¡Es el postfranquismo, estúpido!

Por Rosa García, miembro de La Comuna. Se dice que la frase “¡Es la economía, estúpido!” –que he tomado prestada para el título de este artículo–, fue pronunciada por un asesor de Bill Clinton como lema de su primera campaña electoral. Su objetivo era centrar la atención en lo verdaderamente importante y no entrar en los fútiles enredos de la campaña electoral de su rival. Nos encontramos en una etapa política compleja a nivel internacional y nacional que sabios “todólogos” escrutan a diario en tertulias, artículos y redes sociales, enredándose en los tejemanejes de los gurús mediáticos para trasladar a la población mentiras (fake news), problemas prefabricados y burdas falsificaciones que crean desconcierto, primero; zozobra, después y odio a los más vulnerables a continuación. Unos mecanismos de manipulación social muy bien entrenados dada la profusa utilización que se ha hecho a lo largo de la historia y que ahora, con las redes sociales, han alcanzado niveles de máxima difusión. La verdad es revolucionaria, sí, pero también esquiva, a veces. Dice el conocido refrán que “No hay mal que cien años dure”, una promesa optimista donde las haya, habida cuenta de los siglos de brutalidad que llevan sufriendo los pueblos del mundo. En España esa promesa parece aún más utópica. El próximo 18 de julio se cumplirán ochenta y cuatro años del golpe de estado cívico-militar contra el gobierno de la II República, con la terribles consecuencias de guerra, terror, dictadura franquista y atraso. Los herederos de la oligarquía que auspició y financió tamaña carnicería y que se aprovechó del trabajo esclavo de los presos políticos y de las míseras condiciones laborales impuestas, y que aún colean, siguen paseándose por el Ibex-35 sin atisbo de remordimiento ni vergüenza. Ochenta y cuatro años (casi un siglo) de este “mal” que continúa, de una forma o de otra, detentando el poder y que vuelve a mostrarse sin tapujos, sin disimulos, tal y como siempre ha sido: brutal, soez, estúpido. Los restos del franquismo, o postfranquismo, siguen en las instituciones, incluida la Monarquía heredada del régimen anterior. No se puede pasar por alto que el rey vaya a rendir homenaje a los asesinados en Auschwitz y se olvide de los españoles republicanos que murieron allí, por no hablar de que jamás la Monarquía ha honrado a las víctimas de los campos de concentración españoles ni a ninguna de las víctimas del franquismo. Disfrutamos, pues, de una democracia de baja calidad, no “homologable” a las de los países vecinos, como le han dicho al Gobierno de España en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “el pasado franquista sigue siendo un reto para España” reclamando que se haga efectivo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, así como que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo de acuerdo con las normas del derecho internacional, que los consideran delitos de lesa humanidad, y la obligación del Estado para avanzar en la Memoria histórica. De nuevo, como en la EPU de 2015, han llamado la atención al Estado español sobre criminalizar los insultos a la Corona, la limitación de la libertad de expresión y reunión debida a la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), los excesos policiales y la necesidad de “investigación independiente y eficaz sobre todos los casos de intervenciones ilícitas en manos de las fuerzas de la orden", nombrando específicamente los sucesos del 1 de octubre en Catalunya. Igualmente, la situación sobre la lucha contra la discriminación racial y la intolerancia en todas sus manifestaciones y la protección de los derechos legítimos de los inmigrantes y los grupos minoritarios no puede considerarse mejor, más bien al contrario, dado el auge de los postulados más fascistas de los partidos políticos de ultraderecha del régimen, conocidos como “trifachito”: Vox, PP y Ciudadanos. Por no hablar de la persistencia del franquismo en el ejército y las fuerzas del orden (perdón, de “seguridad” creo que las llaman ahora). Un ejemplo son las cloacas del Estado y las manipulaciones político-judiciales como lo sucedido con los catalanes independentistas, recientemente liberados, acusados de “intenciones” terroristas, con pruebas inconsistentes por no decir falsas, detenidos con máxima violencia, echando la puerta abajo, con armas de ataque, amenazándolos incluso delante de sus hijos pequeños y con todo el armamento mediático saltándose la presunción de inocencia y publicando datos secretos del sumario o exhibiendo un vídeo del interrogatorio ante el juez de uno de los detenidos ¡en presencia de dos guardia civiles! ¿A nadie le llamó la atención semejante atentado contra la libertad de las personas? Durante la dictadura franquista se dieron casos en los que el juez (militar, por supuesto) tomaba declaración al detenido en las mismas dependencias de la Dirección General de Seguridad donde era torturado, pero incluso allí ¡no estaban presentes los policías! ¿Y si hablamos de la judicatura?: La anterior Fiscal General del Estado, María José Segarra, nombrada por el gobierno del PSOE, sostuvo que una agresión a “una persona persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo” podía ser incluida en el tipo de delitos de odio. Y sin ningún remordimiento ni atisbo de duda, lo escribió en una circular dirigida a todos los fiscales y lo mandó publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), órgano de expresión del Gobierno de turno, con “objeto de fijar las pautas interpretativas de las distintas figuras delictivas englobadas en el nuevo artículo 150 del Código Penal” (artículo que fue reformado y entró en vigor al mismo tiempo que la Ley Mordaza: en julio de 2015, con el Gobierno del PP, para ser exactos). Esto es lo que se publicó en el BOE (1): El origen del delito de odio está relacionado con la protección a los “colectivos desfavorecidos, pero la vulnerabilidad del colectivo no es un elemento del tipo delictivo que requiera ser acreditado, sino que el legislador, haciendo ese juicio de valor previo, al incluirlo en el tipo penal, ha partido de esa vulnerabilidad intrínseca o situación de vulnerabilidad en el entorno social. Tampoco lo es el valor ético que pueda tener el sujeto pasivo. Así una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos. Esta ley, en el apartado que define al “autor del hecho” señala como tales a quienes integran determinados “colectivos e ideas como la ideología neonazi, homófoba o xenófoba”. ¿En qué quedamos? ¿Los nazis son autores o víctimas de delito de odio? ¿son un colectivo peligroso o vulnerable? Esta supuesta dualidad puede ser utilizada para encausar a personas que se manifiesten contra la presencia de neonazis o, simplemente, se defiendan de sus ataques. Y, precisamente eso ha sucedido con 13 vecinos de Vallecas que se opusieron a que Vox pusiera una mesa electoral en su barrio, siguiendo la democrática consigna de “Vallecas sin fascistas”. ¿Acaso no es esto un claro ejemplo de “restos” del franquismo? La derrota del eje nazi-fascista en la II Guerra Mundial, conseguida con la lucha de hombres y mujeres valientes que pagaron un altísimo precio para librarse de ese terror, permitió la formalización del respeto a los derechos humanos. Pero el franquismo permaneció –con el apoyo de las élites gobernantes de EEUU y Europa– y la transición sangrienta no supuso una ruptura con la dictadura sino una transacción que dejó impunes los crímenes franquistas amparándose en la nefasta Ley de Amnistía de 1977, muro de contención contra las justas demandas de las víctimas del horror franquista. Y en esas estamos, esperando que el nuevo Gobierno se decida entre aceptar la vergüenza de seguir protegiendo los restos del franquismo y no permitir el acceso de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación o dar un paso adelante y derogar esa infame ley y trasladar al derecho interno la legislación internacional sobre algo tan básico como que ¡los delitos de lesa humanidad NUNCA prescriben! Mientras el franquismo permanezca impune, ningún derecho democrático está a salvo. Ni la democracia ,ni los demócratas. Por eso, es fundamental centrarse en lo importante y repetir: ¡Es el postfranquismo, estúpido! (1) BOE núm. 124 del 24 de mayo de 2019. Sección III. Pág. 55655 y siguientes

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trifachito

¡Es el postfranquismo, estúpido!

La cara oculta de la convención pepera