Otras miradas

Mohamed VI: el nuevo ministro de Sánchez

Pablo Gómez Perpinyà

Diputado regional y senador por Más Madrid en la Asamblea de Madrid

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reúne con el primer ministro marroquí Saadeddine Othmani Fecha: 19/11/2018. Firma: Presidencia del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el primer ministro marroquí Saadeddine Othmani el 19 de noviembre de 2018. Presidencia del Gobierno

Entre la indignación y la incredulidad, este viernes asistimos a uno de los episodios más lamentables que se recuerdan en la política exterior española. El autodenominado "gobierno más progresista de la historia" manifestó su apoyo a la ocupación del Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos. Una declaración inédita, que rompe la neutralidad y subordina a España a la política expansionista de una monarquía medieval, enemiga de los derechos humanos y que lleva cuarenta años ocupando ilegalmente un territorio del que España sigue siendo potencia administradora, como reconoció Naciones Unidas en 2002.

Sorprende el giro e inquietan las formas. Es incomprensible que Sánchez aboque a España a ser parte del problema, alineándose con una propuesta que legitima una vulneración flagrante del derecho internacional, en lugar de asumir una posición activa en la búsqueda de soluciones en el marco de Naciones Unidas. Y todo ello en un momento internacional en el que las excentricidades y las ocurrencias deberían estar vetadas para cualquier gobernante con un mínimo de criterio. Porque asumir las exigencias de Mohamed VI respecto del Sáhara es tanto como aceptar las exigencias de Putin respecto de Ucrania. Dos tiranos, enemigos de la democracia, que buscan expandir su poder a toda costa, inclusive pasando por encima de los más débiles. El mensaje que Sánchez, en nombre de España, ha enviado al mundo, es terroríficamente inoportuno.

Lo que diferencia un Estado libre de uno que no lo es es precisamente la capacidad para decidir en lugar de que otros decidan por ti. Y Sánchez nos ha arrebatado esa libertad a los españoles, permitiendo que sea un monarca extranjero quien defina la política exterior de nuestro país. El PSOE ha actuado con deslealtad a su pueblo y a su país, guiándose por los mismos intereses espurios que colaboran con la monarquía marroquí en el expolio de los recursos naturales en el Sáhara ocupado. Y la contrapartida es tan volátil como la credibilidad de un sultanato acostumbrado al chantaje. Hace tiempo que el control de flujo migratorio por parte de Marruecos no es más que un pretexto para que Mohamed VI se embolse cientos de millones de euros todos los años procedentes de la UE, sin que ello suponga una renuncia a desatar crisis como la del último verano con 10.000 personas cruzando la frontera de Melilla bajo la promesa de la policía marroquí de que al otro lado podrían fotografiarse con Cristiano Ronaldo.

Es inaceptable, desde una perspectiva progresista y de respeto al imperio de la ley, que el Gobierno de España asuma la vulneración de los derechos del pueblo saharaui como un daño colateral. El apoyo a Marruecos para consolidar un crimen internacional que afecta al derecho a la libre determinación de los pueblos no es coherente con la posición que debe representar una democracia avanzada. Perjudica notablemente a la posición internacional de España una alianza de tal calibre con un régimen que se niega a firmar el Tratado de Ottawa que prohíbe la utilización de minas antipersona, que ha desplegado un muro de 2.700 kilómetros para dividir el Sáhara Occidental y que reprime brutalmente a la disidencia como atestiguan las violaciones, torturas y el arresto domiciliario que sufre, entre otras, la activista saharaui Sultana Khaya.


Sánchez ha tomado una decisión altamente inflamable, que rehúye de las responsabilidades históricas que tiene nuestro país reconocidas por la ONU y que nos sitúa en un decepcionante lugar junto a Donald Trump, quien también reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara ocupado. El Gobierno de España se encuentra en una encrucijada fruto de la pésima gestión del ministro Albares: aferrarse a su decisión hasta el punto de arriesgarse al divorcio definitivo con el bloque de la investidura e incluso la posible ruptura del gobierno o rectificar y reabrir el contencioso con Marruecos. En cualquiera de los dos casos, si Albares no es cesado inmediatamente, con toda seguridad, será Sánchez quien termine pagando la factura. Hoy más que nunca, rectificar es de sabios.