Cárceles versus sociedad
En la mayoría de los países democráticos las cárceles son un recurso propio y cualificado de la Administración de Justicia. España es el único país de la Unión Europea donde el servicio público penitenciario está, orgánica y funcionalmente, vinculado al Ministerio del Interior, siendo utilizado de manera inapropiada como una herramienta policial poco funcional.
Pretendían, y al final lo han conseguido, sacar al servicio público penitenciario de la normalidad administrativa y revestirlo de un carácter especializado para que quepan actuaciones profesionales discrecionales y arbitrarias o de mera represión. Por eso se han creado recientemente grupos de información y de intervención parapoliciales al margen de la Ley y sin control de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que deberían conocer y fiscalizar las iniciativas.
La retención y custodia, que es un recurso necesario, no es la finalidad última del cumplimiento de las penas de prisión, sino que habría que trabajar profesionalmente con los internos y sus familias, potenciando las capacidades que tiene cada penado para llevar una vida honrada cuando alcance la libertad. Precisamente esto es lo que no se está haciendo y lo que condena el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: el oscurantismo de las cárceles españolas y su desconexión con la sociedad y el entorno inmediato de los internos hasta el punto de ocultar su estado de salud a los familiares.
Luis Fernando Crespo/Alcalá de henares (Madrid)

Rajoy y su tripulación
El líder del Partido Popular y su tropa de la oposición saben que la crisis económica reina en todos los países del mundo, por tanto parece razonable decir que la solución para la recuperación de una economía mantenida en el tiempo necesita una respuesta globalizada. Para criticar y controlar al Gobierno, manifiesta que el problema de los españoles es el capitán del barco, el maligno Zapatero. La política de Rajoy como jefe de la oposición deja mucho que desear y retrata su verdadera estrategia política, que consiste en mantener un acoso y derribo contra el presidente del Gobierno.
Por otra parte, cabe destacar que la tripulación del buque insignia de Zapatero, los ministros cesados y los nombrados recientemente están continuamente vapuleados y calumniados por parte del Partido Popular y de sectores mediáticos afines que sólo buscan los privilegios de los que siempre disfrutaron y, aunque parezca extraño en democracia, todavía siguen disfrutando.
La tripulación, como estructura jerárquica, tiene bien definidas sus funciones aunque a Rajoy no le guste el barco en el que navega el Gobierno que, como ha sido elegido democráticamente, merece respeto.
José María Arauz/Cádiz

Profesor y terrorista
Alexander Uriarte, uno de los etarras detenidos hace unos días en Francia, impartía clases de Ética a alumnos de Educación Secundaria en un colegio de Vitoria de nombre San Prudencio. Poco prudentes fueron en ese colegio al contratarle. Lo cortés no quita lo valiente y se pueden dar clases de Ética en horario escolar y preparar atentados con posibles víctimas mortales en tiempo libre o como segunda actividad.
Por la misma regla de tres, este etarra podría dar clases de Educación para la Ciudadanía sin despeinarse antes o después de colocar una bomba en un coche. Sus clases de Ética se ceñirían a lo que dijera el libro de texto, sin creer en lo que explicaba, porque su ética es difícil de hacerla comprender e imposible de impartir en un colegio. Hace falta ser muy hábil para compaginar la ética terrorista con la ética democrática, dedicarse a la primera por ideología y a la segunda como medio de vida.
Lo que sucede con la ética es que depende de la moral de las personas, que es muy variada. La moral es el conjunto de normas que se aplica una sociedad para convivir y la ética es la adaptación de esas normas a cada persona, que en muchas ocasiones chocan estrepitosamente, como es en el caso de los terroristas. Mayor contradicción, imposible.
Antonio Nadal/Zaragoza

Igualdad ante la ley
En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, se han ilegalizado en España diversas formaciones políticas vascas que incurrían en los supuestos señalados en el artículo 9 de dicha ley. Lo incomprensible a tenor de dicho precepto es que la Fiscalía del Estado no haya promovido procesos de ilegalización para la mayoría de formaciones políticas de extrema derecha que incurren igualmente en dichos supuestos por su ideología racista y xenófoba.
Dice el artículo 9.1 de la LO 6/2002 que "los partidos políticos deberán respetar los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos". La ideología y las manifestaciones públicas de las formaciones de extrema derecha, en su consideración hacia los extranjeros, son contrarias a esos valores, principios y derechos.
La misma ley, en su artículo 9.2, dice que "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos (...) mediante alguna de las siguientes conductas (...): a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando (...) la exclusión o persecución de personas por razón de su (...) nacionalidad, raza (...)". ¿Por qué algunos partidos políticos no son iguales ante la propia ley?
Xavier Muñoz/Madrid