del artículo 20 de la Constitución y de que ellos puedan grabarnos o fotografiarnos a nosotros: total, así mientras tanto no nos zurran. Sobre los periodistas y medios de comunicación también rige la posibilidad de multas de hasta 30.000 euros por "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

Alterar un acto religioso puede sancionarse con hasta 30.000 euros, pero no hay sanción alguna en el caso de que un acto religioso nos altere: se trata, sin duda, de hacer valer de nuevo el párrafo 3 del artículo 16 en el que se declara la aconfesionalidad del Estado español, lo que también se deja sentir llamativamente en el casillero de la declaración del IRPF.

A los seguidores del excelente grupo Glass puede salirle por un ojo de la cara volver a poner una pegatina suya en el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz: 100 euros por lo menos. A Paul Eluard le podía salir por mucho más escribir tu nombre por las paredes de la ciudad. Y no hablemos de pancartas en la escalinata de un Ayuntamiento.
La Constitución probablemente no pueda hacer mucho contra este Ley que penaliza los escraches pero no se pronuncia sobre las estafas de las preferentes. Ni podrá hacer demasiado contra una ley que contradice flagrantemente uno de sus artículos fundamentales, el 21, que reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa y que tan sólo •en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". Ahora, si más de veinticinco personas se reúnen para protestar sin haberlo comunicado a la autoridad competente, se les imputará falta leve y ocurrirá lo mismo si colocan una mesa en la vía pública para recoger firmas o para hacer una cuestión a favor de la preservación de las costumbres de los bonobos. Adiós a las alegres acampadas en la Puerta del Sol o si lucen caretas o pancartas que denigren a las autoridades. Y todo ello sin hablar de desórdenes públicos y otras zarandajas.

España debe estar ardiendo de insurgencia para que sea necesaria una ley policíaca de este calibre y una Constitución que sirve como un reglamento obsoleto para un deporte que ya no se practica, el del supuesto consenso y diálogo que inspiraron su promulgación.

Puede reformarse, opinaba Rajoy ante sus barones. Pero según y cómo: fin de la ley sálica, es probable; pero no del blindaje a la familia real. Federalismo, quizá pero si el PSOE se aclara aunque el PP pretenda en realidad devolvernos a un Estado previo al de las autonomías. ¿Listas abiertas? Peligro. ¿Reforma de la Ley Electoral que acabe con el bipartidismo o el privilegio en las urnas o en el sistema financiero de ciertas comunidades sobre otras? ¿Control del Gobierno central para que no estrangule a las autonomías adversas? ¿Reforma del Senado con representación igualitaria de todas las regiones? La Constitución debe defendernos pero la nuestra defiende al poder constituido. ¿Para qué vamos a meternos en nada? Es probable que Mariano Rajoy saliera ayer de Segovia intercambiando impresiones con Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, sobre el problema que verdaderamente acucia a los españoles, la obesidad de los niños madrileños. Lo mismo los devuelven en caliente a McDonalds, para evitar que la desnutrición les estropee las estadísticas que hacen que el presidente pregone que la crisis ha terminado y que estas navidades van a ser como las de Frank Capra. Qué bello es vivir. Con los ojos cerrados.