Hay que intentar imaginar su vía crucis para calibrar el grado de valentía que se exige a las mujeres víctimas de explotación sexual antes de que el Estado las considere merecedoras de una ayuda.

Primero caen en manos de desaprensivos que las obligan a prostituirse en España. Deben sobrevivir asqueadas a diario con ellas mismas y, en muchos casos, temiendo por sus vidas y las de los familiares que dejaron en sus países de origen, con cuya integridad física suelen chantajearlas sus patrones/secuestradores.

Puede que alguna sea lo bastante espabilada como para pertenecer a ese exiguo 41% de ciudadanos que declara conocer a la ministra Bibiana Aído (según el Publiscopio sobre valoración de los ministros publicado ayer en este diario), pero es aún más improbable que además esté informada sobre las iniciativas que Igualdad ha llevado a cabo en este año de mandato. En el Departamento de Aído andaban hasta hace poco más escasos de medios que de competencias. Y para que la batalla contra la trata de mujeres, contra las redes de prostitución organizada, dé frutos hace falta que además de mucha voluntad (Aído la tiene), el Gobierno ponga recursos. Hasta ahora, no consta que equipos policiales especiales recorran los clubs de carretera informando a las mujeres de sus derechos.

A las que superan el miedo y se deciden a denunciar, el Plan contra la Trata les promete protección inmediata y permiso de residencia. Pero en la práctica, la protección es relativa y la residencia sólo llega si la investigación sobre la red de prostitución denunciada da frutos a la Policía.

Son demasiadas exigencias para quien ha demostrado ser valiente y sólo necesita sentirse a salvo.