La aspiración del nuevo Gobierno de concluir la reestructuración del sector financiero en los próximos seis meses obligará a pisar el acelerador del ajuste de la capacidad instalada de las cajas de ahorros emprendido a mediados de 2008. Como consecuencia de este proceso, han desaparecido 4.000 sucursales y alrededor de 17.000 puestos de trabajo, que representan un 15% y un 12% respectivamente sobre las cifras previas al estallido de la crisis económica. Sin embargo, ambos porcentajes siguen muy lejos del recorte considerado conveniente por los expertos, cuyos cálculos cifran el sobredimensionamiento de la red en casi un tercio de la existente hace cuatro años.

Con carácter general, la reducción de plantillas en las cajas de ahorros se ha llevado a cabo en condiciones ventajosas para los empleados, lo que explica la ausencia prácticamente absoluta de conflictividad social en el sector durante este periodo. A cambio, las entidades han debido desembolsar cuantiosas sumas de dinero, en no pocas ocasiones procedentes de las ayudas que el Estado ha puesto a su disposición para hacer posible tan necesaria cura de adelgazamiento. Por término medio, cada baja viene costando unos 250.000 euros y eso significa que el gasto conjunto derivado del ajuste de personal supera con creces a día de hoy los 4.000 millones.

Dentro de semejante océano, las indemnizaciones percibidas por algunos antiguos ejecutivos pueden parecer una gota de agua, pero no por ello dejan de ser absolutamente escandalosas. Que se sepa, su importe global ronda los 90 millones, si bien hay quien se embolsado hasta 15, como el ex director general de Caixa Galicia, JOSÉ LUIS MÉNDEZ. Antes del 1 de enero, las cajas deben informar al Banco de España, por primera vez, de las retribuciones desglosadas de sus consejeros y altos directivos y no se descarta que puedan saltar más sorpresas. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de ellas, muy castigadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, continúan en pie gracias al socorro que le prestan las arcas públicas.

De lo que no parece que vayan a seguir beneficiándose es de la manga ancha del Estado a la hora de compartir con las empresas el coste de las prejubilaciones, que van a mirarse con lupa, según anunció MARIANO RAJOY en el debate de investidura. Por ese concepto se han ahorrado las cajas hasta ahora unos 600 millones; o sea, más de 35.000 euros por persona, que van a tener que sacar de otra parte para el camino que les queda hasta completar su reestructuración.