Respeto a las decisiones judiciales

También los jueces deberían respetar las decisiones judiciales. Las acciones políticas de miembros del Consejo General del Poder Judicial –cuyo vicepresidente, De Rosa, dijo el día que se anunció el posible procesamiento de Camps que Garzón podría estar prevaricando– no son una cuestión menor. Recuerdo cuando elaboraron unos informes en los que mostraron sus objeciones a la ley de matrimonio homosexual o al Estatut de Catalunya, sin que formara parte de su cometido ni se lo hubieran solicitado, en un ejercicio de agitación política que coincidía con las tesis del PP.
Este tipo de actitudes, repetida, acaba calando por ósmosis en la sociedad española, que mira con desconfianza a la institución. La portavoz del PP, al enterarse de la inhabilitación del juez Garzón, ha dicho: “Toda persona, sea juez o de cualquier otra profesión, está sujeta a la ley con absoluta igualdad”. Pues habrá que recordarle que no, que el mismo juez Varela, que consideró en el caso Botín que la acusación popular no era suficiente para abrir un juicio oral –postura que mantuvo en el caso Atutxa, insistiendo en el “principio de universalización de las doctrinas dictadas por el Supremo”–, obvia ahora esos argumentos para seguir adelante con el procedimiento contra Garzón enfrentándose a la fiscalía y sólo con la acusación popular del sindicato Manos Limpias, al que Varela asesora, corrige y da plazo para que no cometa delito de forma, y cuya acusación se basa, en parte, precisamente, en autos del juez instructor contra el propio acusado: clama al cielo. Señora De Cospedal, permítame contradecirla afirmando que, por lo menos, Botín y Atutxa, ante la ley, no son iguales a Garzón.