CARME MIRALLES-GUASCH 

Hasta hoy la gestión de los aeropuertos españoles es más que peculiar. España es el único país con un número importante de aeropuertos
–varios de ellos de grandes dimensiones– que tiene su gestión centralizada. Aena, adscrita al Ministerio de Fomento, se encarga de gestionar casi todos los aeropuertos españoles y es la propietaria de todas las instalaciones asociadas a estos. Así, desde este organismo se toman las decisiones sobre inversiones, derechos de aterrizaje y despegue y las negociaciones con las compañías aéreas. En otros países del rango y el tamaño de España esto sencillamente no existe, pues cada aeropuerto se gestiona por sí mismo, una autonomía de gestión que puede ser de carácter enteramente público, privado o mixto. De lo que deriva que en sus consejos de administración estén representadas empresas privadas y/o administraciones públicas, sean
estas locales, regionales o estatales.

La participación de estas administraciones de escala menor y de entidades representativas del tejido económico permite que la instalación aeroportuaria se ancle en el territorio y, de este modo, que sus estrategias comerciales, sus conexiones internacionales y su política aeronáutica se desarrollen en función de las necesidades del tejido socioeconómico de su hinterland. Los aeropuertos de hoy ya no son sólo lugares donde despegan y aterrizan aviones, sino piezas clave de las condiciones territoriales y económicas de las macrorregiones, pues a través de ellos se decide qué conexiones internacionales se priorizan en relación a los perfiles y potencialidades de cada una de ellas. En un mundo global, el aeropuerto es también un generador de riqueza de primer orden. Y con frecuencia un aeropuerto también es un punto clave entre las redes de infraestructuras terrestres y
un lugar que genera actividad económica directa y lugares de trabajo.

Es, pues, de vital importancia el debate sobre una nueva gestión de los aeropuertos españoles. No es sólo una cuestión coyuntural ligada a la situación económica, por lo que el debate no se puede centrar únicamente en si la gestión debe ser pública o privada. La cuestión es estructural y concierne a la competitividad y a la generación de riqueza de estas infraestructuras en su entorno más inmediato y con una gestión no centralizada del sistema.
Es una de las asignaturas pendientes de la España moderna y no resolverla nos empobrece.

Carme Miralles-Guasch es profesora de Geográfía Urbana