Alberto Ruíz Gallardón se ha tirado años alardeando de gestor rumboso y modernizador porque gastó dinero público a manos llenas en gigantescas obras de infraestructura (ampliación de la red de Metro de Madrid, soterramiento de la M-30) durante las épocas de abundancia. Sin embargo, tan colosales inversiones no eran más que un fiel reflejo de su espíritu megalómano, que quedó plenamente de manifiesto cuando, siendo alcalde, se dio el capricho de trasladar el Ayuntamiento a Cibeles, después de remozar el Palacio de las Comunicaciones con un coste de 500 millones de euros. Gracias a esa costumbre tan suya de disparar con pólvora ajena, Madrid es hoy, de lejos, el municipio más endeudado de España y, pese a las reiteradas subidas de la presión fiscal sobre sus vecinos, no tiene ni para mantener el ya de por sí pésimo servicio de limpieza.

 
Hace casi un año, por una pirueta del destino, Gallardón vio satisfecha su aspiración de ser a ministro, pero dentro de un Gobierno sin otro rumbo conocido que el de llevar al país a la indigencia a base de todo tipo de recortes. Como además en el sorteo le tocó la pedrea de la cartera de Justicia, Gallardón dispone de contadas ocasiones de lucimiento y, ante el arrollador protagonismo de sus compañeros del área económica, ha de hacer ímprobos esfuerzos para chupar cámara. No obstante, lo ha conseguido en algunos momentos de infausto recuerdo, entre los que destaca el caso Dívar –que tan mal gestionó–, la retrógrada contrarreforma de la ley del aborto y la probablemente inconstitucional reimplantación de la cadena perpetua, bajo el eufemismo de prisión permanente revisable.

 
Ahora, Gallardón ha vuelto a la palestra con una nueva ocurrencia que confirma algo que los españoles ya sabíamos, diga lo que diga el rey en sus tradicionales sermones navideños: que la Justicia es igual para todos... los que se la pueden pagar. Con la espectacular subida de las tasas que el Estado cobra por acudir a los tribunales, es probable que se atenúe la tendencia a judicializar la vida entera que hace tiempo cundió entre los españoles y puede que, de paso, las entelarañadas arcas públicas recauden algún euro más. Pero no hay duda de que muchos ciudadanos, por falta de recursos, van a tener serias dificultades para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva que, con carácter general, la Constitución consagra.

 
Entre los damnificados por el tasazo de Ruíz Gallardón –contra el que se han pronunciado jueces, fiscales y abogados– figuran desde los trabajadores que recurran sus despidos hasta las mujeres que denuncien malos tratos, por poner sólo un par de ejemplos sangrantes. Y también –mira tú por dónde– las decenas de miles de españoles cuyos ahorros corren serio peligro, al haber sido víctimas del monumental engaño de las participaciones preferentes. Para batallar por su dinero ante los tribunales, todos ellos tendrán que pasar a partir de ahora por taquilla y abonar unas tasas que pueden disuadirles de su empeño. De ser así, Gallardón habrá hecho un impagable favor a los bancos, cajas de ahorro y grandes empresas que las emitieron y que han ofertado a sus víctimas compensaciones menos onerosas que las que dictan los jueces.