AUGUSTO ZAMORA R.
Han empezado a celebrarse, en distintos países de Hispanoamérica, los 200 años del inicio de las guerras de independencia. Como ha sido tradición, los oropeles siguen sepultando las realidades y derechas e izquierdas celebran el episodio como epopeya. Dado el peso de los mitos creados por las oligarquías triunfantes, es tarea aún pendiente analizar con ecuanimidad los procesos independentistas que, vistos sus resultados, derivaron en una catástrofe histórica de una magnitud tal que llevará 300 años repararla.
La independencia fue resultado de factores exógenos, desatados por las guerras napoleónicas, que comenzó a gestarse con el desastre de Trafalgar, en 1803, que dejó a España sin flota de guerra y, por tanto, debilitada en sus comunicaciones con los dominios americanos. Trafalgar fue el primer acto de la tragedia que se avecinaba. El último, la invasión de España por Napoleón, que provocó la desarticulación del país.
Los que serían llamados libertadores eran un puñado de ricos hacendados, educados en Europa y unidos en su devoción hacia lo británico. Todos desfilaron por Londres, pidiendo la intervención inglesa, incluso una europea, para alcanzar su idea independentista. No debe, pues, extrañar la tradición de las oligarquías criollas de recurrir a la intervención extranjera como medio de mantenerse en el poder.
Otra funesta tradición dejaron los padres fundadores: entregar las economías nacionales a potencias extranjeras. Los gobiernos de Buenos Aires, Bogotá y Río de Janeiro (después seguirían los demás) firmaron, entre 1810 y 1815 –antes de concluir las guerras independentistas–, tratados de libre cambio (hoy libre comercio) como pago por el apoyo británico. Inglaterra pasó a controlar las economías emergentes. Los tratados de libre cambio provocaron la desaparición de las industrias locales y, con ello, cualquier germen de industrialización. Los nuevos países quedaron obligados a ser exportadores netos de materias primas –en ello siguen– e importadores de manufacturas. Inauguraron, así, el neocolonialismo. No se construyeron estados nacionales, sino estados oligárquicos, basados en el latifundismo, la exclusión de los pueblos, la dependencia extranjera y el oscurantismo. No hubo sitio para la ciencia ni lo científico.
Mito mayor es que la independencia liberó a los pueblos de la opresión. Estos siguieron tanto o más oprimidos que antes. La independencia fue formal, pues las oligarquías sólo sustituyeron Madrid por Londres. De aquel maridazgo surgió la alianza entre oligarquías e imperios, británico en el siglo XIX, estadounidense en el siglo XX. Cuando EEUU irrumpió en la región, el sometimiento a lo extranjero estaba tan arraigado en las oligarquías que aceptaron sin traumas al nuevo amo. Sólo cambiaron el bombín inglés por el sombrero tejano; Londres por Washington. El idioma era el mismo.
La suerte corrida por los indígenas es la página más negra de la independencia y, por supuesto, una de las más desvirtuadas. Las Leyes de Indias, con todas sus carencias, reconocieron derechos a los pueblos indígenas que ninguna otra potencia colonial reconocería jamás en siglos posteriores. Derecho a la lengua y a sus leyes, derecho a territorios propios y protección mínima ante los abusos de encomenderos y patrones. Todo este sistema legal fue suprimido de un plumazo por las oligarquías. Sumidos en un desamparo total, las tierras indígenas cayeron en manos de latifundistas y extranjeros, se les negaron todos sus derechos y, por último, se les masacró sin piedad.
En 1824 comenzó, en Argentina, la primera “campaña del desierto”, guerra de exterminio para expoliar de sus tierras a los indígenas. No obstante, el primer genocidio planificado de la era contemporánea ocurrió en Uruguay en 1831. Ese año, el presidente Fructuoso Rivera reunió con engaños a los charrúas en un sitio –macabramente bautizado después como “Salsipuedes”– donde 1.200 soldados exterminaron a los indígenas. Entre1860 y 1885, los mapuches sufrieron una guerra implacable del Ejército chileno. Todavía hoy, los pueblos indígenas luchan denodadamente por que se reconozcan sus derechos, y no pocos de ellos invocan –para quien quiera entender– títulos de la Corona española como prueba de sus derechos a las tierras ancestrales. Los indígenas fueron los grandes derrotados, sacrificados y olvidados de las guerras de independencia.
Los países, en fin, se vieron sumidos en cruentas, destructivas e interminables guerras civiles, cuartelazos e intervenciones extranjeras. México perdió, en 1849, la mitad de su territorio. Brasil obtuvo cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de sus vecinos. Las guerras limítrofes, alentadas por Inglaterra, fueron una inmensa tragedia para Paraguay, en 1870, y para Bolivia, en 1883. Inglaterra se apoderó de las Malvinas, Guyana, Belice y la Mosquitia. Latinoamérica, en 1860, estaba más pobre, arruinada y postrada que nunca.
En contra de lo que se afirma, las guerras de independencia fueron todo menos revolucionarias. Al revés. Constituyeron el mayor movimiento contrarrevolucionario de la historia regional, que apartó a Latinoamérica de los poderosos cambios que se dieron en Europa y EEUU entre 1830 y 1890. Reducida a neocolonia británica, la región no supo del Estado moderno ni del capitalismo, menos aún de revoluciones industriales. De todo ello Latinoamérica fue apartada y fue, el XIX, un siglo perdido. Las raíces de su subdesarrollo, justamente, están en ese siglo. No hubo recuperación hasta finales del XIX y, en muchos casos, hasta el XX. Recuperación tardía, pues para entonces EEUU era una potencia mundial y Latinoamérica una región anclada en el siglo XVIII. Doscientos años después, buena parte de esas estructuras siguen en pie. ¿Algo, en verdad, que celebrar?
Augusto Zamora R. es autor de ‘Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica, 200 años después’
Ilustración de Alberto Aragón
ISAAC ROSA
El sábado pasado los jóvenes del Partido Popular se corrieron una juerga ideológica en el congreso de las Nuevas Generaciones madrileñas. Los chicos jugaron a ser más de derechas que sus mayores, y a la juerga se sumaron dos viejos rockeros, José
María Aznar y Esperanza Aguirre, ue son como esos tíos marchosos que de vez en cuando salen de copas con sus sobrinos. En plena farra, la presidenta de la Comunidad de Madrid se marcó un baile en el centro de la pista que arrancó aplausos: cargó contra Ernesto Che Guevara, al que llamó “canalla”, y cuya figura contrapuso a la de Miguel Ángel Blanco, concejal popular asesinado por ETA hace 11 años, y al que consideró un “héroe”.
El ambiente ya lo había calentado Aznar, que arremetió contra los “progres apolillados y de pacotilla”, ante un público entregado, que reía todas las gracias, incluidas las de su líder juvenil, Pablo Casado, que ya había llamado “asesino” al Che. Pero en el caso de Esperanza Aguirre había algo más, un resentimiento previo.
El día antes, viernes, la presidenta fue al cine. Quería ver una vez más la película que ella misma encargó a José Luis Garci, sobre la lucha de los españoles contra el invasor francés en 1808. “Deme una entrada para la película esa, la de los guerrilleros”, pidió en taquilla, confiada. Como era un multicine, el taquillero se equivocó y la mandó a otra sala. Lo hizo sin mala intención, suponemos. Le dio una entrada para Che, el argentino, la película de Steven Soderbergh sobre la participación de Ernesto Guevara en la revolución cubana. Una película de guerrilleros, como le había pedido la ilustre espectadora.
De forma que nuestra desprevenida presidenta se sentó en su butaca, no para ver la épica lucha de los guerrilleros madrileños, sino la de los guerrilleros cubanos. Por supuesto, Aguirre se dio cuenta pronto del malentendido. Sin embargo, decidió esperar, darle una oportunidad a la inesperada película. Siendo norteamericano el director, pensó que vería un retrato monstruoso de los comunistas cubanos, con un Che sanguinario y errorista. Nada de eso. El comandante interpretado por Benicio del Toro no era despiadado ni criminal, como ella esperaba. Sólo fusilaba a unos pocos desertores delincuentes, y a cambio se mostraba muy preocupado por alfabetizar a sus guerrilleros.
Aquello era inaceptable: ¡un retrato amable del Che! Imaginamos lo cabreada que debió de salir del cine. Al día siguiente, de camino al Congreso, vio desde el coche oficial a unos chavales con camisetas del Che, que terminaron de calentarla. Así que lo de “canalla” fue hasta suave para lo que le pedía el cuerpo ese día.
¿Qué hacemos con el Che?, se pregunta la derecha. ¿Cómo acabar con su leyenda, que aún fascina a la cultura progresista en todo el mundo? ¿Cómo proteger a nuestros hijos de su influjo idealista que perdura? ¿Por qué tuvo que morir joven, en vez de envejecer para convertirse en alguien menos simpático, como Fidel Castro?
El Che es una figura peligrosa. Un icono poderoso que lo aguanta todo. La izquierda, hasta la más templada, lo mira aún con simpatía, frente a otros elementos de su pasado en los que ya no quiere mirarse, acomplejada. Pero sobre todo es una figura que, pese a los excesos iconográficos, sigue perteneciendo a la izquierda, no se ha apropiado de él la derecha, a diferencia de otras figuras y símbolos (pensemos en Azaña leído por Aznar, el lenguaje revolucionario usurpado por la industria publicitaria, la estética soviética como moda, o el pañuelo palestino de boutique que visten las pijas). Como no pueden apropiarse del Che, blanquearlo, despolitizarlo, lo mejor es destruirlo.
Pero el Che resiste los embates de quienes, tras ganar la Guerra Fría, exigen que la izquierda se arrodille, renuncie a su tradición de lucha y pida perdón por los errores del pasado. Pese a sus muchos complejos y su derrotismo, la izquierda aún sostiene al Che en lo alto, aunque en muchos casos sea una bandera más sentimental que política.
Enfrente tiene a esa derecha que, en el discurso de Aznar o Aguirre, se pretende sin complejos, sin pasado, sin pecado original, sin cadáveres en el armario. “Nosotros podemos asomarnos a la historia sin complejos y sin ataduras”, dijo Aguirre el sábado.
Es la ilusión de una derecha virginal, sin tradición, sin referentes molestos. Pero como tal, también es una derecha sin iconos. “En nuestras sedes no hay fotos que nos avergüencen”, dice Aguirre (olvidando la del presidente fundador, ex ministro franquista). Ni que les avergüencen ni que les enorgullezcan, añadimos.
Y es que, si el Che es el héroe de la izquierda, ¿cuáles son los iconos de la derecha? ¿Dónde están sus héroes? Los ideólogos de la FAES se refieren una y otra vez a tres personajes históricos por los que Aguirre, Aznar y sus jóvenes cachorros sienten devoción: Reagan, Thatcher y el Papa Wojtyla. Tal vez les sirvan como referentes ideológicos, pero reconocerán que, como iconos, dan poco juego. Ni el joven neocon más entusiasta se pondría una camiseta con el rostro de Reagan. De ahí a apropiación partidista de las víctimas del terrorismo etarra, una y otra vez. Miguel Ángel Blanco frente al Che Guevara, como una elección excluyente: su héroe frente a nuestro canalla.
Isaac Rosa es escritor. Su último libro es ‘El país del miedo’
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
La condena a prisión de 2 años y 7 meses de Francesc Argemí, el joven independentista que descolgó una bandera española en Terrassa, ha reabierto el debate sobre la protección de las instituciones y símbolos del Estado. Los valedores del severo correctivo, entre los que han despuntado algunos conspicuos dirigentes del Partido Popular, señalan que la protección reforzada de la bandera bicolor es necesaria para garantizar la convivencia y la unidad nacional. También sostienen que quienes la vituperan son “radicales” que no expresan ideas sino que incurren en actos de “incitación a la violencia”. Este tipo de juicios, sin embargo, oculta hechos y dobles raseros difíciles de soslayar.
El más patente es que la bandera española, al igual que la unidad del Estado, no se encuentran desprotegidas sino celosamente blindadas por el sistema político. En primer lugar, por lo que el británico Michael Billing ha llamado el “nacionalismo banal”. Este tipo de nacionalismo pocas veces es reconocido por quienes lo ejercen. No obstante, opera a través de mecanismos cotidianos como la presencia de los símbolos del Estado central en edificios oficiales, monedas, competiciones deportivas o sencillamente en el vocabulario asumido acríticamente por medios de comunicación, políticos y personajes públicos, entre otros. En segundo lugar, por el propio aparato coactivo estatal. Según la ley de banderas de 1981, tal insignia es signo de “unidad e integridad de la patria”. La preservación de estos valores es la finalidad que la Constitución española encomienda al Ejército en su artículo 8, un precepto sin parangón en el ámbito europeo que reproduce casi sin modificaciones el artículo 38 de la Ley Orgánica del Estado franquista. También son éstos, en definitiva, los bienes jurídicos que salvaguarda el delito de ultraje a la bandera, colocado sintomáticamente junto al de “ofensas a España”.
En teoría las banderas autonómicas también gozan en la actualidad de protección jurídica. En la práctica, sin embargo, los únicos agravios perseguidos, presentados casi siempre como desordenes públicos, son los que atañen a la bandera española. Toda la jurisprudencia del delito hace alusión a ultrajes a la nación española o al sentimiento de su unidad indivisible. En cambio, los grupos de extrema derecha que mancillan símbolos catalanes o vascos, a menudo de forma disruptiva, rara vez suelen tener problemas con la justicia.
La asimetría es evidente y la propia ley la refuerza. En 2002, el Partido Popular impulsó un pacto con el PSOE que asegurara la presencia en la Plaza Colón de Madrid de una enseña española de casi trescientos metros cuadrados en un mástil de cincuenta metros de altura. El propósito era que el ejército la izara, entre otros actos, durante el onomástico de Juan Carlos I y el día de la Hispanidad, hasta hace poco conocido como Día de la Raza. De esa manera, se intentaba reflejar el “lugar preferente y de honor” que la ley de 1981 reserva a la española respecto con cualquier otra autonómica.
Los intentos de minimización de los símbolos autonómicos se extienden igualmente a otros de importante carga político-histórica, como los republicanos. El republicanismo, como el independentismo, son idearios políticos considerados legítimos por el propio sistema constitucional español. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal solicitó recientemente una severa pena de prisión para el activista madrileño Jaume d’Urgell, quien, en un acto simbólico de “restitución democrática”, sustituyó en un edificio público la bandera rojigualda por una tricolor. Hace poco, también, la Guardia Civil irrumpió en un local de Izquierda Unida en Medina Sidonia, Cádiz, para incautar una bandera republicana por su supuesta “inconstitucionalidad”. Todo esto mientras la bandera franquista –la del escudo con águila de San Juan incluida– ondea sin mayores molestias en manifestaciones de la Iglesia o de la derecha política, así como en la fachada de locales regentados por nostálgicos de la dictadura.
En un contexto así, presentar las críticas a lo que la bandera española simboliza como gratuitos desahogos fanáticos que quebrantan gravemente la paz pública resulta un reduccionismo pueril. Más bien, suelen ser la reacción al uso prepotente y no pocas veces intemperante de un emblema que, aunque remozado, sigue representando para muchos una herencia del régimen franquista. La utilización de la bandera como arma arrojadiza por parte de la derecha más recalcitrante no hace sino confirmar esta percepción. Basta con recordar la ostentación patriotera del peñón de Perejil o las arengas inflamadas de Mariano Rajoy, cuando pedía “sin aspavientos, pero con orgullo” sacar a las calles las rojigualdas para “celebrar” el 12 de octubre.
En 1989, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Johnson versus Texas, consideró que la quema de la bandera por razones políticas debía entenderse como un ejercicio simbólico de libertad de expresión y no como un acto de instigación a la violencia. Hasta el muy conservador juez Antoni Scalia suscribió el fallo, motivado con un argumento decisivo: las invectivas contra la bandera, incluida su quema, deben admitirse precisamente porque la enseña norteamericana pretende, ante todo, ser un símbolo de libertad. Cuando se coteja esta realidad con la española, los interrogantes son ineludibles: ¿qué simboliza una bandera que necesita armarse con una coraza institucional y penal tan desmesurada? ¿Qué vuelve tan grave, como cantaba Brassens, el pecado de no “seguir al abanderado”?
Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Patrick Thomas
PASCUAL SERRANO
Los medios han recogido con alborozo la noticia de que los cubanos podrán comprar “libremente” aparatos electrodomésticos y alojarse en los hoteles del país, algo que hasta ahora no les estaba permitido. Por supuesto han recordado algunos críticos de la revolución cubana que los precios son prohibitivos. Comprar un aparato de DVD, una computadora o un televisor de más de 19 pulgadas será tan difícil para muchos cubanos como hasta ahora lo es para el habitante de un suburbio de Puerto Príncipe, un indígena chiapaneco, un campesino hondureño o un desempleado argentino. Lo que hasta hace unos días estaba prohibido por el Gobierno ha pasado a estar prohibido por el mercado. Es bueno que los cubanos conozcan que ésa es la libertad del capitalismo; ya han llegado a ella en lo referente a la compra de electrodomésticos. Porque han de saber que en la gran mayoría de los países de su entorno, fuera del socialismo, lo que se llama libertad es todo eso que se puede conseguir con dinero: libertad para viajar, libertad para alojarse en un hotel, libertad para comprar un automóvil, libertad para comprar espacio en un periódico, libertad para anunciarse como candidato a unas elecciones, libertad para elegir médico, libertad para llevar a sus hijos al colegio. Por eso dicen que se han “liberalizado” los frigoríficos y las televisiones en Cuba.
De Cuba se denuncian constantemente las prohibiciones gubernamentales, pero siempre se olvida que, en el
capitalismo, el dinero convierte en prohibido que el camarero de una marisquería de Madrid pueda sentarse allí con su esposa alguna vez como cliente, o que el albañil de un residencia céntrica o de un apartamento en la playa pueda ser propietario de una vivienda como la que está construyendo.
No es que yo critique la medida gubernamental y esté en contra de que los cubanos puedan comprar todos esos aparatos o alojarse en un hotel, pero es evidente que lo que se celebra fuera como un “avance” de la revolución, una “apertura”, no lo es para el cubano de a pie. No es un avance porque el mercado no lo es. Lo que les está pasando ahora a los cubanos con los electrodomésticos –que les dejan comprarlos, aunque no pueden por no tener dinero– es lo que sucede en la mayoría de países capitalistas con la sanidad, la educación o las opciones electorales. De modo que cuando les propongan continuar con las “aperturas” y las “liberalizaciones”, ya pueden imaginar lo que les pueden estar preparando.
En Cuba las disfunciones del socialismo –la mayoría inevitables ante las condiciones externas y el mercado globalizado– han provocado que algunos cubanos, por numerosas razones (remesas familiares de fuera, paladares, cuentapropistas legales o alegales, profesionales relacionados con el turismo o con empresas e instituciones extranjeras, etc…), puedan haber accedido a importantes sumas de dinero que ahora podrán destinar a esos bienes de consumo. Hace unas semanas un estudiante le preguntaba a Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, por qué si tenía mil dólares no podía viajar por ejemplo a Egipto, si el viaje costaba 400 dólares de ida y otros 400 de vuelta. Con su buena intención, esa ingenua pregunta estaba dejando en evidencia una mentalidad colonizada por el mercado. Si no hubiera actuado bajo el patrón ideológico capitalista, hubiera preguntado por qué un estudiante de historia del arte o un buen trabajador no puede ir de vacaciones a Egipto, independiente de que tenga o no los mil dólares. Efectivamente, quien proporciona la “libertad” para viajar de vacaciones a Egipto a quien tiene mil dólares es el capitalismo. A algunos hasta les asegura la “libertad” para ir todas las semanas si quisieran.
Quienes creemos en el socialismo también reivindicamos que los ciudadanos puedan viajar de vacaciones a Egipto, lo que nos diferencia del capitalismo es que no consideramos que la condición sea la de tener mil dólares, sino otras. Es verdad que en Cuba nadie puede viajar de vacaciones a países exóticos, porque en una sociedad justa nadie debería poder irse a hacer turismo a dos mil kilómetros mientras haya un niño que pase hambre o esté sin escolarizar. Y no seré yo quien diga que los cubanos no deberían tener derecho a viajar, tener un DVD o una televisión de grandes dimensiones. El director de Granma, Lázaro Barredo, lo ha explicado bien claro: “No es posible esperar a que se resuelvan más necesidades si no se trabaja más, si no se produce más”. Si en mi casa queremos tener otra silla para sentarnos tenemos dos opciones: o la fabricamos con nuestras manos o producimos algo para otro vecino que nos pueda ser intercambiado por dinero que nos permita ir al mercado a comprar la silla. En Cuba conviven dos tipos de monedas, el peso cubano y el peso convertible, creado a remolque de la divisa estadounidense, con un valor 25 veces mayor que el cubano. Si se desea que aumente el poder del peso cubano habrá que producir en casa más objetos para nuestro propio consumo (mejorar por ejemplo la producción agrícola) o para el consumo en nuestros países vecinos, a quienes se los vendamos a cambio de divisas con las que comprar a su vez productos que no fabricamos en casa y así abaratar su precio. Es decir, subir el valor del peso cubano con respecto al convertible.
Las medidas anunciadas de liberalización de la venta de electrodomésticos es sólo mercado, inevitable, pero mercado que sólo resuelve el deseo del adinerado. Para que los cubanos puedan acceder a esos productos es necesario un pueblo laborioso que aumente la producción y unos dirigentes inspirados en la equidad y la justicia social. No tengo ninguna duda de que las dos cosas las tiene Cuba, por eso estoy convencido de que, más pronto que tarde, esos productos y tantos otros de difícil acceso no serán sólo liberalizados, sino socializados, es decir, accesibles a la gran mayoría de los ciudadanos.
Pascual Serrano es periodista y autor de ‘Perlas 2. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación’.
Ilustración de Mikel Jaso
CARLOS GARAIKOETXEA
Han pasado cinco años desde que se perpetrara uno de los ataques más escandalosos a los derechos fundamentales, como la libertad de opinión, expresión y comunicación, con la orden de cierre cautelar del diario Egunkaria y el inicio de un procedimiento penal contra sus promotores. Ya sabemos las consecuencias definitivas que conlleva el eufemístico término “cautelar”: trabajadores a la calle, ataque gravísimo a los derechos fundamentales citados y hundimiento de un proyecto vital para la salud del euskara, al retirar de la circulación el único periódico diario escrito en esta lengua, gracias al esfuerzo benemérito de sus promotores y el sacrificio económico de gentes de toda condición, motivadas por su amor a una lengua cuya supervivencia ha venido siendo un milagro a lo largo de los siglos.
El procedimiento penal contra los impulsores del proyecto nos dejó estupefactos, especialmente a quienes habíamos conocido muy de cerca a algunos de ellos, como era el caso, entre otros, del propio presidente de Egunkaria Martin Ugalde, compañero entrañable en lides políticas, humanista y demócrata ejemplar donde los haya, y persona cuya trayectoria vital en la lucha por las libertades y los derechos humanos en su país y en el exilio eran bien conocidos, por lo visto, para cualquiera, menos para el juez de la Audiencia Nacional que adoptó la medida. Hubo de morir Martin Ugalde para que le devolvieran su dignidad, pero siguen pendientes de juicio sus compañeros de fatigas en la casi heroica tarea de sacar adelante el diario, metidos todos en el mismo saco de la sospecha y la indignidad, pese a la gran notoriedad de casi todos ellos por su exclusiva y brillante trayectoria en la defensa y el cultivo del euskara.
Como en otros casos, esta acometida indiscriminada contra los promotores y trabajadores de un diario pareció responder en su día al vendaval antidemocrático y las obsesiones del Gobierno de turno y de los sectores más reaccionarios de la judicatura. Esperábamos que en una nueva etapa de talantes y visiones progresistas en la interpretación del derecho, en su aplicación garantista y, muy en especial, en su respeto al principio básico de la presunción de inocencia, habría terminado este desgraciado asunto con el sobreseimiento del caso y su archivo definitivo. No parece que vaya a suceder tal cosa, a pesar de que no exista en este caso acusación pública (el fiscal solicita el sobreseimiento) sino simplemente la persistencia de una exclusiva acusación popular, cuyas peculiares características prefiero no calificar.
Lo cierto es que determinados informes policiales, elevados en su día a la categoría de pruebas periciales e incriminatorias, cuyo principal argumento consistiría en el aparente interés y los afanes de ETA por ejercer su influencia en el diario, están convirtiendo el caso Egunkaria en uno de los episodios más negros de una etapa de alarmante involución democrática. El cierre de un periódico es algo muy grave. Aun suponiendo, a efectos meramente dialécticos, que los afanes de ETA hubieran podido tener algún eco personal concreto en el entorno de Egunkaria (¡qué medio de comunicación no es pieza codiciada para cualquier grupo político o social…!), basarse en esos presuntos intentos para lanzar una acometida indiscriminada e irreparable contra un periódico cuyo objetivo fundamental es mejorar la salud de una lengua milenaria en trance difícil; desdeñar la grave conculcación de la libertad de expresión, opinión y comunicación que implica el cierre de un periódico; ignorar la situación de trabajadores ajenos a las obsesiones políticas que envuelven ese cierre, y arremeter indiscriminadamente en un proceso penal contra los impulsores de un proyecto que sólo ha significado para ellos sacrificio personal en defensa de la cultura y la lengua, constituye un escándalo impropio de una sociedad democrática.
Esperemos que, por fin, alguien sea capaz de hacer que en este desgraciado caso acabe imperando el buen sentido.
Carlos Garaikoetxea es ex presidente del Gobierno vasco
Ilustración de Patrick Thomas
JAVIER SÁDABA
Recientemente, alguien muy cercano me comentaba que si no escribía era porque no tenía nada que decir o lo que tenía que decir, no se lo iban a publicar. Entiendo perfectamente su postura. Sin embargo, yo me dispongo a escribir. Si le entiendo es porque el ruido ambiental es ensordecedor, las tribus se han apoderado de cualquier ideología que les sirva para que el sistema siga funcionando y se expulsa a las tinieblas exteriores a quien no piense dentro del círculo del poder.
Y se estimula y da escenario a quienes, desde la más insignificante relevancia política, son usados para dar la sensación de que la democracia no está muerta. Me decido a escribir por si acaso. Dicho de otra forma, porque a pesar de todo, con escepticismo y contra casi toda esperanza, uno se hace la ilusión de que tal vez la palabra tenga eco o, por lo menos, moleste; que no es poco en una situación como la actual, que de apocalíptica no tiene, por cierto, mucho, pero de mezquina e intrascendente, bastante.
Es en este sentido en el que me gustaría acercarme a lo que se llama crisis, desaparición, minimización o absorción de lo que se ha entendido por una izquierda emancipatoria.
De esto, al menos de vez en cuando, se habla. Y suele hacerse desde dos perspectivas. Una es más moderada. La otra, más radical. La primera se plantea la reforma del sistema desde dentro de lo que funciona como políticamente correcto. Y, así, se cuestiona la ley electoral, la financiación de los partidos, la mejora de las clases menos favorecidas, la participación política de la gente o cosas semejantes.
La otra se coloca en una actitud de alternativa al sistema y, aunque sin una brújula que oriente hacia un puerto seguro, rechaza el modelo económico y la misma forma de democracia, tal y como ésta se manifiesta a través de los tentáculos de los artidos políticos.
La más moderada acostumbra a ser invitada a coloquios o reuniones en las que, desde algún residuo izquierdista, se protesta, siempre dentro de límites muy estrechos, contra lo que realmente se vive en el mundo de lo político. Los segundos raramente asoman la cabeza en las distintas plataformas que circulan por nuestra sociedad. Se mantienen más a la sombra, unidos a movimientos o grupos internacionales y siempre tienen encima el estigma de ser tildados de proviolentos, marginales de vocación o simplemente ingenuos. La primera, en fin, intenta sacar todo su jugo a una socialdemocracia alicaída. La segunda busca desesperadamente una salida al cuello de botella en el que se ha metido la democracia, arrollada por este capitalismo del siglo XXI.
No negaré que las dos tienen su punto. Sólo que la primera suele acabar en comparsa y la segunda todo lo apuesta a un futuro del que aún no se ve ni siquiera un resquicio. Lo cual no quiere decir que el altermundismo no contenga una fuerza moral que en cualquier momento sea explosiva. Precisamente en relación con esto último se me ocurre volver a algunas propuestas que, sin duda, no son nada nuevas. Pero a veces la cuestión no es decir algo nuevo sino decirlo de nuevo. Porque tenemos la funesta manía de olvidar lo que nos es más querido. Pasemos a ellas.
En primer lugar, dejar de considerar intocables los tabúes que se nos han impuesto desde la transición. Un ejemplo de tales tabúes lo tenemos en la condena al semanario El Jueves. No se trata de faltar al respeto a nadie. Se trata de mostrar que se debe exigir la igualdad de todos ante la ley o que, por ejemplo, lo que sucede en el País Vasco interesa y, por lo tanto, todos han de tener voz. ¿Nos imaginamos, sin embargo, un programa de televisión con la participación de un miembro de Batasuna y al que se le dejara hablar sin insultarle? Recuperemos, en consecuencia, la libertad de expresar lo que Chomsky llamó “lo tácito”, “lo intocable”. No sé muy bien desde dónde, pero, al menos, que se intente.
En segundo lugar, no estaría de más recuperar la esencia del pensamiento libertario. No se trata tampoco de resucitar viejas siglas o modos de actuar que perdieron interés por su atrincheramiento y falta de contacto con el resto de la sociedad. Existe un principio, dentro de la tradición citada, que es esencial: la lucha contra el poder por el poder, contra un poder que, en vez de representar, rapta votos. En muchos casos, la abstención es el mejor camino para desautorizar a los que, más por posición que por oposición, mandan, Y, en tercer lugar, unido, desde luego, a lo anterior, busquemos los puntos débiles de la sociedad, aquéllos en los que se puede actuar y de esta manera ir sembrando la semilla de lo que podría ser más adelante una política digna de ese nombre.
En caso contrario seguiremos dando marcha a una forma de hacer política que se basa en la ficción de dos alternativas distintas, aunque en el fondo, si no en la superficie, son bastante parecidas. Así se entra en la noria de unas votaciones que quitan y ponen más para hacer el juego de la democracia que para crear democracia; o en la fábula de las promesas y en la retórica que sólo busca la movilización a las urnas y hacer un hueco a los partidos políticos.
Se me objetará que esto es viejo y que no dio resultado. O que indique cuáles son los mecanismos o palancas a través de los cuales se podría realizar lo propuesto. Reconozco que efectivamente es añejo, pero aun así creo que debería estar en la discusión pública. Y, respecto a los medios a utilizar, no me queda más remedio que volver a los clásicos: la única esperanza para los vencidos es no esperar salvación alguna. Traducido a lo que vengo diciendo: la única esperanza consiste en creer que desde la derrota puede desvelarse un ámbito de libertad, una idea de cambio que nos haga, cuando menos se sospeche, más libres. A todos.
Javier Sádaba es Catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid
