30/11/200830/11/2008

Una de cal y una de arena
Tras la elección de Martínez Camino como portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, consuela saber que, como en toda organización plural que se precie, hay sensibilidades bien diferenciadas. El problema es que quienes actualmente dirigen dicha institución lo hacen muchas veces pensando sólo en la parte ultraconservadora que representan, y no en la totalidad de la misma. La impostura de este sector clama al cielo, nunca mejor dicho.
Que diga Martínez Camino, que el crucifijo es un signo de garantía de la libertad frente al totalitarismo, cuando estuvo bien presente durante la larga dictadura de Franco, es tanto como decir que no surtió efecto, o que la actual democracia no se diferencia de ese tipo de régimen.
Que diga el portavoz episcopal que el crucifijo es un signo de distinción entre el Estado y la Iglesia –y que luego algunos obispos reclamen el derecho a intervenir en la política y las leyes que rigen la convivencia de una sociedad plural y aconfesional– es elevar a categoría de dogma la hipocresía de la que hacen gala esos obispos en sus declaraciones públicas. Menos mal que ahora dice el portavoz que la Iglesia respetará y apoyará a los familiares que busquen y honren a sus muertos. Los católicos de izquierda se lo agradecerán.
Francí Xavier Muñoz /Madrid
8.000 millones Para los ayuntamientos
El anuncio hecho por el presidente del Gobierno de que se destinarán 8.000 millones de euros a los Ayuntamientos para que inviertan en obras públicas es una buena noticia. Ahora sólo falta que el reparto se lleve a cabo en función de las necesidades objetivas de cada municipio de la manera más equitativa posible y sin tener en cuenta el color de la camiseta política del alcalde.
Esperamos también que el ministerio examine con lupa los expedientes de contratación, obligando a los Ayuntamientos a cumplir escrupulosamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que, una vez realizadas las obras o entregados los suministros, exija con rigor la justificación de los fondos empleados.
Durante estos años, se han dado demasiados casos de corrupción en la administración local, y los vecinos queremos estar seguros tanto de que se contrata al mejor postor, como de que se paga exactamente lo que cuesta.
Enrique Chicote/Madrid

Fraude fiscal

En tiempo de crisis dura y estructural como la actual, el fraude fiscal, aparte de ser una terrible injusticia social, es un elemento que contribuye enormemente al derrumbe colectivo de las sociedades democráticas. Con todo eso, no puede ser que España lidere este cáncer en el ámbito de la Unión Europea. Es intolerable que, en un país que se define como moderno, democrático y civilizado, el dinero no declarado por los contribuyentes supere los 88.000 millones de euros, diez puntos por encima de la media europea, triplicando las cifras de Francia y Alemania.
Ante este panorama tan anómalo (en el conjunto europeo) hace falta mucha voluntad política para enderezar la credibilidad. Es urgente un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude laboral. Es preciso decir claramente a toda la sociedad que el fraude fiscal es uno de los máximos responsables que en este país tengamos un estado de bienestar en mínimos, lo cual provoca una pérdida muy importante de la calidad de vida de los ciudadanos con menos recursos económicos (que son la mayoría).
Josep M. Loste Romero/Portbou (Girona)

Campaña DGT
Quiero manifestar mi disconformidad con la última campaña de la Dirección General de Tráfico en la cual se muestra a un niño con traumatismo craneal. Una voz en off dice que es su padre el culpable aunque no le haya pegado, ya que olvidó ponerle el cinturón de seguridad.
Esto me parece indigno, ¿por qué según el anuncio tiene la culpa siempre el padre? ¿No podría ser por culpa de la madre? Una madre puede pegar también a su hijo y puede también olvidar ponerle el cinturón. El anuncio debería decir que los culpables son los padres (padre y madre) que olvidaron ponerle al niño el cinturón.
Ramón Sánchez Guardado/ Burgos

Los cítricos, de mal en peor
Si la campaña citrícola de la temporada 2006-2007 fue nefasta y quedó mucha naranja por recoger, la actual parece que todavía será peor. En ello influyen fundamentalmente tres factores: la presión de las grandes cadenas de supermercados europeas y nacionales, los grandes márgenes con que venden los detallistas –en un año normal, el doble del precio que cobra el agricultor por kilo de fruta– y la modalidad que se ha impuesto de venta a comercializar, es decir, sin precio para el agricultor, al cual se le liquida lo que queda después de descontar de los precios en el mercado, todos los gastos de recolección y comercialización, que puede no llegar a cubrir los costes de producción, incluso puede que no quede nada.
Con este sistema, los comerciantes, las grandes cadenas y los minoristas no corren ningún riesgo; quien paga el pato siempre es el agricultor. Si en la campaña de hace dos años se empezaron a dejar secar los árboles, mucho me temo que cada vez serán más los campos que se dejen sin cultivar.
Si, aprovechando que se dispone de los pozos de agua para el riego, deciden vender las tierras para convertirlas en campos de golf y en urbanizaciones, que no se les acuse del atentado ecológico; es que no habrán tenido otro remedio.
Federico Gómez/Valencia