Por Ramón Alonso, miembro de La Comuna.

El 26 de mayo serán las elecciones autonómicas. Aunque es improbable que el partido popular las gane, no es descartable una solución a la andaluza, es decir un gobierno de coalición PP-Ciudadanos apoyados por VOX, quienes no entrarían en el gobierno pues, como en Andalucía, preferirán ejercer el poder sin mancharse en los asuntos de gestión.

Es decir, hay un riesgo claro de que la Comunidad sea controlada por personajes cuya intención declarada es destruir los movimientos por la igualdad de la mujer, los de la memoria histórica y los de defensa de la sanidad y educación públicas. Todos los amenazados debemos aunar esfuerzos para evitar que dichos individuos dirijan nuestro futuro.

La norma fundamental en una democracia es que todo empleado público (y los políticos lo son) tiene la obligación de cumplir las leyes y hacer que se cumplan. Un cargo público no posee poder absoluto en su dominio: debe respetar las leyes y los derechos ciudadanos.

La administración funciona en base a presupuestos anuales. Sus ingresos están regulados y no se admiten regalos, ni a las instituciones ni a los funcionarios. Cualquier proyecto que implique desembolso de capital público está sometido a informes jurídicos vinculantes y a fiscalización por la intervención, que verificará que las actividades se efectúen no solo de acuerdo con la ley sino con lo proyectado y lo autorizado. Estas comprobaciones son obligatorias para las administraciones públicas. Es difícil cometer fraudes por esta vía, pero la mayor flexibilidad contable de las empresas y organismos públicos, ha generado grandes ganancias ilegitimas para políticos corruptos (Casos Canal Isabel II y Arpegio).

Siempre será un deber cívico informar detalladamente sobre algunas de las actividades de un gobierno, en especial cuando se trata de la apropiación indebida de fondos. Una de las fuentes de ingresos ilegales más utilizada es el fraude en la contratación de obras y servicios. Para ello, se debe contar con la complicidad de cargos públicos venales. Los grandes contratos deben ser públicamente convocados, respetar el entorno jurídico, tener objetivos, plazos de ejecución y fechas de justificación definidas. La administración concesionaria tiene derecho a inspeccionar o controlar su correcta ejecución. Las inversiones se acreditarán con certificaciones de obras, facturas reglamentarias y documentos bancarios que constatarán los pagos. Esta documentación pasa por un doble filtro: el del organismo gestor y el de la intervención. Las justificaciones con gastos no autorizados, fuera de plazo, incorrectas o incompletas, supondrán minoraciones, generando pérdidas o las devoluciones de lo anticipado más los intereses.

Para burlar los controles administrativos los procedimientos habituales más utilizados han sido: el fraccionamiento de grandes gastos en facturas menores, no sujetas a fiscalización y la facturación falsa de gastos o servicios no realizados o por cuantías superiores a lo realmente gastado. No obstante, es complicado que esto pase inadvertido. Para soslayar estos problemas, los corruptos han utilizado de manera abusiva la figura legal pero excepcional de la convalidación de gasto, que debe emplearse para situaciones imprevistas, por ejemplo, catástrofes. La aplicación de estas medidas requiere la aprobación del Consejo de Gobierno. Sin embargo, esta excepcionalidad, se ha utilizado fraudulentamente en numerosas ocasiones para cubrir gastos injustificables, pero en estos casos, las potenciales responsabilidades penales son meridianamente claras. Los casos que expondremos que afectan a la Sra. Aguirre y sus equipos ejemplifican las razones por las que el PP, fue condenado y desalojado del gobierno. Para una mejor comprensión los dividimos en Casos sin actuaciones judiciales y Casos con actuaciones judiciales.

Casos sin actuación judicial
Actos de autopromoción. Para incrementar la visibilidad de la presidenta Aguirre y sus cargos. Miles de presentaciones, inauguraciones y otros actos sociales. Su número, calculado a la baja sería de 13.000 eventos en 8 años a los que se estima se destinaron 6.000.000€ y 160.000 horas de trabajo de los empleados públicos. Muchos eventos fueron realizados por la trama Gürtel, pero también los casos Púnica o Lezo aportan indicios racionales de financiación ilícita por esta vía. Los contratistas cobraban los gastos camuflados en las distintas partidas de los contratos.
Las Vegas Sands originó gastos estimados en millones de euros en adquisición de terrenos y otros. Al parecer abonados por convalidación. Cancelado al ser las condiciones de los norteamericanos incompatibles con el marco jurídico de la U.E.

Casos con actuaciones judiciales

Se exponen doce de los casos más sangrantes:
1. Severo Ochoa: Por denuncia anónima se procesó penalmente a varios doctores por aplicar sedaciones finales a enfermos terminales en ese hospital. Daños profesionales y escraches en los juzgados contra los médicos, que resultaron absueltos.

2. Autovía 501. Transformación en autovía de esta regional, que atraviesa zonas de gran protección ambiental. Partieron el proyecto en varios para evitar un informe de impacto ambiental negativo. Los tribunales rechazaron el fraccionamiento.

3. La ciudad de la Justicia: Se intenta crear un campus de la justicia, con 14 sedes, de la que solo se termina parcialmente una y varios túneles. Suspendido proyecto después de gastar 105.000.000€ en obras sin utilidad.

4. Campos de golf del Canal: Se construye un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. Anulada por el Supremo, a pesar que el fiscal Moix no veía irregularidades. 3.800.000€ gastos de derribo. Ignacio González era presidente del Canal.

5. Nuevos hospitales: La Consejería de Sanidad y Consumo, dirigida por Lamela construyó 8 hospitales, por empresas privadas que serían compensadas en 30 años. Tras estos, pasarían a ser propiedad de la C. Madrid. La construcción supuso unos 770.000.000€. La Comunidad abonó 1.500.000.000€, sin aclarar conceptos. Compensaciones pendientes astronómicas.

6. Tren de Navalcarnero: Se puso la primera piedra en el 2008. Desde el principio hubo problemas de ejecución. Suspensión de trabajos, cuando ya se habían invertido 100.000.000€ en un obra inservible. Indicios de pagos ilícitos a Ignacio González.

6. Los espías: Originado por diferencias entre Granados y González. Tramas relacionadas con personajes de honorabilidad dudosa, procedentes de la policía. Gastos en vehículos, móviles y dietas para obtener datos comprometedores de sus oponentes. Juzgados los agentes, no sus responsables. Interferencias fiscal Moix. Deficiente instrucción del caso. Absueltos.

7. Caso Gürtel: Gran trama de corrupción del PP. Se extiende por las Comunidades de Madrid, Valencia y Castilla León y varios ayuntamientos. Se fraccionan contratos de eventos cuyas facturaciones se inflan. Implicaciones urbanísticas fraudulentas. 300.000.000€ defraudados. Aguirre destituye a su Consejero López Viejo que resulta condenado.

8. Recetazo: Imposición ilícita de una tasa de 1€ por receta de la seguridad social en la C.Madrid, a sabiendas de que en Cataluña lo habían declarado ilegal. Se estima que ingresaron indebidamente 9.000.000€ que no han sido devueltos.

9. Privatización hospitales: Desastroso intento que afectaba a 6 hospitales públicos. Más de 1.000.000 firmas en contra. La oposición de médicos y demás sanitarios hizo cambiar de idea a las empresas interesadas. Intentaron modificar sobre la marcha los concursos lo que supuso a la Comunidad un severo varapalo judicial.

10. Cursos de Formación: Se organizan cursos de formación para todo tipo de trabajadores. Los cursos no realizados se justifican con listados falsos. 15.000.000€, defraudados a C.M y administración estado.

11. Caso Púnica: Tiene 3 vertientes:

1ª Los contratos de mejora de eficiencia energética de varios ayuntamientos, con falseo de datos y facturas.

2ª Las recalificaciones de suelo de la empresa pública Arpegio y

3ª La mejora de imagen de políticos en decadencia financiando páginas web. El Consejero Granados es el máximo imputado. Se le encuentran cuentas en Suiza y un maletín con 1.000.000€ en casa de un familiar. Investigación judicial abierta. Consejeros Victoria y L.Figar incriminados.

12. Caso Lezo: Empresas dependientes del canal de Isabel II, adquieren en Brasil y otros países sudamericanos empresas por varias veces su valor real. I. González, quien promovió la privatización del canal, tiene varias cuentas en paraísos fiscales. Han aparecido nuevas pruebas contra otros cargos: Ruiz Gallardón y Calvo.

De lo expuesto podemos concluir que los dirigentes en la Comunidad de Madrid han dado clases magistrales de fraude y apropiación de fondos público en su beneficio, en la financiación ilícita de su partido y en el encubrimiento de sus fechorías. Esperamos lo expuesto haya aclarado que las ansias privatizadoras de algunos solo escondían su ánimo de lucro.
La Sra. Aguirre, participó en reuniones donde se planificaron algunos de los fraudes, fomentó y toleró esas prácticas. El ex presidente Ignacio González, su persona de máxima confianza, obtuvo réditos personales de la dilapidación del patrimonio del C.I.II, expolió con el recetazo, manipuló los concursos del campo de golf y los hospitales. El consejero Granados, su segundo de a bordo, se enriqueció ilícitamente con recalificaciones urbanísticas, él amaño de contratos y el desvío fondos públicos para mejorar la imagen de otros políticos como Victoria y Figar. El consejero López Viejo, condenado en el Caso Gürtel, obtuvo fuertes comisiones con facturaciones ilegales. El PP en Madrid era el patio de Monipodio. Sus consejos de gobierno, despreciaron el marco jurídico vigente de las administraciones, aceptaron sobornos, mintieron, encubrieron delitos y esquilmaron nuestro patrimonio en su propio beneficio o en el de sus allegados: Su gestión originó pérdidas de miles de millones de euros a todos los madrileños salvo a sus amigos, como lo prueban las ayudas a fondo perdido concedidas a Abascal, líder de VOX. Aunque democráticamente electos estos gobiernos no fueron una Democracia, sino un gobierno de ladrones, una Cleptocracia. El último gobierno de la Comunidad dificultó al máximo todas las tareas de investigación con el apoyo de Ciudadanos.

Esperemos que, para las próximas elecciones, muchos votantes hayan comprendido que su voto apoyó a políticos que imponían recortes y recetazos, mientras robaban o despilfarraban a gran escala. Los que ahora se oponen a las subidas del salario mínimo, a las de las pensiones y a eliminar los recortes en sanidad y educación, son los compañeros o compinches de los que practicaron en saqueo de nuestros bienes. Ni un solo voto para los corruptos y sus cómplices.

NOTA: Este artículo es una actualización de otro publicado en 2018 en el blog www.loquesomos.org