El caso de la privatización de La Funeraria de Madrid, una empresa pública muy rentable que se vendió por 100 pesetas (0,60 euros) y al año siguiente ya rendía cientos de millones, es un ejemplo de la decadencia a la que pueden llegar las llamadas democracias occidentales con la colaboración de algunos jueces. La evidencia de los hechos no dejaba duda de lo que se pretendía: robar. Se alteraron las cuentas para hacer pasar por ruinosa una empresa que no lo era y así poder regalarla. El entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, que defendió aquella venta con vehemencia, ahora preside

Tras informes demoledores del Tribunal de Cuentas y del fiscal, la cosa cayó en manos de los jueces. Ahí terminó la justicia y empezó la arbitrariedad. La deliberada dilación del proceso para permitir su prescripción es de un descaro indigno de un Estado "de derecho". Uno de los jueces llegó a suspender la causa porque se avecinaban elecciones y, según decía, se podría perjudicar la carrera política de los encausados. Claro, de eso se trataba, hubiera sido conveniente juzgar con celeridad para restablecer el honor de los inocentes o, en su caso, como se ha demostrado a pesar de la prescripción, condenar e inhabilitar para cargo público a los ladrones. ¿No está usted para eso, señoría? Luego, ese mismo juez, abandonó el caso por reconocer amistad con una de las partes (manda huevos, o ¿no?). Y así, pasó el tiempo. En el caso Fabra (Castellón), creo que ya van siete jueces diferentes y nadie juzga. Prescribirá. Es muy grave, se roza la impunidad. No olvidemos el ciclo que repite la historia: Democracia-demagogia-dictadura.