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Algo se mueve en las conversaciones entre gobierno y sindicatos para la reforma de las pensiones, a tenor de la rebaja en el tono de las declaraciones de los representantes de cada bando. El gobierno ya deja entrever que la jubilación a los 67 años no es café para todos, sino una medida flexible; es decir, que habrá que considerar las circunstancias de cada puesto de trabajo (no es lógico que un minero se jubile a la misma edad que un profesor de latín... con lo durísima que es la profesión de profesor de latín). Los sindicatos, aunque siguen poniendo ese alargamiento de la fecha de jubilación como la línea roja que no se puede traspasar, siguen trabajando, sin levantarse de la mesa, por lo que consideran "un pacto global" que incluya, por ejemplo, la negociación colectiva o las políticas activas de las que tanto hablamos y que nadie sabe concretar.

Rubalcaba, que cada día tiene más cara de sucesor, seguía invocando ayer la cifra mágica de 67 años, como si se tratase de un compromiso irrenunciable, para que los que pujan por nuestra deuda soberana comprueben que estamos cocinando nuestra crisis con las recetas neoliberales que nos han impuesto los mismos que han provocado nuestra crisis.

Decía Rubalcaba que "saldremos de la crisis pero no haciendo lo mismo ni de la misma manera". Los sindicatos se preguntan quién pagará la nueva estrategia. Temen que los gobiernos, en lugar de hacer cosas distintas, como por ejemplo, impedir que el dinero especulativo siga huido de la economía real y provoque en todo el mundo, con el alza de los precios, la muerte por hambre de miles de personas al día, lo verdaderamente distinto que terminen haciendo sea acabar con el Estado del bienestar.