El gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos va a ser noticia durante mucho tiempo. Lo fue cuando sólo era una posibilidad remota, lo fue cuando lo exigía por activa y por pasiva buena parte de la masa votante de ambos partidos y lo será cada día que se mantenga en pie.

Las derechas, rabiosas y dementes, han declarado su total acoso y derribo al nuevo ejecutivo. Y es que hay derrotas que duelen. A pesar del hartazgo que generó entre la población el "bucle electoral" lo cierto es que los resultados reflejan que hay una mayoría que no quiere a Casado en La Moncloa con Abascal subido a lomos de Ortega Smith cantando El novio de la muerte por las calles. Pero también les duele porque el contexto internacional hacía pensar a estos reaccionarios de toda la vida que en España también iban a arrasar. Y, siendo honestos, cuando uno ve a los Trump, Bolsonaro, Johnson al frente de sus respectivos países, comprende que la derecha española se hiciese grandes ilusiones. De momento toca chupar banquillo. Son cosas de la democracia, esas que como bien dicen ellos "con Franco no pasaban".

La realidad es que –ahora sí- PSOE y UP se pusieron de acuerdo en un programa de gobierno y negociaron con otras fuerzas del Parlamento para sacar la investidura adelante. Y más allá de la opinión que podamos tener respecto a lo que puede suponer para Unidas Podemos entrar a gobernar con el PSOE en una coalición como socio minoritario, lo cierto es que, desde los años treinta del siglo pasado, no se había vuelto a ver esta fórmula en nuestro país.

Este gobierno puede suponer al menos un impasse en la avalancha de políticas de austeridad que las y los trabajadores hemos venido soportando desde hace más de una década. Parece lógico que este Consejo de Ministros, al no ser el deseado por los grandes poderes (económicos y políticos) y las familias de super ricos que llevan mandando en España tanto tiempo, tenga que buscar en la base votante de ambos partidos (mayoritariamente gente trabajadora y de capas populares) los apoyos necesarios para llevar a cabo su acción de gobierno y mantener su posición.

Lograr revertir políticas que han supuesto un empobrecimiento enorme de la mayoría trabajadora así como un deterioro de la democracia y las instituciones representativas (que no se nos olviden las cloacas y la policía política en manos del Partido Popular) es un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad que se abre en este nuevo ciclo político.

Medidas como la subida de las pensiones y del SMI son pequeños logros que en la vida de millones de personas resultan ser tremendamente cruciales y que, con otros partidos en el gobierno, no estarían en la agenda - o, de estarlo, serían abordadas en términos negativos, para seguir devaluando nuestras vidas. Precisamente por ello, es del todo necesario que entendamos cuál ha de ser la actitud de las organizaciones sociales (políticas, sindicales, vecinales y otro tipo de movimientos) ante la situación actual.

Como miembro de varias de estas organizaciones sociales considero que sería un error colectivo imperdonable adoptar una actitud pasiva, que se resumiría en "yo ya he hecho lo mío votándoles, hora que arreglen todo esto". Para darse cuenta de que si no hay un fuerte impulso por parte de los movimientos sociales (especialmente de las organizaciones del mundo del trabajo) será difícil promover grandes medidas políticas que supongan cambios relevantes en la vida de la gente, basta con un rápido análisis del contexto al que nos enfrentamos.

Por un lado tenemos la feroz oposición política y mediática dirigida por las derechas y auspiciada por los grandes empresarios. Les vemos actuar cada día en sus medios de comunicación, vaticinando el fin del mundo y la destrucción de España, llegando incluso a cuestionar la legitimidad del gobierno actual. Toda propuesta del nuevo gobierno les parece inaceptable, extrema, intolerable. Hasta cuando hablamos de subir 50 euros el salario de trabajadores no sujetos a convenio para alcanzar los 950€ mensuales. La cuestión es ¿inaceptable para quién? Lo que sí resulta inaceptable es que a pesar de que la riqueza es generada íntegramente por la clase trabajadora, las rentas del capital no paren de aumentar en detrimento de las del trabajo, como reflejaba recientemente el informe de la OIT.

Por otro, tampoco podemos olvidar que una coalición con el PSOE va a estar sometida a toda una serie de contradicciones, algunas de las cuales van a ser importantes y difíciles de gestionar. El partido de Sánchez lleva décadas, a pesar de tener una base social principalmente obrera, actuando principalmente en favor de los intereses de los grandes empresarios privados, del IBEX-35 - que, recordemos, presionaron en su día para un gobierno Sánchez-Rivera... El mismo Sánchez que declaraba hace pocos meses que no dormiría bien con ministros de Podemos en su gabinete. La obediencia a la "estabilidad presupuestaria" dictada desde Bruselas, el proceso de derogación de la Reforma Laboral de 2012, la transición energética, la cuestión catalana, etc, van a generar tensiones dentro del Gobierno, que está por ver cómo se resuelven.

Personalmente, no me cabe duda de que la izquierda que representan Unidas Podemos (y sus confluencias) ha entrado al gobierno buscando jugar un papel trascendente en la política española que afecte en positivo a la vida de millones de personas. Sus cabezas más visibles dicen que necesitan el impulso de la calle, de los sindicatos, asociaciones, etc, para sacar adelante medidas progresistas. Al mismo tiempo, desde algunos sectores de la izquierda extraparlamentaria se defiende la necesidad de trabajar y pelear en común para hacer efectivas las iniciativas más favorables para la mayoría social e incluso poner encima de la mesa otras propuestas a las que no llega el programa de gobierno - como podría ser la creación de un entramado de empresas públicas gestionadas de forma democrática para no dejar hacer y deshacer a la iniciativa privada lo que quiera con nuestra economía, tomar medidas para protegernos de una más que presumible nueva recesión económica o para dirigir la lucha contra el cambio climático bajo una óptica democrática.

El cambio social va más allá de apoyar un gobierno de coalición, de tener ministerios en manos de Unidas Podemos y de pisar la calle. Es ante todo una cuestión de correlación de fuerzas, de capacidad efectiva para promover transformaciones, más o menos profundas. Quienes conformamos el movimiento obrero y popular tenemos la responsabilidad de trabajar colectivamente para poder seguir avanzando socialmente. Y para ello es necesario reforzar nuestras organizaciones e igualar, como mínimo, las presiones y el lawfare que la derecha y la patronal ejercen sobre el nuevo gobierno. Lejos de pensar que se ha hecho lo más difícil, toca apretar y mucho. Ahora más que nunca.

Mario Murillo (@MarioMurilloPTD)

Trabajador de Correos y sindicalista

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