La insistencia de Rajoy en hacernos creer que el rescate no tiene contrapartidas para la economía española más allá del sector financiero es sencillamente esperpéntica y ofende a la inteligencia de cualquiera con un mínimo sentido común. Porque incluso aunque no hubiera directrices explícitas por parte de Europa para emprender más ajustes, cosa más que improbable, se delimitarán unas líneas rojas implícitas o explícitas que ningún gobierno podrá traspasar durante muchos años. Ya lo dice la sabiduría popular: nadie da euros a cuatro pesetas.

En España, más allá de la operación de marketing para vender como crédito ventajoso lo que es un rescate con intervención en toda regla, no tardaremos mucho en sufrir las consecuencias de lo sucedido el Sábado. Ya nadie duda de que se producirá una subida del IVA en las próximas semanas. Y puede venir acompañada de cambios en la edad de jubilación, endurecimiento del acceso a las prestaciones por desempleo, mayores recortes en sanidad y educación o cualquier otra medida que se les pueda ocurrir a los lumbreras que nos gobiernan desde Bruselas. No hay que olvidar, no obstante, que aunque el foco se haya puesto en el sector financiero español, los bancos de otros países de Europa no están mucho mejor. Italia, Francia o Bélgica tienen entidades financieras en situaciones límite, y el riesgo de contagio es lo que ha convencido al Eurogrupo de que debía presionar a España para que pidiera el rescate.

El argumento es la necesidad de sanear las finanzas públicas y privadas. Pero si nos atenemos a lo ocurrido en otros países, el rescate supondrá una estigmatización de la economía española, cuya calificación crediticia se reducirá al nivel del bono basura, y presumiblemente verá cerradas sus posibilidades de financiación. Por otra parte las ayudas al FROB computarán como deuda pública, pero el pago de intereses aumentará el déficit, lo que dificultará aun más el cumplimiento de los objetivos de estabilidad que nos imponen desde Europa. Y un déficit incontrolado generará inevitablemente más desconfianza en los mercados y mayores recortes para los ciudadanos.

Las condiciones al sector financiero se traducirán además en una mayor restricción del crédito, lo que ahogará aun más el consumo e impedirá el crecimiento. La obligación de que las entidades financieras rescatadas compren deuda pública agravará lo que se conoce como efecto desplazamiento, que supone la imposibilidad de financiación del sector privado porque la inversión se destina casi en exclusiva al sector público. Pero al mismo tiempo los mercados pueden desconfiar de la solvencia de España como pagadora, en tanto que una futura quita de la deuda no afectaría a los fondos procedentes de Bruselas que están blindados y son preferenciales. Si los inversores saben que tal vez en un futuro dejemos de pagarles por pagar a Europa, ¿por qué iban a confiar en nosotros y prestarnos dinero? En definitiva, el rescate puede suponer la imposibilidad de financiación a medio plazo tanto del sector privado como del público a unos intereses razonables. Y pueden imaginarse cuales son las consecuencias de ello.

Pero el rescate de España tiene además una consecuencia en el terreno político indeseada para quienes lo han promovido. Los países que ya habían accedido al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera han denunciado un agravio comparativo y empiezan a reclamar condiciones tan aparentemente ventajosas como las de España. Irlanda ya ha pedido una renegociación de su rescate. El socialismo luso se ha manifestado en ese mismo sentido. Y Syriza ha encontrado en ese argumento una baza valiosísima de cara a las elecciones griegas del Domingo. Sería paradójico que la Unión Europea haya dado sin pretenderlo un empujón en las urnas a lo que ellos llaman "extrema izquierda". Quizás ese sea el único efecto esperanzador de un rescate que nos va a salir caro. Muy caro.