Otras miradas

Un buen verano… ¿seguro?

Elena Sevillano

Diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid

A estas alturas ya puede decirse que, afortunadamente, hemos tenido un buen verano. Al menos en lo que se refiere al número de incendios forestales declarados en la Comunidad de Madrid.

Probablemente esta circunstancia haya contribuido a que pasara desapercibido -al menos en los medios- el conflicto laboral que ha llevado a los "Bomberos forestales privatizados" de nuestra comunidad a mantener una huelga durante todo el periodo estival (que aún continúa a día de hoy) y que les llevó también a concentrarse frente a la Asamblea de Madrid en la última sesión plenaria para hacer oír sus reivindicaciones.

En nuestra región los incendios forestales se afrontan con un modelo de intervención mixto público-privado que puso en marcha el Partido Popular ya en la época del hoy investigado Gallardón. Un modelo que el PP defiende contra viento y marea, llegando a calificarlo como "incuestionable" en un arrebato poco democrático de su portavoz en la última comisión.

En el tercio privado es donde trabajan estos bomberos que están en huelga. En este caso contratados por dos empresas: Mantenimiento de infraestructuras (MATINSA)-FCC Industrial e Ingeniería forestal (INFOSA).

Estos profesionales no se sienten reconocidos y es innegable que sus condiciones laborales son peores que las del personal público junto al que prestan este servicio tan esencial y peligroso.

El propio Director General de Emergencias -responsable del servicio- nos explicaba recientemente que se plantean sugerencias de mejoras no vinculantes, mientras hace especial hincapié en que eso es lo máximo que pueden conseguir, puesto que las relaciones laborales no están en su mano al depender de las empresas adjudicatarias. En Podemos creemos que es justo ahí donde está el problema.

Ni las condiciones laborales ni otras muchas cuestiones -que inciden en la calidad de un servicio de emergencias tremendamente delicado del que depende la protección de nuestra riqueza natural y nuestra propia seguridad- están en manos del Gobierno, lo que provoca (entre otras muchas consecuencias) que el problema de este colectivo se torne irresoluble.

Por mucho que le moleste al Partido Popular, para nosotros resulta fundamental cuestionar si queremos aceptar o no estas consecuencias. Si servicios especialmente sensibles, como los de seguridad y emergencias, deben ser o no privatizados.

La Policía o el Ejercito no son privados en nuestro país, mientras que sí lo son en otros lugares donde las opciones más neoliberales han ganado el debate. Sin embargo, ya no nos cuestionamos si la privatización es positiva en otros servicios esenciales. Sencillamente llevamos 23 años en los que el PP nos ha acostumbrado, privatizando cada rincón poco a poco con la técnica de cocer la rana a fuego lento.

En Podemos pensamos que hay que preguntarse si es bueno para la mayoría y para los servicios públicos un modelo de gestión que precariza el trabajo, que discrimina a sectores del personal, que se ha demostrado más caro y que añade, cuanto menos, serias dificultades de coordinación.

El Partido Popular en su defensa ya no repite el mantra de lo más barato. Hace tiempo que esa mentira se hizo insostenible. Sin embargo, se sigue agarrando una y otra vez a los datos de un "buen verano" como si no contara ningún otro factor, dando muestras de una amnesia significativa cuando le recordamos que se trata del mismo modelo de gestión que había cuando se produjo el incendio más extenso de la historia del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (Valdemaqueda 2012) con sus devastadoras consecuencias.

Creemos que hay que poner encima de la mesa cuestiones muy sencillas que olvidamos cuando asumimos las privatizaciones masivas del Partido Popular. Cosas como que las empresas privadas (cuyo fin legítimo es la obtención de beneficios) cuando prestan servicios públicos que no los producen de forma directa los obtienen por otras dos vías: o bajando costes en salarios, formación, material, seguridad, etc.; o ilegalmente, a base de sobrecostes, uso de información privilegiada o reparto de mordidas como ha ocurrido en casos como Gürtell, Púnica o Lezo. Una opción u otra han dependido en demasiadas ocasiones de cuántos amigos tenías en el Gobierno.

En el caso del que hablamos llegué a apostar con meses de antelación -quedando para la posteridad en el diario de sesiones- que las citadas empresas ganarían los concursos. Lamentablemente la precisión no era difícil, porque estas empresas tienen una dilatadísima experiencia trabajando para el Cuerpo de Bomberos. Lo que representa una importante ventaja en el conocimiento de unos procesos tremendamente especializados. Si además tenemos en cuenta que para que el Gobierno obtenga fondos para el desarrollo rural de la UE (FEADER) las empresas que trabajen para la Comunidad de Madrid tienen que tener una certificación que otorga la propia Comunidad, sólo falta saber sumar dos más dos para comprender que, simplemente, no tenían competencia real.

Considerando estas circunstancias parece lógico y apropiado preguntarse si el servicio de extinción de incendios forestales debiera ser, si no prestado directamente, como mínimo ejercido por una empresa pública.

El Partido Popular nos dice una y otra vez que sufrimos de "privatofobia". Sin embargo, los problemas de la ciudadanía (incluidos también los de las compañías que no disfrutan del favor del PP) no son las empresas privadas por definición,  sino el cortijo que se ha montado con algunas de ellas durante todos estos años alrededor del Partido Popular. Sin importar si era bueno o no para la calidad del servicio público, si era bueno o no para las arcas que llenamos entre todos, y mucho menos si era bueno o no para las y los trabajadores.

Estos bomberos forestales obtendrán como máximo algunos parches con su lucha y su huelga, pero no dejaran de ser discriminados mientras no cambie el modelo de gestión que regula su actividad en nuestra región. Desde Podemos seguiremos cuestionando esta forma de gestionar los servicios esenciales, porque no se trata de nuestra supuesta privatofobia, sino de la insana "privatofilia" de amiguetes del Partido Popular.

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