Opinion · Mundo Rural s.XXI

Cuestión de dignidad: Regular el precio mínimo garantizado para los productos agrarios y ganaderos

Irene de Miguel. Candidata de Podemos a la Junta de Extremadura (@Irenirima).

Fernando Fernández. Candidato al Congreso de Podemos por Palencia (@FFernandezSuch).

El artículo 130 de la Constitución dice “Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. Desde Unidas Podemos sabemos que el futuro de los agricultores y las agricultoras, y de la viabilidad de sus explotaciones se juega en los mercados y en el precio que reciben por sus producciones.  Por ello, y para garantizar que la Constitución se cumple también para el sector agrario y ganadero, hemos incluido en nuestro programa electoral una serie de medidas esenciales para que la cadena alimentaria funcione con transparencia y justicia entre las cuales, queremos destacar la regulación por ley de un precio mínimo que cubra los costes de producción.

El pasado domingo 7 de abril los productores y productoras de cítricos, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de todas las zonas productoras de nuestro país, han vuelto a manifestarse en las calles de Valencia. A punto de finalizar esta campaña ruinosa, la diferencia entre el precio de origen pagado a los productores y el que pagan a los consumidores se incrementa en un 914% en el caso de los limones, un 914% para las naranjas, y el 528% para las mandarinas[1]. El problema no es solo el descabellado diferencial de precios, sino que los precios que reciben los productores y productoras no cubren los costes de producción. Todos sabemos que este hecho no ha sido exclusivo de la campaña de cítricos, sino que lo estamos viviendo con el aceite de oliva, la remolacha azucarera, y lo hemos vivido con la cereza,  la leche, la carne de cordero, la fruta de hueso y prácticamente con todas las producciones agrarias y ganaderas. Es imposible que un sector productivo pueda sobrevivir en estas condiciones.

La cadena agroalimentaria debe funcionar de manera justa y transparente y no lo está haciendo si el sector productor no logra poder vivir de su trabajo. Para ello, hay que acabar con el abuso de posición de dominio de ciertos eslabones de la cadena, repartir el va­lor creado de manera justa y equilibrada entre todos los ope­radores, dar seguridad jurídica a las operaciones, asegurar unos precios rentables para los producto­res, y unos precios asequibles para los consumidores de manera que se incentive una alimentación saludable.

La Ley 12/2013 de 3 de agosto de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria fue una ley pionera y un buen marco de trabajo, pero al poco tiempo se comprobó que era insuficiente. Muchas cuestiones se dejaron fuera y cuestiones que se dejaron apuntadas como la “venta a pérdidas” han sido difíciles de perseguir.  Después de una legislatura, el conjunto del sector productor sabe que puede contar con Unidas Podemos para avanzar en todas las iniciativas que impliquen una regulación justa de los mercados agrarios. Hemos estado ahí con los productores de cereza, de fruta de hueso, de leche, con los apicultores, o con los citricultores, y con los productores de azafrán. Pero ahora queremos llevar todo esto a una reforma más ambiciosa de la cadena alimentaria.

Sabemos que encontraremos dificultades con la Ley de Competencia y con la forma en la que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia interpreta las normas. Sin embargo, es posible avanzar y sabemos cómo hacerlo. La Unión Europea en su Tratado de Funcionamiento recoge una serie de normas que hablan de la posibilidad de excepcionar el derecho de competencia para el sector agrario y abre la posibilidad a pactar los precios de compra o venta, bien directa o indirectamente, y siempre que sirvan para mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico. En este marco europeo debemos movernos para avanzar.

Tenemos un antecedente como siempre en nuestro vecino francés. En el mes de octubre de 2018, la Asamblea Nacional Francesa aprobó la “Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrario y alimentario y para una alimentación sana y sostenible”[2] Esta ley introduce un mecanismo para establecer precios de referencia por parte de las Organizaciones Interprofesionales, de manera que cubran los costes de producción más un 10% como mínimo de remuneración de la renta agraria. Nosotros llevaremos esta reforma a nuestra Ley de la Cadena Alimentaria.

Pero además de esta medida, es necesario introducir otras modificaciones igual de importantes. Queremos prohibir por ley la “Destrucción del valor de la cadena alimentaria” entre todos y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Lo que se pretende abordar es la destrucción de valor que se produce en las relaciones comerciales entre los operadores de cada uno de los eslabones (productores -comerciantes en origen – industria de transformación – comerciantes mayoristas -comerciantes minoristas.)

Igual de importante es la necesidad de introducir por ley los márgenes comerciales máximos entre un eslabón y el anterior de la cadena de manera que garanticen la justa distribución del precio.  Estos márgenes se definirán por las Interprofesionales.

Nos parece además imprescindible incorporar de nuevo la prohibición de la “venta a pérdidas” en la ley de la cadena alimentaria, y la capacidad de la AICA para investigar los casos que afecten a más de una CCAA y para coordinarse mejor con las administraciones autonómicas y endurecer las sanciones por las infracciones de venta a perdidas.

Tenemos que extender de manera eficaz la obligación de los contratos por escrito en las operaciones comerciales agrarias, para atajar de una vez por todas la venta a resultas que tanto daño hace a sectores como las frutas y hortalizas, o los cereales.  Por último, es imprescindible que las organizaciones que agrupan a productores y productoras, sean consideradas como titulares de los intereses legítimos que representan y puedan tener un protagonismo e información real de las denuncias y los procedimientos de sanción.

Sabemos que serán muchos los obstáculos para lograr poner en marcha estas reformas, y somos conscientes por dónde pueden venir las dificultades. Sin embargo, tenemos clara la intención de la medida y su necesidad. Abriremos los espacios de diálogo y acuerdo que sean necesarios con todos los eslabones de la cadena, confiados que el conjunto del sector agroalimentario se verá beneficiado de  una mayor transparencia y justicia.

[1] Índice de Precios Origen y Destino de productos agrarios. Marzo 2019. http://coag.coag.org/post/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos-122677

[2] Para conocer algo más de la ley aprobada leer, http://www.qcom.es/Francia-siempre-por-delante