Hemos visto correr ríos de tinta sobre el Benidorm Fest. Se ha discutido sobre cultura, sobre feminismo, sobre plurinacionalidad y sobre democracia. Estoy de acuerdo con la mayoría de las reflexiones que se han publicado:  Tanxugueiras han visibilizado la España verdaderamente existente y esa realidad que se sigue abriendo camino; la de que España habla gallego (además de euskera y catalán) y que representar a España implica dar espacio a su diversidad. Rigoberta ha logrado componer un himno feminista contemporáneo aunando la lucha republicana por la libertad con los cuidados y la maternidad. Chanel ha explotado magníficamente los nuevos ritmos urbanos con los que bailamos, desde la fusión latina y la libertad sobre la sexualidad de las mujeres.

Sin embargo, creo que hay algo que ha pasado un poco desapercibido en la mayoría de los análisis: el concurso para escoger a nuestra representante en Eurovisión fue financiado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm y fue emitido por la TVE, que pagamos entre todas. Es más, la participación ciudadana fue motivada y promocionada para que la decisión final fuera una decisión colectiva y democrática. Pero erigieron al jurado como un escollo para ello.

El problema principal de la decisión del jurado es que imponía criterios privados (que no sólo profesionales) sobre una decisión que iba a ser colectiva, del pueblo. El conjunto del concurso estaba enmarcado en el espacio público y ha sido objeto de una discusión pública por esa misma razón.

Pero la lógica privatizadora se lo acaba comiendo todo cuando el voto de unos pocos (cinco) vale lo mismo que el de unos muchos (miles), y la información no está al alcance de todos.

Esa decisión final, alejada del voto popular, expresa con más fuerza que nunca la raíz etimológica de privatizar. Privatizar viene del latín privare (prīvāre) y significa privar de algo a alguien. En este caso, se ha privado a la audiencia y a la gente que participó (pagando) de su decisión sobre las artistas que debían representar a España en Eurovisión. Hay una profunda consecuencia política en este hecho, que nos alumbra, además, sobre el mundo al que nos dirigimos. Aquello que es público y que, por esa razón, nos pertenece a todas, no debería ser reducido a una parte ni debería someterse a las lógicas privadas que actúan en interés particular en lugar del interés general.

Eurovisión puede parecer algo frívolo, pero ha puesto al descubierto esa lógica que viene imponiéndose desde hace muchos años: a saber, que aquello que pertenece a todos y todas debe acabar únicamente en manos de unos pocos para que hagan su negocio.

Energía, banca, sanidad, educación no deben ser sectores estratégicos a disposición del interés general. Deben estar bajo la lógica privada para extraer beneficios privados. Se trata de reventar hasta los últimos espacios dónde priman las lógicas del bien común y la colectividad por encima del enriquecimiento particular. Los derechos se compran y se venden, como se pueden comprar y vender las decisiones, a priori más banales, de mandar a alguien a un concurso musical europeo.