Rosa Martínez

Portavoz de I+D+i del grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comù Podem – En Marea. Coportavoz de EQUO

Hace unos días saltó la noticia de que el presidente del CSIC, Francisco Lora-Tamayo habría desautorizado un informe firmado por científicos del CSIC que cuestionaba la construcción del proyecto gasístico en Doñana. Lo hizo mediante una carta (cuyo contenido exacto se desconoce) a la promotora del proyecto, Gas Natural Fenosa. El citado informe se elaboró a petición del Defensor del Pueblo Andaluz, puesto que el presidente ya había dejado claro con anterioridad que el CSIC no intervendría en este proyecto salvo que se les llamara, tal y como cuenta con todo detalle Ricardo Gamaza en su blog.

El proyecto gasista de Doñana enfrenta el interés general con el interés particular de una gran eléctrica. La infraestructura no es necesaria ni ahora ni en el futuro y la única explicación lógica para el empecinamiento en este proyecto tiene que ver con las retribuciones que Gas Natural recibirá por su construcción a costa de la factura del gas de hogares y empresas. El emplazamiento elegido además supone una amenaza a una de las reservas naturales más importantes de Europa, patrimonio y parte de la identidad de Huelva y Andalucía.

¿Por qué el presidente de la institución científica de referencia en España se niega a que se elaboren informes que sirvan para tomar decisiones políticas informadas y basadas en datos objetivos en una cuestión de tanta trascendencia como es la conservación de Doñana?

La respuesta es evidente cuando sabemos a quién debe Francisco Lora-Tamayo (y todos los presidentes del CSIC antes que él) su puesto: al gobierno y a los intereses de esa trama que hunde sus tentáculos también en la ciencia de nuestro país. Ahí reside su lealtad. No en los científicos que conforman su institución, no en los trabajadores a los que debería defender y representar, no a la ciencia como herramienta para generar conocimiento, no. El Presidente del CSIC (se llame como se llame) sabe muy bien quién le ha designado y quién le puede revocar.

El presidente, un rasgo heredado del franquismo, no se nombra mediante un proceso transparente y abierto en el que participen los miembros del CSIC o, en su defecto, el Parlamento, sino que es el Gobierno el que lo nombra directamente. Pero es que además, la elección suele estar acompañada de una catarata de cambios a todos los niveles: coordinadores de área, directores de instituto... relevos que responden al nuevo equilibrio de poder, a qué partido del turno ocupa, en esos momentos, la Presidencia del Gobierno. En ningún caso a criterios científicos ni democráticos. Lo que abre la puerta al nepotismo y al ajuste de cuentas políticas, como fue la destitución del anterior director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, cuando criticó la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Estas prácticas hacen del CSIC una institución franquista, no porque el dictador la fundase, sino porque las estructuras y relaciones de poder se mantienen prácticamente intactas desde entonces. Otro ejemplo, para el nombramiento de los directores de cada instituto (donde se lleva a cabo la actividad científica) el Claustro vota al candidato que cree más idóneo entre los nombres recibidos y se genera un informe, que se eleva a la presidencia del CSIC.

¿Qué ocurre? Que el informe que llega al presidente, con un nombre apoyado mayoritariamente por los componentes del claustro, no es vinculante. Es el presidente, una vez escuchado el claustro (de la misma forma que Franco "escuchaba" a sus ministros), el que decide el nombre del director del instituto. Es decir, existe una decisión democrática, tomada por un Claustro en el que se encuentran representados todos los miembros del instituto, que el presidente puede respetarla o no. Y aunque lo normal sería que la elección del Presidente coincida con la del Claustro, ha habido casos en los que no ha sido así.

Creo que es el momento de cambiar esta situación. El próximo periodo de sesiones puede ser el momento idóneo para abordar una reforma del CSIC que pase por la democratización de la institución. El CSIC no debe estar sujeto a vaivenes políticos, ni los resultados de sus investigaciones científicas sujetas al interés político del gobierno de turno.

La transparencia, la democracia y los criterios científicos son los principios que deben guiar el funcionamiento del CSIC, y sobre esto los científicos y científicas del CSIC seguro que tienen mucho que decir. Pero la primera tarea que deberíamos abordar sería la de cambiar la forma de elección del presidente del Consejo, para acabar de una vez con su subordinación al Gobierno que lo nombra (y lo cesa) a su discreción.

Si se ha abordado la reforma de elección del presidente de RTVE y en el debate político están los procesos de nombramiento para garantizar la independencia de los cargos de la CNMC, por ejemplo ¿a qué estamos esperando para democratizar el CSIC?