Por el simple hecho de ser ciudadana española, más de una vez, me he sentido indignamente tratada en algunos aeropuertos internacionales, así que me resulta fácil ponerme en la piel de los turistas latinoamericanos y, más aún, de todos los inmigrantes que al llegar a España son examinados como sospechosos al pasar un control policial. Aprobada la enésima reforma de la Ley de Extranjería, lo tendrán aún más difícil. De nada han servido las continuas protestas de las ONG contra los aspectos más controvertidos de la nueva ley. No han logrado impedir que se amplíen los plazos de retención de los sin papeles en los centros de internamiento y que se pongan más trabas a la reagrupación familiar. Lo único que se ha suavizado un poco es el polémico "delito de hospitalidad" que en el anteproyecto de ley pretendía castigar severamente a quien, por motivos solidarios, ayudase o acogiese a inmigrantes sin papeles. Asunto bien distinto es que se penalice con dureza a los desaprensivos que los explotan laboralmente.

Las autoridades competentes se sienten muy orgullosas del aumento de la vigilancia en las fronteras. En lo que llevamos de año, se ha logrado reducir a la mitad la llegada de los irregulares. Sin embargo, de poco servirá que disminuya el número de entradas clandestinas si se dificulta la integración de los que ya viven en nuestro país. A los inmigrantes que han perdido su empleo se les pondrán más impedimentos para renovar su permiso de residencia, así que, si no se van o se les expulsa, pasarán a engrosar las cifras de los sin papeles. Todo depende de cómo se aplique, pero la nueva ley no parece cargada de las mejores intenciones.