Cualquiera que sea el desenlace del turbio asunto que tiene en jaque al Gobierno de Esperanza Aguirre, es lógico que la batalla de Caja Madrid pase momentáneamente a un segundo plano, suponiendo –claro está– que los episodios de espionaje denunciados no formen parte de ella.

La presidenta va a tener poco tiempo durante una temporada para mucho más que achicar agua, a pesar de su empeño inicial por hacer infructuosamente el don Tancredo y transmitir a la opinión pública la impresión de que todo es un simple invento de la prensa y de que aquí en realidad no pasa nada.

Este distraimiento relajará la presión sobre el otro bando en liza: el que se ha hecho fuerte en Caja Madrid con el propósito de repeler la acometida de Aguirre, cuyo objetivo declarado es impedir que Miguel Blesa continúe en la presidencia, para colocar en su puesto a alguien que le baile el agua.

La Comunidad de Madrid, además, sufrirá un inevitable desgaste político mientras se sustancia el caso, y eso –quiérase o no– mermará sus posibilidades de culminar con éxito el cerco al que tiene sometida desde hace varios meses a la cuarta entidad financiera más grande de España.

Por si fuera poco, lo que se ha sabido esta semana no allana precisamente el camino del delicado acuerdo que estaban cocinando en secreto Aguirre y Tomás Gómez a fin de repartirse el poder en la caja y que ahora resultaría todavía más difícil de justificar, si cabe, para los socialistas madrileños.

Eso no significa, sin embargo, que Blesa tenga motivos ya para cantar victoria, porque es de sobra conocida la tenacidad con la que Aguirre se aplica a cualquier empeño, sobre todo cuando está en juego algo tan
apetecible como el control de Caja Madrid.

Alberto Ruiz-Gallardón –que en esto camina de la mano de Blesa– tampoco le conviene fiarse por más que vea la meta al alcance de su mano, pues la presidenta debe de ser de las que mueren matando.