Estos días he estado en Brasil respondiendo, como Senador en Cortes, a la llamada de solidaridad lanzada por el Movimiento Rural de Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Partido de los Trabajadores (PT), una llamada en apoyo a Lula da Silva y a toda la izquierda brasileña. Hemos acudido a esta convocatoria inmediata una primera delegación formada por Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), el prestigioso teólogo Leonardo Boff, la diputada de la CUP Natalia Sanchez y yo.

Lo que está pasando en Brasil es un nuevo golpe de Estado, al estilo y forma del siglo XXI. Aunque el Ejército ya avisó que si Lula era puesto en libertad tomarían medidas, no se ha dado de momento una sublevación militar. Los despachos y juzgados, con la separación de poderes atacada en su mismo centro, van laminando lentamente y de manera implacable la democracia.

Lula ha sido acusado de corrupción. No hay problema en investigar a un ex presidente, al contrario. En la izquierda además hemos de ser exquisitos con la ejemplaridad de nuestros referentes y seremos siempre los primeros interesados en conocer la verdad de cualquier acusación bien fundamentada. El problema es cuando no se cumplen las salvaguardas mínimas, un adecuado derecho a la defensa y cuando, poco a poco, lo que va emergiendo de la denuncia es la falta de pruebas objetivas que la sustenten o un proceso judicial sin garantías.

La decisión del juez Moro de encarcelar a Lula da Silva en una segunda instancia de un proceso judicial todavía inacabado nos genera una enorme inquietud acerca de la separación efectiva de poderes en Brasil. Sobre todo porque la utilización del poder judicial para criminalizar la política, desde el interés del poder ejecutivo del Estado, no es nuevo en Brasil. Tampoco lo es en la América del Sur del siglo XXI. Una maniobra judicial muy similar se orquestó contra la presidenta Dilma Rousseff mediante el impeachment de 2016 y parece que toma su directa continuidad en este proceso abierto contra Lula.

En el contexto del Brasil de Temer, sabiendo por tanto cómo ha sido su acceso al poder y las políticas puestas en marcha a continuación, la conclusión de que Lula ha sido encarcelado para que no se pueda presentar a las elecciones a la Presidencia del país en octubre, cuando precisamente él está encabezando las encuestas de intención de voto, es una conclusión a la que se llega con cierta facilidad.

Nos preocupa la situación jurídica y la imagen de la misma que se está dando de Brasil en el mundo. Es imprescindible que, en un Estado que se dice como mínimo Social y de Derecho, una persona tenga la oportunidad de defenderse de las acusaciones que se realicen en su contra antes de tomar una medida tan dura como es la encarcelación. La separación de poderes y la imparcialidad de los jueces quedan tocados y en evidencia en Brasil.  Las consecuencias de una frustración generalizada entre gran parte de la ciudadanía, que ve de esta manera hurtado su derecho a elegir, resulta también de una extrema gravedad.

Y es que la participación orquestada entre los poderes económicos de las fuertes oligarquías brasileñas, la derecha política brasileña y la poderosa empresa de comunicación Globo, están impidiendo que la izquierda trabajadora, representada en el PT y en Lula como candidato, no puedan presentarse a las elecciones con unas mínimas garantías democráticas.

Es necesario que en Brasil se defiendan las libertades democráticas, los derechos políticos y las elecciones libres. Que se defiendan los derechos sociales y la soberanía de los pueblos ante los intereses particulares de las grandes multinacionales y las oligarquías económicas. Hace tan solo unas semanas el mundo quedó conmocionado ante el asesinato de Marielle Franco, una luchadora contra los excesos policiales, la desigualdad de género y el racismo en su país, una figura ejemplar, concejala en Río de Janeiro y de una indudable proyección para la izquierda, cuya vida fue segada brutalmente.

No podemos permitir como demócratas ahora que Lula, una figura política que durante su presidencia impulsó políticas que lograron sacar a 38 millones de personas de la pobreza, que ha permitido que las mayorías sociales y trabajadoras brasileñas puedan acceder a la universidad y la educación pública, a la sanidad, al acceso a la vivienda, a unas condiciones laborales dignas... se encuentre en prisión en un proceso con tantas fallas. Menos aún cuando todo indica que lo está para mantener a una derecha corrupta, representada por Temer, con ventaja ante la próxima cita electoral en Brasil. Por Sudamérica y por la democracia, por la ciudadanía brasileña y su futuro, desde el compromiso que ha hecho que algunos viajemos a Brasil para traer la solidaridad de tantos, no podemos permitir este atropello a los derechos y libertades.