Fernando Prieto
Especialista en estadísticas de energía, medio ambiente y sostenibilidad. Coautor de La Evaluación de Energías Renovables (Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas) 

Luz y taquígrafos: un ejercicio de transparencia que deben hacer ante los ciudadanos las empresas del sector eléctrico y el gobierno. Sí o sí. Cuanto antes. No es ni un tema menor ni un asunto que pueda esperar.

El estado actual del sector eléctrico es de una enorme confusión. Diferentes ayudas, primas, subvenciones, constantes cambios de precios, de normativa, incluso con carácter retroactivo han generado un enorme desconcierto e inseguridad jurídica. En este artículo se propone, un enfoque científico, alejado de todo interés que no sea el público, con los criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia y sostenibilidad. Una especie de "tabla rasa", una aproximación científica basada en evidencias de los costes y beneficios, basado en los mejores datos disponibles que ponga orden en este estratégico sector, es decir luz y taquígrafos. Este sector no es comparable a otros sectores de la economía. La energía es insustituible y es imprescindible para cualquier tipo de actividad. Quizás solo se puede comparar con el agua como recurso  estratégico que debe ser especialmente gestionado. El objetivo final es evidente, apostar por tecnologías y soluciones que sean las más baratas, disminuir la dependencia energética que supone un gran cantidad de salida de divisas por los combustibles fósiles que aquí no tenemos, disminuir las emisiones de CO₂ asociado a la imprescindible descarbonización de la economía (OCDE habla de emisiones cero..![i]) , menores impactos ambientales, a ser posible con combustibles inagotables, que generen empleos, y en definitiva apueste por una energía barata en una economía competitiva e innovadora.

Desde aquí se apuntan cuales pueden ser las claves, desde nuestro punto de vista,  para solucionar este embrollo, por llamarlo de una forma amable,  de una forma racional, desapasionada y justa para todos los sectores, y sobre todo para la sociedad, que es la que finalmente está pagando desde la primera factura de los recibos de la luz hasta los sueldos de los consejos de administración de estas empresas.

El escenario es complicado: España tiene una elevada tasa de dependencia energética, de las mayores de Europa, cifrada en un 75%, y que además depende de países que tradicionalmente se caracterizan por tensiones geopolíticas, por otra parte, con unas emisiones de CO₂ que hay que reducir según la Estrategia de la Unión Europea de 2030. Con una intensidad energética, medida como consumo energético por unidad de PIB, importante. Pero también con una posición envidiable respecto al recurso sol (elevada insolación), agua (elevadas pendientes) y aire (topografía y situación geográfica), con unas empresas consolidadas gracias a la protección del estado y de la aportación excesiva vía facturas, de tantos años de los ciudadanos, que son líderes mundiales en su sector. Por otra parte, posee una adecuada red de distribución y una gestión puntera internacional de integración del sector renovable gracias a la empresa pública Red Eléctrica. Además España posee unas interconexiones internacionales muy limitadas.

En el sector eléctrico existen varios actores enfrentados, básicamente las cinco energéticas convencionales, que ya llevan muchos años en el mercado, agrupadas en torno a UNESA que han formado un monopolio, (de las cuales 3 son de capital extranjero) y que tienen centrales hidroeléctricas, nucleares, de carbón y gas, -aunque también con importante participación en eólicas- y por otra parte, en torno a las energías renovables, un sector mucho más diversificado y amplio, empresas recién llegadas el sector eólico, termosolar, fotovoltaico, etc., con diferentes intereses y tamaños, pero que en general, empresas, que a esta altura de la película, ya no pueden considerarse como ONGs y que han llegado para quedarse. Además, en un sector concreto, en  el fotovoltaico miles de familias y pequeños empresarios, (unos 55.000 inversores) y también fondos de inversión invirtieron importantes sumas de acuerdo a la legislación vigente en ese momento. La enorme confusión mediática está determinada porque los analistas suelen estar pagados por uno u otro sector. Es decir eléctricas convencionales o energías renovables, que en muchas ocasiones gozan de gran publicidad según los medios y bancos participados por las distintas eléctricas. También hay ex altos cargos que en muchas ocasiones llama la atención el porqué no hicieron lo que dicen que hay que hacer cuando tenían responsabilidades, por ejemplo apoyar la energía distribuida y el autoabastecimiento, etc. Los intereses están apuntalados por décadas de dominio de una situación y nuevos llegados que les gustaría alcanzar los mismos privilegios que los que ya estaban allí.

El guión es conocido.[ii] Hay pocos sectores tan dependientes de la legislación. Está totalmente regulado e intervenido de hecho, y es evidente que los beneficios de estas empresas e incluso la supervivencia de las mismas dependen del BOE. Eléctricas y petroleras, con sus importantísimos intereses creados, fichan a los  ex políticos de los partidos mayoritarios para sus consejos de administración y al revés. Hace unos días por fin un expresidente del gobierno dejó un consejo de administración. Así, existen subvenciones al carbón, en 1997 el Gobierno cuantificó en 8.600 millones de euros el Coste de la Transición a la Competencia para adaptarse a una nueva situación energética, fijando para ello unas compensaciones a las centrales nucleares y las hidráulicas por las inversiones realizadas, a pagar durante los siguientes diez años, subvenciones al sistema gasístico, almacenes innecesarios y mal diseñados como el Castor, primas a las renovables, (estimadas en unos 50.000 millones en 20 años) , concesiones que nunca se acaban de docenas de años a las hidroeléctricas, etc.. y en definitiva una planificación a medida no del país o de los consumidores sino de las diferentes empresas con sus propios intereses. En este punto de la falta de planificación volveremos después ya que es la clave de todo lo que está pasando.

Las empresas integradas en UNESA doblan en beneficios a las empresas europeas del mismo sector[iii] (de 7,6% a 3,1% en los cinco últimos periodos semestrales con datos) y en los últimos 5 años de crisis (crisis?) han aumentado año tras años sus beneficios netos antes o después de impuestos, y su capitalización bursátil. Mientras todos los sectores en España, excepto el turismo la han sufrido de una manera muy importante. No es de extrañar, por ello, el alto interés de capital extranjero en estas inversiones y que tres de las cinco ya no sean españolas. El sector de las renovables, ha sido hasta ahora, uno de los pocos sectores internacionalmente competitivos en los que España,[iv] también gracias a todos los ciudadanos,  tiene ventaja comparativa y que va a suponer, según Bloomberg, el 70% de las inversiones en nuevas centrales en todo el mundo hasta 2030. En todo ese proceso ha habido una inestabilidad regulatoria muy importante que ha determinado cientos de denuncias contradictorias. El ministro Sebastián realizó docenas y docenas de decretos produciendo una inseguridad jurídica, situación repetida por el ministro Soria que nos ha llevado a docenas de pleitos incluso internacionales de incierto resultado. El sector fotovoltaico tiene un importante efecto sobre la población ya que son 60.500 instalaciones de energía fotovoltaica conectadas, [v]por oposición a otras tecnologías donde la planificación afecta a tan solo unas cuantas empresas.

El tema clave del déficit tarifario debe ser especialmente analizado. No está nada claro que las formulas que calculan el déficit desde el principio reflejen nada más que un desiderátum de lo que quieren ganar las compañías. Los valores que originaron el déficit no respondan a ningún parámetro que haya sido auditado y presentado en público. Tres momentos claves en el tema del déficit de tarifa. Uno cuando se creó con el gobierno de Aznar por su ministro Rato, dos cuando en el gobierno de Zapatero la deuda se titulizó y la asumió el estado, es decir todos los ciudadanos, y tres cuando se introdujeron las renovables dentro del cálculo del mismo. ¿A alguien se le ocurre una situación similar en otro sector? Una deuda similar en telecomunicaciones o en cualquier servicio básico que debemos pagar los próximos decenios, mientras pagamos actualmente la energía más cara de Europa? El despiste del propio gobierno es fenomenal. A principio de 2013, el ministro Soria aseguró que habría incluso un superávit; después, que el déficit de este año sería cero. Al final, el déficit ha sido 3.682 millones de euros en 2013, según la decimotercera de las catorce liquidaciones efectuadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). [vi]La afirmación que el déficit de tarifa se produce porque los costes reconocidos son superiores a los ingresos de la parte regulada del sistema eléctrico, es sencillamente falsa y debe ser comprobada cuales son esos costes reconocidos y por quien. No se puede ser juez y parte.

Mientras, todos los ciudadanos y empresarios, asistimos atónitos al espectáculo ofrecido y pagamos unas de las tarifas domesticas e industriales más altas de Europa. Entre 2003 y 2011 la tarifa ha subido un 63% poniendo a España como país más caro de la UE, solo superado por las islas Chipre e Irlanda y que continúa subiendo. Parece que se legisla para las propias eléctricas y no buscando la competitividad y la innovación y que finalmente podía redundar en el bien común para todos los ciudadanos y la propia economía en general.