El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó un paso más en el feroz bloqueo que impone a Venezuela, firmando este 19 de marzo un decreto que prohíbe "todo tipo de transacciones por un estadounidense o en Estados Unidos en cualquier moneda digital que haya sido emitida por o en nombre del Gobierno de Venezuela", reduciendo las alternativas que el Gobierno venezolano estaba ideando para poder atender las necesidades de la población.

El Gobierno norteamericano ha venido promoviendo un criminal bloqueo financiero y económico a Venezuela (como parte de su estrategia para instalar un Gobierno dócil en ese país) limitando su posibilidad de hacer pagos a proveedores (incluyendo aquellos de alimentos y medicinas), ejecutar transacciones y cumplir a tiempo con sus obligaciones financieras en general. El cerco se ha venido recrudeciendo exponencialmente desde el 2017, limitándose notablemente la capacidad del Estado de importar medicinas y alimentos, con evidentes repercusiones en el bienestar de la población.

Lamentablemente, el Gobierno de España, lejos de ayudar a frenar este acoso ilegal a un país hermano, "ha liderado", en palabras del propio ministro de Asuntos Exteriores, "las sanciones" a Venezuela en el marco de la Unión Europea, manipulando cínicamente el discurso de los derechos humanos para favorecer la estrategia intervencionista fraguada desde Washington, en paralelo apoyando a los sectores más violentos de la oposición venezolana y, además, desconociendo las elecciones en Venezuela, incluso los próximos comicios presidenciales de mayo (para los cuales el Poder Electoral venezolano está invitando hasta a  la ONU a coordinar una delegación de observación internacional).

Pero las acciones del Gobierno español contra Venezuela están yendo todavía más allá. La semana del 12 al 16 de marzo estuvieron en Colombia el titular de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, Fernando García-Casas; y el comisario europeo de Acción Humanitaria, Cristos Stylianides y el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, David Beasley, denunciando la supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Estas declaraciones contradicen lo dicho por el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU, Alfred de Zayas, que a diferencia de Beasley, García Casas y Stylianides sí han estado en Venezuela recientemente.

El experto de la ONU señaló públicamente que aunque "había zozobra y desabastecimiento" en el país, "quien haya trabajado por décadas para Naciones Unidas y conoce la situación de países de Asia, de África y algunos de América, sabe que la situación de Venezuela no es una crisis humanitaria". Añadió que "Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero". Y consideró que la comunidad internacional debía trabajar para levantar las sanciones: "porque son éstas las que empeoran el desabastecimiento de alimentos y medicinas".

En este marco, llama la atención que Beasley había estado en España el 7 de marzo en reuniones con el ministro español Alfonso Dastis, y en eventos con García Casas en los que ya había lanzado la "fake news" sobre la supuesta emergencia humanitaria en Venezuela. Aún más curioso es que García-Casas ya había anunciado el citado viaje a la frontera colombiano-venezolana y su propósito en una comparecencia hace casi un mes (19 de febrero) ante la Comisión de Cooperación del Senado, detallando que el Gobierno español tiene "un equipo que, en caso de haber un problema en la frontera venezolano-colombiana, podrá unirse a una operación interagencial".

Considerando además las recientes visitas a Colombia del ex secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson y  del jefe del Comando Sur, Kur Tidd, está claro que el Gobierno español conoce en detalle el plan de bloqueo e intervención que está desarrollando Washington en Venezuela y "los problemas" que este puede generar. Y su papel no es sólo "seguir insistiendo en el seno de la UE en apretar al régimen venezolano" –palabras de Dastis—, sino preparar el terreno para una intervención humanitaria, tanto inyectando recursos financieros a organizaciones en Colombia (Dastis se vanaglorió en el Congreso de "haber canalizado" más de 1 millón y medio de euros), como pregonando que los que emigran a consecuencia del bloqueo, en realidad son víctimas del Gobierno de Nicolás Maduro. Así el Gobierno de Mariano Rajoy no escatima es instrumentalizar expresiones como "crisis humanitaria", "refugiados" y las que hagan falta para promover la idea de una crisis que facilite una intervención en Venezuela. La pregunta es cuándo, ¿antes o después de las elecciones de mayo?