Las cuantiosas prejubilaciones percibidas en los últimos meses por los altos ejecutivos de algunas cajas de ahorros españolas, inmersas en procesos de reestructuración financiera con cargo al erario público, han causado el natural escándalo. El caso más irritante probablemente sea el de Novacaixagalicia, donde sólo cuatro de ellos (JOSÉ LUIS PEGO, GREGORIO GORRIARÁN, ÓSCAR RODRÍGUEZ y JAVIER GARCÍA DE PAREDES) se han embolsado una cantidad superior a los 20 millones de euros. En la alicantina CAM se ha producido una situación similar: el antiguo director general, ROBERTO LÓPEZ ABAD, se fue con 5,6 millones, y su sucesora, MARÍA DOLORES AMORÓS, recientemente despedida, reclama una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales. A la espera de inversores privados que no acaban de llegar, Novacaixagalicia ha recibido 3.500 millones del FROB, mientras que la CAM, para la que el Banco de España está buscando comprador desesperadamente, ha sido destinataria de otros 2.800.

Sin embargo, la generosidad en las prejubilaciones de las cajas no es privativa de esas dos ni beneficia sólo a sus altos ejecutivos; antes bien, ha sido el procedimiento generalmente elegido con el fin de que el ajuste laboral se llevara a cabo sin conflictos. Desde principios de 2010 hasta junio pasado, como consecuencia de la cura de adelgazamiento a la que se ha sometido el sector, 13.364 trabajadores perdieron su empleo, lo que representa casi un 10% del total. Salvo algún hecho aislado, las reducciones de plantilla se han llevado a cabo sin grandes alharacas, aunque para ello haya sido necesario gastar enormes cantidades de dinero. Un dato basta para entender este curioso silencio: por término medio, cada puesto amortizado ha tenido un coste de 250.000 euros.

Pues bien: una parte de los directivos que ahora son piedra de escándalo se han limitado a aprovechar los ventajosos planes de jubilación ofrecidos al personal de sus entidades. Con la diferencia, claro está, de que al partir de retribuciones mucho más elevadas el resultado es también sustancialmente mayor. De todas formas, eso no exime de responsabilidad ni a los consejos de administración ni al Banco de España ni a los gobiernos autónomos, que deberían haber hecho lo posible para evitar la sensación de que con episodios como el de Novacaixagalicia y la CAM se ha producido un auténtico saqueo de las cajas.