Esta crisis, incomparable con ninguna anterior, ha provocado ya, en primer lugar, un elevadísimo coste en número de vidas en España y en todo el mundo, en personas infectadas por la pandemia, una exigencia hasta niveles críticos de nuestro aún muy buen sistema nacional de salud y una puesta en evidencia hasta niveles dramáticos de nuestro sistema de servicios sociales y de atención a las personas mayores y/o dependientes.

En segundo lugar, una paralización masiva de la actividad productiva, con un fuerte impacto sobre la actividad económica, el consumo y el empleo, lo que tendrá efectos, sin duda sobre la recaudación fiscal, las cotizaciones a la Seguridad Social, el beneficio empresarial, etc.

Pero en esta situación, extraordinaria, de emergencia, los objetivos deben estar claros, en su definición y jerarquización: la salud; la prevención de riesgos; la seguridad individual y colectiva; el empleo y la actividad económica, junto con la protección asistencial, social y económica de las personas afectadas por la crisis.

No hablaré aquí de lo más esencial, la atención sanitaria y socio-sanitaria de nuestra población enferma y de riesgo. Cualquier reconocimiento que hagamos se queda corto ante el esfuerzo que se está desplegando. Cuando esto pase, debemos abordar en profundidad si los medios disponibles (humanos, materiales, tecnológicos,...) debieran haber sido otros y qué debemos hacer para que una situación así no vuelva a sorprendernos nunca más.

Dentro de la fase de confinamiento en la que nos mantenemos, según traslada constantemente el Gobierno, el retorno a la situación previa al 30 de marzo, con la reincorporación al trabajo de centenares de miles de trabajadoras y trabajadores en la construcción, sectores industriales, de servicios,... que vieron suspendida su actividad en las dos últimas semanas, es ahora un factor de inquietud que merece toda nuestra atención en los próximos días, para que esta se produzca con la adecuada provisión de equipos y medidas de protección individual, protocolos de seguridad en las empresas, en los desplazamientos, en la distancia social a mantener,etc.

Pero otro asunto que debemos abordar es la dimensión y capacidad de gestión de nuestras redes de protección social ante una situación como esta.

La voluntad del Gobierno, hasta hora con respaldo parlamentario, de aumentar los niveles de cobertura, ante los grandes y evidentes vacíos existentes en nuestra normativa, ha dado lugar a un refuerzo muy notable de los mecanismos de protección que deben dar cobertura, en semanas a más de 3,5 millones de personas afectadas por ERTES; más de 300.000 empleadas de hogar; una parte significativa de los 550.000 contratos temporales extinguidos en marzo; 870.000 autónomos que han solicitado ya una prestación al haber tenido que paralizar o visto reducida de forma intensa su actividad; un número muy importante, aun indeterminado de personas protegidas con prestaciones de incapacidad temporal por enfermedad, aislamiento, confinamiento, población de riesgo; cientos de miles de personas despedidas, muchas de ellas de forma injustificada, en un lamentable comportamiento durante los primeros días tras la declaración del Estado de Alarma, que parece se ha reducido muy notablemente a partir del último tercio de marzo con la aprobación entre otras muchas medidas, de las acordadas entre organizaciones sindicales y empresariales y propuestas al Gobierno, que han dado lugar a la regulación de ERTES, junto con ayudas económicas, de financiación, moratorias, aplazamientos, entre otras medidas de apoyo a empresas y trabajo autónomo. Deudores hipotecarios, inquilinos,... son otros colectivos que han visto reconocidas medidas de protección.

El esfuerzo ha sido importante, es innegable, pero aún quedan vacíos de cobertura muy notables. Más de un millón de personas desempleadas, cuya posibilidad de acceder a un empleo durante la crisis es una quimera, carecen de ingreso alguno, bien por haber agotado las prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo, bien por no poder acceder a ellas, pese a carecer de rentas alternativas.

Este colectivo, que constituye uno de los vacíos de cobertura más importantes de nuestro sistema de protección por desempleo, debe ser atendido de forma estructural. Para ello las organizaciones sindicales pusimos en marcha en 2015 una Iniciativa Legislativa Popular que garantizase una protección económica mínima a todas esas personas (en aquel momento 2,4 millones). 710.000 firmas permitieron franquear la entrada a su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Tras ser bloqueada en el Congreso por la mayoría que sustentaba al Gobierno anterior, hasta la moción de censura al Gobierno del PP, ha sido reactivada tras cada proceso electoral y debe ser tramitada de nuevo en la presente legislatura. Los partidos que la apoyaban tienen hoy mayoría en el Congreso, su responsabilidad es sacarla adelante y a ello les emplazaremos desde las organizaciones sindicales.

Pero en la actual situación de crisis, necesitamos algo más. Necesitamos una prestación de emergencia para que quien no puede acceder a empleo alguno y no cuenta con recursos, reciba una renta mínima durante el tiempo en que esta crisis impide que tengan ocasión alguna de trabajar. Así lo hemos planteado al Gobierno y ha recibido, dicen, una acogida favorable, pero sin concreción hasta la fecha.

Otro aspecto que debemos considerar es el plazo de concreción de las ayudas aprobadas. La capacidad de ejecutar todas estas nuevas prestaciones, al tiempo que se mantienen las preexistentes, de forma acompasada con la necesidad de las personas que se han quedado sin rentas.

Aquí aparece como elemento central la situación por la que atraviesa el SEPE y el sobreesfuerzo que se está demandando a este organismo y a los miles de personas que trabajan en el, como destinatario principal de los esfuerzos de gestión que se precisan.

Un organismo que ha perdido en los últimos años 3.000 efectivos hasta situarse por debajo de los 8.000 y que hoy debe afrontar esta situación aún con esta plantilla mermada, por los propios efectos de las situaciones de bajas por enfermedad y aislamiento derivadas de la pandemia, con un esfuerzo enorme y una exigencia altísima que está permitiendo multiplicar entre 3 y 4 veces el ritmo normal de reconocimiento de prestaciones, pero que aún así puede no ser suficiente. Se ha anunciado su refuerzo en 1.000 personas y es buena noticia, si la integración se produce rápidamente y con efectividad inmediata, lo que habitualmente no es fácil. El sobreesfuerzo de las personas que trabajan en el SEPE no puede ser la solución ante estas situaciones, sino una adecuada dotación de recursos humanos.

Un organismo que cuenta con sistemas informáticos y de gestión en los que se debió invertir hace mucho tiempo para modernizarlos y reforzarlos, lo que hoy es una evidencia que ha de abordarse de inmediato.

En fin, un organismo que ocupa una posición crítica, la de gestionar en tiempo record y con un volumen nunca visto antes, la tramitación de millones de prestaciones que, además, se incrementan en las sucesivas decisiones que se adoptan y que nosotros mismos hemos reclamado y seguimos haciéndolo para nuevos colectivos, como el mencionado de personas paradas sin ingresos, que aún no han sido protegidos.

En este marco, estamos trasladando al Gobierno, en contacto con los distintos ministerios concernidos, la necesidad de que se adopten distintas alternativas para, de un lado, aliviar la carga de trabajo que el SEPE tiene que abordar con los limitados medios descritos; por otra, para que las personas que deben ser protegidas, lo sean en el menor tiempo posible y, en cualquier caso, en tiempo útil a la necesidad que presentan en unas circunstancias agravadas por los efectos de la pandemia.

Hemos propuesto que otras entidades gestoras y organismos de la Seguridad Social, con independencia de que ahora estén en otro Ministerio, contribuyan a tramitar una parte de las prestaciones. Concretamente la nueva prestación para empleadas de hogar, puede tramitarse desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es, por otra parte, quien mejor conoce a este colectivo que desde 2011 (en el Acuerdo alcanzado ese año en el Diálogo Social, en materia de Seguridad Social) fue equiparado en su protección social con el resto de la población asalariada, salvo en materia de desempleo, cuyo compromiso de abordarlo posteriormente no se ha cumplido hasta la fecha. Con esa medida deberíamos evitar que la nueva prestación temporal que ahora se crea, con motivo de la crisis sanitaria, se perciba entre junio y julio de este año, lejos del momento de necesidad actual.

Lo mismo podemos decir de las prestaciones por cese de actividad en el trabajo autónomo, que hoy están reconociendo las Mutuas. Medida más que discutible en circunstancias normales, pero que en esta situación de emergencia debe tener utilidad si la gestión de estas prestaciones es rápida por su parte. Pero una parte de esas prestaciones, en ausencia de Mutua designada por la persona afiliada al RETA, recaen también en el SEPE. Debe articularse la vía para que desde el ámbito de actuación y control de la Seguridad Social, se preste el servicio íntegro de reconocimiento y pago de estas prestaciones.

Con esas medidas de apoyo, u otras que puedan convenir entre las distintas administraciones del Estado, debería conseguirse gestionar más rápidamente el conjunto de prestaciones y que las personas que las necesitan las reciban cuanto antes, evitando demoras innecesarias a las personas que han sido despedidas, han visto finalizados sus contratos temporales o, por citar una cuestión que se ha suscitado estos días, tengan que recibir una prestación complementaria por ERTE, a la que parece se está pagando inicialmente, con el límite de 1.098 €, cuando le corresponda una cuantía mayor por hijos a cargo.

Ser capaces de pagar las prestaciones en tiempo real según se vayan dando de alta en el SEPE, sería la opción más adecuada en este momento, aunque esto parece que es técnicamente inviable en el estado actual de las aplicaciones que utiliza el SEPE.

Alternativamente a lo anterior, debería considerarse que se pueda anticipar, aunque sea parcialmente, una vez reconocida la prestación por desempleo en cualquiera de sus modalidades, la misma o una parte de ella a las personas que lo precisen, para evitar que las personas sin ahorros u otras alternativas tengan que transitar al menos 45 días sin ingreso alguno, bien mediante un pago directo de la Administración (a través del SEPE u otra fórmula que no cargue más a este con tareas de gestión), bien a través de una ampliación del acuerdo alcanzado con las entidades financieras para que sean estas las que anticipen estas cantidades, contra la presentación de la resolución administrativa que aprueba la prestación.

En fin, situaciones extraordinarias, requieren medidas coherentes con ello. Se están adoptando muchas, sería injusto no reconocerlo, pero en la medida de lo posible, contribuir a mejorarlas y reforzarlas desde la propuesta exigente pero leal, es una obligación.