Ni se iban a morir todos, ni se iban a morir igual. Esa es la principal conclusión del Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, una hoja de ruta ciudadana hacia los derechos a la verdad y la justicia. Los protocolos de la vergüenza existieron y condenaron a 7.291 mayores a morir sin atención hospitalaria, sin medicación para el dolor y sin esperanza en lo más duro de la pandemia de covid-19. Las residencias no se medicalizaron, como aseguró el Gobierno de Ayuso y exigía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De haber tomado otras decisiones, miles podrían haberse salvado.

Isabel Díaz Ayuso es la responsable política del protocolo de la vergüenza que hoy cumple cuatro años, una sombra que le perseguirá en lo que queda de su carrera política. No sabemos si alguna de las decenas de querellas todavía activas prosperará hasta señalar una posible responsabilidad penal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero su responsabilidad moral es inapelable. Los protocolos discriminaron a las personas según su edad, enfermedad y discapacidad, decidiendo a priori y sin examen médico individual quién tenía la oportunidad de ir a un hospital.

En las residencias se vulneraron los derechos fundamentales a no ser discriminado, a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad familiar y a la integridad física y moral. También se discriminó a las personas mayores que no tenían un seguro privado, porque a quienes sí disponían de uno les trasladaron a hospitales privados.

Ante la inacción de la Asamblea de Madrid (que cerró la comisión de investigación con la convocatoria electoral de Ayuso en 2021) y los juzgados para avanzar hacia un reconocimiento de lo ocurrido, el valor del informe es incalculable. Se trata de una acción ejemplar de las víctimas organizadas como sociedad civil para exigir el derecho a la justicia, que es la base de la democracia. 

La Comisión Ciudadana y su Informe constituyen un primer acto de reparación colectiva a las víctimas, familiares y trabajadoras, que hasta el momento no han sido recibidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid ni ningún alto cargo del Gobierno. Nos queda mucho trabajo por delante para que haya un reconocimiento institucional de lo ocurrido, para que haya una reparación efectiva de las víctimas y para establecer garantías de no repetición.

El estado actual de las residencias madrileñas da buena cuenta de ello. La falta de personal, sus malas condiciones laborales, la comida podrida, el premio a la reincidencia en forma de nuevos contratos públicos, la ausencia de seguridad ante emergencias e incluso los abusos sexuales son pruebas del funcionamiento de un modelo fallido. Tenemos que desterrar para siempre ese modelo que pone los beneficios de unas pocas empresas por delante de la dignidad de los mayores. 

Lo tenemos que sustituir por un nuevo sistema de cuidados que ponga el bienestar y los derechos humanos en el centro. Necesitamos un modelo de residencias públicas de proximidad, donde las personas mayores puedan hacer su vida en su barrio de siempre, participando en la vida social de su comunidad. Es el modelo que ya están reclamando los vecinos de Orcasitas, igual que en los 70 reclamaron con éxito el derecho a la ciudad, al barrio y a los servicios públicos básicos. Las residencias tienen que estar bien financiadas, con profesionales suficientes y bien pagados. Además, deben ser una elección entre otros modelos con apoyo público, incluidos los que no pasan por la institucionalización.

Hay un nexo común entre lo sucedido en las residencias y el reciente escándalo de corrupción que afecta a la pareja de Ayuso: el comportamiento inmoral de la presidenta. La negativa perpetua a empatizar con quien sufre, la renuncia a asumir responsabilidades. Cada día que pasa sin que Isabel Díaz Ayuso dimita es una vergüenza para las instituciones y para el pueblo madrileño. Hay que acabar con la impunidad. En Más Madrid siempre vamos a estar del lado de los ciudadanos que se organizan para exigir verdad, justicia y memoria. Son imprescindibles para construir un Madrid más decente.