El Ministerio de Trabajo ha aprovechado las fiestas navideñas para saldar una cuenta pendiente: el nombramiento del nuevo director gerente de Mutua Universal, puesto vacante desde la fulminante destitución de JUAN AICART en septiembre pasado por las presuntas irregularidades detectadas en su gestión. Durante el tiempo transcurridos desde entonces, Mutua Universal, tercera en el ranking del sector por detrás Fremap y Asepeyo, ha vivido en la provisionalidad, bajo la batuta de su presidente, el ya octogenario JUAN ECHEVARRÍA, conocido hombre de negocios catalán y suegro del máximo mandatario del Barça, JOAN LAPORTA.

Precisamente es una persona patrocinada por Echevarría quien al final ha conseguido el necesario aval del Gobierno para sustituir a Aicart: EDUARD GARRIGA, un joven ejecutivo de la casa (sólo tiene 33 años) que ha trabajado estos meses con MIGUEL ÁNGEL DÍAZ PEÑA, director general de Ordenación de la Seguridad Social, encargado por el Ministerio de Trabajo de tutelar a Mutua Universal mientras se hacía cargo de ella un nuevo equipo. La relación trabada entre ambos le ha resultado de gran utilidad a Garriga para sortear las pretensiones de Comisiones Obreras de imponer a su propio candidato: PEDRO MONTERO, director gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

En la nueva etapa que Mutua Universal comienza coincidiendo con el centenario de su nacimiento, será prioritario recuperar la confianza de muchos clientes que torcieron el gesto al descubrirse las supuestas prácticas fraudulentas de Aicart y quienes con él colaboraban. Su operativa, según las investigaciones llevadas a cabo, consistía en valerse de empresas afines para engordar las facturas por servicios prestados que a continuación eran endosadas a la Seguridad Social.

Desde que se destapó el escándalo, varias decenas de antiguos asociados, de los 150.000 con los que cuenta, se han desenganchado de Mutua Universal para echarse en brazos de su alborozada competencia, a pesar de que el futuro de la entidad no está en cuestión según todas las fuentes. En 2006, último ejercicio del que se dispone de datos, su facturación superó los 960 millones y tuvo un beneficio de 138, mientras que las cantidades indebidamente cobradas a la Seguridad Social apenas sobrepasan los 6 millones de euros.