La batalla del aborto llegará al Constitucional

La derecha tiene planes a largo plazo para interrumpir la renovación de la Ley del Aborto que ha puesto en marcha el Gobierno. Su oposición a que las mujeres sean libres para decidir su maternidad en las primeras 14 semanas de gestación –tal como figura en el proyecto de ley– está perfectamente estructurada para que el debate público sobre el aborto desgaste al Gobierno el mayor tiempo posible.

El Ejecutivo y el Grupo Parlamentario Socialista son conscientes de esos planes, y también tienen diseñados los pasos con los que ir atajando esa estrategia. Pero, hoy por hoy, nadie sabe qué bando saldrá ganador de esta batalla. Lo que sí está claro ya es que las mujeres, especialmente las que sufren al ver coartados los derechos de sus congéneres, no podrán estar completamente tranquilas hasta que termine esta historia. Y tardará en acabar tanto como estime conveniente el Tribunal Constitucional.

En este momento, el debate social está centrado en la cuestión de los 16 años. La derecha ha logrado colocar la tesis de que a esa edad no es de recibo que la ley permita a la mujer decidir por sí misma su maternidad. Varios socialistas han entrado al trapo y reclaman enmiendas en el proyecto de ley para eliminar esa potestad a las jóvenes. Primera victoria para el PP.

La dirección del Grupo Socialista ya ha echado las cuentas, y sabe que la ley resultará aprobada en las Cortes con 178 o 180 votos, dependiendo de la decisión personal de un par de diputados de CiU y PNV, grupo que darán libertad de voto. Sabe también que perdería algunos de  sus apoyos si modifica la cuestión de la mayoría de edad para decidir a los 16, así que está sopesando la tramitación de la ley en lectura única (es más rápida y no admite enmiendas) para evitar problemas. Primera desactivación a favor del PSOE.

Los conservadores ya han logrado que el Consejo General del Poder Judicial pida una ampliación de un mes del plazo que le da la ley para informar sobre el proyecto del Gobierno. Un tiempo que utilizarán para forjar una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces, donde nueve de sus 20 componentes lo son a propuesta del PP, otros nueve del PSOE, uno de CiU y otro del PNV. El bloque del PP tiene decidido romper la unidad mostrada por el CGPJ en su primer año de mandato y hacer un informe que tache de inconstitucional la reforma de la Ley del Aborto que apoyará la otra mitad del Consejo. Segundo ataque de la derecha.

Los socialistas usarán ese mismo plazo para intentar que sean más los consejeros que apoyan la Ley del Aborto que aquellos que suscriban el informe negativo. Para ello recordarán a los de CiU y PNV que están en el CGPJ por generosa cesión del PSOE y que su compromiso es unir su criterio al que domine en el bloque progresista del Consejo. Margarita Uría (PNV) parece más fácil de convencer que Ramón Camp (CiU). El papel que decida jugar Carlos Dívar, presidente del CGPJ, católico y conservador, será muy relevante, porque puede tener en su mano el desempate. La ecuanimidad que le hizo merecedor del nombramiento, recuerdan los socialistas, deberá demostrarla absteniéndose. Si consigue armar el puzle, será la segunda victoria progresista.

Aprobada la ley en las Cortes, el PP la impugnará ante el Constitucional. Esa es su tercera batalla prevista. Algunos juristas opinan que el tribunal podría dictar la suspensión cautelar de la ley hasta que haya pronunciamiento para evitar lesiones al derecho a la vida. El Constitucional tarda de dos a tres años en decidir sobre un asunto. La ley en suspenso sería otra victoria conservadora.

Pero en política dos años son una eternidad. Dan, por ejemplo, para renovar el Constitucional. Si se hace bajo Gobierno socialista, la victoria del PP será pírrica. Si el acuerdo no llega y este Constitucional se mantiene, sus miembros deberán decidir si la Constitución española es la única de los principales países de la UE que prima el derecho del embrión sobre el de sus ciudadanas.