Cartas de los lectores

08 de febrero

Los bancos y la crisis
Llevo un tiempo meditando si en la actual crisis económica los bancos forman parte del problema o de la solución. En este sentido, las declaraciones de algunos grandes dirigentes de la banca española son reveladoras no sólo por su contenido, sino por su descaro.
Me refiero concretamente a las declaraciones del señor Emilio Botín, que ha explicado que, en medio de esta crisis, es imposible que el crédito aumente. Desde luego, el mío en los bancos no va a aumentar mucho, al constatar lo que están dispuestos a hacer por la sociedad en los momentos duros. No me extraña que ahora la gente se pregunte dónde está todo ese dinero que parece haber desaparecido. También a mí me gustaría saber dónde está el botín.
Pablo González /Madrid

Las verdades del banquero
Hay que agradecer a Emilio Botín su sinceridad y lamentar que, gracias a ella, no nos quede más remedio que admitir que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha cometido un error histórico al haber apoyado a la banca. El presidente del Santander ha dejado clarísimo que la compra de activos a cuenta del erario público no va a hacer cambiar la mezquina política crediticia de la banca. Que las pequeñas empresas y familias que carezcamos de la suficiente solvencia nos podemos olvidar de acceder a un crédito.
El nivel de solvencia exigido por la banca en la actualidad es infinitamente más elevado que en ningún tiempo pasado. Este hecho, en momentos tan sumamente difíciles para el conjunto de nuestra sociedad, resulta de una obscenidad insoportable. ¿Habrá que recordar a la banca que la parte más importante de sus activos se nutre de las cuentas de los impositores que ellos consideran insolventes? ¿Qué ocurriría si las empresas y los particulares dejáramos de ingresar nuestras nóminas en los bancos? ¿Qué pasaría si dejáramos de domiciliar nuestros recibos? La banca debe ajustar sus beneficios a un hecho incontrovertible: cualquier empresa o ciudadano ha de tener acceso al crédito, en tanto en cuanto son el principal activo del sistema financiero actual. La situación a la que nos quiere llevar la banca no es otra que a la de su propia nacionalización. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha de estar a la altura de las circunstancias y obrar en consecuencia.
Mario López Sellés /Madrid

Infiernos fiscales

La situación económica mundial está gravemente enferma: recesión, crisis, paro, hambre y empobrecimiento. Casi cada día hay nuevos escándalos, y nadie parece conocer hasta dónde y hasta cuándo llegará el desastre.
Los principales gobiernos y las más notables organizaciones reúnen en diferentes foros a las más preclaras cabezas del mundo para tratar de descifrar las claves de la dramática situación y, sobre todo, las fórmulas que permitan su desactivación. Los ciudadanos de a pie –en las colas de las agencias de empleo o aguantando el chaparrón como pueden– aguardamos esperanzados sus soluciones. Leemos sus diagnósticos y, lamentablemente, nunca encontramos algo que parezca esencial ante el desaguisado montado y que evite una futuras crisis. Se trata de la definitiva desaparición de los paraísos fiscales y, en consecuencia, la decisión internacional de desactivarlos.
¿Alguien duda de que esos paraísos son algo muy parecido a centros de terrorismo financiero? ¿Acaso es dudosa la clase de dinero que se oculta en sus opacas cuentas? Parece evidente que esos caudales sólo proceden del delito. En el mejor de los casos, se trataría de capitales evadidos a los fiscos de sus países de origen y, en el peor, procedería de actividades criminales. Los capitales normales
–los que permiten la actividad económica mundial, los que generan riqueza y trabajo– se pueden canalizar perfectamente a través de las entidades financieras convencionales, transparentes y fiscalizables. ¿Por qué tanta pasividad ante este grave problema? Me pregunto dónde estará la ingente cantidad de dinero estafado por el Sr. Madoff. ¿Ustedes lo saben?
Jaume García/Girona

Una directiva poco afortunada
El Parlamento europeo ha aprobado una directiva sobre sanciones aplicables a los empleadores de residentes ilegales. Admito que una de las razones para la presencia de inmigrantes en Europa es la economía sumergida, que los reclama y recluta como mano de obra barata. La actividad económica sin fiscalidad sigue siendo una forma de capitalización para empresarios ventajistas y, todavía, un recurso de subsistencia para demasiados trabajadores en la UE. Esta genera entre el 12% y el 25% del PIB, según los países (23% en España), pero nadie puede cuestionar que la asimetría económica entre las dos orillas de la migración es el principal impulsor de la salida de los emigrantes, aunque el viaje sea costoso y la situación administrativa conseguida irregular.
La UE pretende controlar una realidad tan compleja con los métodos clásicos: reforzamiento de sus fronteras a través del Frontex, la directiva de retorno, la selección de los más aptos en origen mediante la tarjeta azul y ahora la sanción para los empleadores de irregulares; y se olvida del otro factor de control: reducir la pobreza en los países de donde provienen.
En definitiva, esta nueva directiva va a tener un alcance muy limitado en la persecución de la economía sumergida y, sin embargo, contribuirá a reforzar el imaginario colectivo que percibe la inmigración como un asunto que escapa los controles establecidos y que cree que en tiempo de crisis los inmigrantes sobran.
Luis Fernando Crespo /Madrid

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