La sedición —esto es, lo de Catalunya— ha vuelto a frenar la renovación del gobierno de los jueces.

Feijóo se ha desdicho de un compromiso que, por otra parte, debilitaba la hegemonía de la derecha en la judicatura.

Y eso que nadie sabe a ciencia cierta cuál sería la hipotética propuesta de Pedro Sánchez para modificar el delito y aparejarlo a estándares más en consonancia con los países de la Unión Europea.

Feijóo está en línea con el magistrado Marchena en este asunto, como en tantos otros. Como lo está ese PSOE que se asemeja al PP como dos gotas de agua tan pronto como se menta a Catalunya. Ahí están los Lambán o García-Page y sus altisonantes, abruptas y constantes referencias a Catalunya. Lo de los Juegos Olímpicos de Lambán es un ejemplo, de tantos, de puro y visceral anticatalanismo.

No hace falta que el asunto esté relacionado con el independentismo. Sólo que olfatee a catalán, esa pudiente región que levantaron inmigrantes españoles con su sudor y sacrificio, según el relato al uso en los muy castizos conciliábulos constitucionalistas. Ya lo advirtió en su día el merengue Ramon Mendoza ‘los catalanes se lo quieren quedar todo’.

Justo cuando las encuestas marcan un punto de inflexión al llamado ‘efecto Feijóo’, los populares han decidido cortar por lo sano toda posibilidad de renovar el CGPJ. El pretexto es Catalunya, lo que tampoco constituye novedad alguna.

Y eso que Puigdemont también ha arremetido contra la posibilidad de reformar el delito de sedición. Según Waterloo sólo es aceptable una derogación total. El argumento es que la reforma no acerca Catalunya a la independencia. ¡Como si una derogación lo hiciera! Menuda tontería.

La derecha indepe lleva tiempo haciéndole el juego a la derecha españolista y a esa izquierda de lambanes y pages de rancio abolengo. Pero ese es otro tema que tiene más que ver con una determinada posición personal y una estrategia política vacía que sólo se entiende por aversión a los republicanos. En todas partes cuecen habas.

Una reforma que quite hierro al delito de sedición no acerca para nada la independencia. Su supresión, tampoco, por supuesto.

De hecho, la celebración de un referéndum no está tipificado en el Código Penal. Y eso no fue obstáculo para montar un juicio ad hoc, sentar a Vox junto a la Fiscalía y penar con 100 años el 1 de Octubre. Lo de la Declaración de Independencia es otro cantar, cargado de simbolismo pero fúnebre. No sólo Puigdemont lo rehuyó si no que dio orden de no darle curso legal alguno paralizando su publicación en el DOGC, el BOE catalán.

El 1 de Octubre el independentismo estaba exultante. El 27 de Octubre, no. Y a medida que fueron pasando los minutos todo el mundo constató que esa Declaración era papel mojado. Los más entusiastas, abarrotando la plaza de Sant Jaume, enseguida se dieron cuenta que no estaba el horno para bollos. La bandera española no fue arriada en ningún momento y ni remotamente nadie -y nadie es nadie- salió al balcón consistorial. No ya para dar cuenta de nada, ni tan siquiera para echar una ojeada o saludar a los concentrados.

La reforma de la sedición sí sería de hecho una enmienda tácita a un juicio que lleva todas las de caer cuando llegue a manos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Toda vez que no sólo aliviaría penas. También dificultaría una interpretación abusiva que es justo lo que hicieron Marchena y sus colaboradores necesarios, en su mayoría más que conservadores a la derecha de la derecha.

Por eso anda Marchena entre inquieto y nervioso de nuevo. Porque teme -como él mismo cuenta en privado a sus comensales- que la reforma de la sedición da alas a enmendar su controvertida sentencia ante el TEDH, lo que por otra parte ya hicieron con contundencia dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Y llueve sobre mojado. Los indultos ya fueron interpretados por Marchena justo en ese sentido. Porque simple y llanamente, aunque parciales, dejaban en evidencia la contundencia de la sentencia del TS. Y esa exageración mayestática que demoniza el Referéndum de Octubre cuando lo equipara a un golpe de Estado, como lo de Primo de Rivera, Sanjurjo, Franco o Tejero.

Indultos que, por otra parte, aún podrían ser revocados gracias a la opinión sobrevenida de una nueva magistrada derechista.

Hay tres instituciones que históricamente han tenido un sesgo derechista en España. La Iglesia, el Ejército y la Judicatura. Y poco o nada ha cambiado, seguimos en las mismas y con los catalanes señalados siempre como el Papus.