El ‘molt honorable ‘Francisco Camp
Estoy cansada de ver cómo se las arregla el molt honorable Francisco Camps para salirse con la suya. Ha toreado a la Justicia, pasa de dar explicaciones en las Cortes, nunca contesta a las preguntas referidas a su imputación en la trama Gürtel y, además, critica la gestión del Gobierno. Pronto habrá elecciones y, como Rajoy no movía ficha, pues no se atreve a designarlo como candidato por la Comunidad Valenciana, él mismo se ha proclamado candidato en una reunión urgente. Me pregunto: ¿qué le deberá el PP para aguantar tantas rabietas?
Camps dice que todos los valencianos le apoyan y que se siente arropado. Sin embargo, somos muchos los que sabemos de sus corruptelas y, por tanto, no queremos que esté cuatro años más en el Govern. Si hay un dios, como él dice, espero que lo ponga en su sitio.
Carmen González Lago Mislata (Valencia)

La distinta percepción de las proporciones
La dirección nacional del Partido Popular considera "desproporcionado" que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por un delito continuado de cohecho pasivo en la causa de los supuestos trajes recibidos de la trama Gürtel. Y muchos ciudadanos también consideramos desproporcionado que un servidor público que se aprovecha de su cargo para beneficio personal siga gobernando.
Josep Robert Reig Miró Barcelona

Increíble prórroga de las centrales nucleares
¿Qué pensarían de una empresa de aviación que decidiese prorrogar la vida útil de sus aviones más allá de lo reglamentado argumentando que de ese modo se abarataría el coste de los vuelos? ¿O de una empresa de transporte de viajeros por carretera que hiciese lo mismo con sus autobuses? Pues eso mismo, ni más ni menos, es lo que han logrado las eléctricas en España con sus centrales nucleares. Y con el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Igualdad de género para mujeres y hombres
La custodia compartida es el primer paso para iniciar una transición a un estado natural y justo tras una ruptura matrimonial. Si, de inicio, una de las partes (la mujer) es beneficiada otorgándosele la casa, la custodia de los niños, el coche, etc., se siembra discordia. Hace décadas que muchos hombres apoyamos la emancipación de la mujer y la igualdad de género, trabajamos también en las labores de casa y en el cuidado de nuestros hijos. Sin embargo, la legislación actual no contempla esta revolución pacífica de los hombres, por la que muchos renunciamos hace años a cualquier privilegio y llevamos las tareas del hogar con el orgullo de sentirnos capacitados y no dependientes –como sucedía antaño– respecto a la figura de la mujer. Antiguamente, un hombre no sabía valerse por sí mismo; hoy, sí. Pese a esto, tras una separación o divorcio, la ley aún discrimina a los hombres. Por ejemplo, en Aragón y Catalunya, ya se aplica la custodia compartida, pero en el Congreso, sin embargo, hay sectores progresistas que no apoyan esta iniciativa, curiosamente respaldada por los populares. No se puede seguir repitiendo el cliché feminista del siglo XIX para causar una nueva discriminación entre el colectivo de padres. Las feministas actuales, en su mayoría, aplauden y desean asimismo la custodia compartida, ya que las libera del papel preestablecido de ama de casa, abriendo su abanico de posibilidades laborales y de desarrollo personal.
Julio Tapia Benalmádena (Málaga)

El apartheid cultural que practica el PP en el País Valencià
El pasado día 17 ocurrió un hecho que pasará desapercibido para la mayoría, pero que ha dejado a miles de ciudadanos y ciudadanas del País Valencià sumidos en una profunda tristeza e indignación difícilmente explicable. Las presiones administrativas del Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps, obligaron a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a apagar los repetidores que reproducían la señal de TV3 en el territorio valenciano desde los años 80.
La persecución ideológica del PP valenciano hacia todo lo catalán ha llegado a su máximo exponente modificando leyes para imponer sanciones de 120.000 euros al mes si ACPV mantenía las emisiones, que ha decidido cerrar sus repetidores.
En este conflicto, que dura años, la derecha ha tenido el aval del PSOE paralizando una ILP que recogió 650.000 firmas para permitir por ley que las comunidades autónomas con la misma lengua puedan emitir recíprocamente.
Muchos valencianos nos sentimos humillados, degradados y desilusionados al no poder realizar un acto tan íntimo y privado como es encender el televisor con libertad.
Raül Pons Chust Almassora (Castellón)