Preocupadísimos por el caótico estado de la Justicia –algo muy reciente, porque, de lo contrario, los concienciados jueces de este país se hubieran plantado mucho tiempo atrás en beneficio de la ciudadanía–, el cuerpo de ilustrísimas ha decidido exigir al Gobierno más medios y, de paso, una subida de sueldo adicional al 5 % previsto, porque ya se sabe que con pan y vino se anda mejor el camino, sobre todo si el vino es de reserva. Para conseguirlo, han convocado una huelga en junio, con un ensayo previo en febrero y, de paso, han encendido el debate sobre si les asiste o no este derecho.

"¿Contra quién? ¿Contra sí mismos como parte del Estado, de uno de cuyos poderes (el jurisdiccional) son titulares?", se preguntaba El País en su editorial. "Más que una huelga, que la Constitución reconoce a ‘los trabajadores en defensa de sus intereses’, se trataría de un cierre patronal". En Punto Radio, Belloch, que fue juez antes que ministro bicéfalo y alcalde, apostillaba ayer que la ausencia de una mención expresa en la Constitución no avala el derecho a la huelga de sus colegas: "Tampoco la Constitución dice que el Rey no pueda dejar de firmar leyes", sostenía, como dando ideas.

De la defensa de los togados se encargó a destajo Isabel Durán, sacrificando, incluso, sus merecidas horas de descanso. De madrugada, en 'La Espuela' de Intereconomía, avanzó como axioma que "lo que no está prohibido, puede realizarse". A primera hora, en 'La mirada crítica' de Telecinco, remató la faena: "Calificar de traición una huelga de jueces me parece rocambolesco. Este Gobierno tendría que hacer algo", afirmó, tan despierta como siempre.

Pero el asunto tiene su miga. Ni Martín Ferrand en ABC era capaz de superar el no pero sí, sino todo lo contrario: "No es la huelga el camino que les corresponde, ni en el fondo ni en la forma (...); pero, ¿hay algún otro camino que conduzca a que este Gobierno entre en razones?". Pues sí. Acostumbrado a desvelar enigmas, El Mundo cuadraba el círculo, animando a que fueran los ciudadanos y no los jueces quienes se movilizaran "para exigir un correcto funcionamiento de la Justicia".

Tirado o la conspiración

¿"Los de las puñetas están molestos por el trato recibido por Tirado [el juez del caso Mariluz]", como señala el liberal-católico Juan Morote en Libertad Digital, o hay una conspiración corporativa de jueces, pilotos y controladores para dañar al PSOE, como sugiere Enric Sopena en El Plural? "Qui prodest? ¿A quién beneficia la estrategia de los corporativistas? La respuesta es fácil. Benefician a la derecha", afirma el cancerbero de Moncloa. Acabáramos.