Una veterana magistrada me relataba hace unos días la ingente cantidad de conversaciones transcritas que se encontraba sobre su mesa a la hora de juzgar determinados casos y cómo descartaba buena parte de dicho material dado que, lejos de aportar pruebas de delitos, lo que contenía era absolutamente intrascendente. 

La jueza se refería a casos antiguos y contaba que, en cuanto veía semejantes cerros de documentación, sabía al momento que dicha información provenía de los "maletines". Al leer en la expresión de mi cara que no entendía de qué me estaba hablando, me explicó que uno de los sistemas de espionaje más utilizados hace 20 años eran unos famosos maletines que al parecer grababan cualquier conversación en un radio de cinco metros.

Tan eficaces eran estos dispositivos que las páginas llegaban por kilos a los juzgados, repletas de transcripciones sobre los asuntos más banales comentados por personas que nada tenían que ver en dichos procesos, salvo porque en un momento puntual habían charlado con quien sí podría estar implicado; o no.

Más allá de visualizar medio Amazonas talado en pro del sistema judicial español y a decenas de policías transcribiendo conversaciones cual umpa lumpas a las órdenes de Willy Wonka, una piensa en la lentitud de nuestra Justicia y empieza a entrever algunos porqués. Lo que no acaba de entender es exactamente el para qué.

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Habíamos visto en los últimos años operaciones policiales prospectivas en las redes sociales a la caza de delitos de opinión (recuerden el caso de César Strawberry), pero estas se quedan cortas al lado de los espionajes prospectivos, como el realizado con políticos, abogados y activistas catalanes a través del sistema israelí Pegasus.

No es difícil imaginar que, si esta vigilancia se ha producido hasta el año 2020, antes habrá habido otras, y que en diferentes circunstancias los servicios de inteligencia habrán salido a pescar, interceptando quizá las comunicaciones de grandes grupos de personas por si entre ellas pudiera haber un presunto delincuente. Solo podemos suponerlo, porque en un país en el que la transparencia de las instituciones brilla por su ausencia de manera habitual, parece un sinsentido esperar que se nos informe acerca de los espionajes llevados a cabo durante el periodo democrático y de quienes han estado en ese punto de mira.

Lo que no resulta tan descabellado –sería, de hecho, deseable, necesario y hasta obligatorio– es que un Gobierno, sea del signo que sea, dé explicaciones y adopte medidas una vez salta a la luz que 65 personalidades han sido espiadas durante su mandato. Algo que no se ha producido, y pasan ya cinco días desde que se conoció.

Espiados, suponemos, por ser independentistas. Porque en esta democracia nuestra hay opciones ideológicas que son criminalizadas a pesar de que sus aspiraciones están recogidas en la Carta de Naciones Unidas de 1945 (artículo 1.2) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 1), uno de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes, ratificado por 173 países. Según este pacto, los pueblos tienen el derecho a "establecer libremente su condición política y [...] desarrollo económico, social y cultural". Es más, estos textos establecen la libre determinación de los pueblos como un derecho universal y no solo como una aspiración política.  

Pero ya saben: de aquel procés estos barrizales. Y a partir de ahí pareciera que todo vale. Pero no, no vale todo. 

Este periódico viene desvelando desde 2017 que el sistema Pegasus de ciberespionaje fue adquirido unos años antes, y durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por la llamada cloaca del Estado; policías que trabajaban al servicio de intereses espurios de dicho Gobierno para desacreditar a sus adversarios políticos, como los políticos independentistas y miembros de Podemos.

El Gobierno actual defiende que limpió el ministerio de Interior de dicha cloaca, aunque es público y notorio que esa limpieza dejó bastante que desear. Los que participaron de manera directa en la compra de dicho material están jubilados o imputados en otras causas. Pero algunos de sus amigos y excompañeros de tropelías siguen en el Cuerpo. 

¿Significa esto que este concreto espionaje masivo ha sido obra de la cloaca? No necesariamente. Parece incluso poco probable, según distintas fuentes consultadas para este artículo, sobre todo por una cuestión presupuestaria: interceptar esos 65 teléfonos podría haber costado unos 30 millones de euros. Pero es que, además, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya había adquirido software espía con anterioridad (Hacking Team) y sin control alguno. 

De lo que no cabe ninguna duda es que esta operación de vigilancia se ha producido bajo un Gobierno en el que los titulares de las carteras de Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Defensa (Margarita Robles) pertenecen a la rama socialista de dicho Ejecutivo. (El CNI se adscribe orgánicamente al Ministerio de Defensa, aunque tiene personalidad jurídica propia y puede obrar con plena capacidad). 

El PSOE necesitó conformar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, pero además requiere de aliados parlamentarios para poder sacar adelante sus propuestas. Aliados como ERC o EH Bildu, cuyos líderes y miembros han sido espiados en este último episodio. Sin el apoyo de estos partidos, Pedro Sánchez no podría haber sido investido presidente. Por cierto, durante las negociaciones para esa investidura algunos de estos políticos seguían bajo vigilancia. 

La postura de ERC es clara: pide una investigación interna dentro del Gobierno, una comisión de investigación en el Parlamento y que se depuren responsabilidades con los ceses correspondientes. Y exige respuestas inmediatas. Tanto que la próxima semana dejarían de apoyar proyectos legislativos en el Parlamento en caso de no obtener un compromiso de Sánchez respecto de sus demandas. Es cierto que la retirada del apoyo al Gobierno ha sido ya en otras ocasiones moneda de cambio del partido independentista catalán. Pero ahora el río suena atronador: no solo lleva agua, sino que podría incluso desbordarse. 

En EH Bildu se muestran algo más templados, tal vez porque en sus filas estar sometidos a vigilancia ya no es novedad. Consultadas para este artículo, fuentes del partido afirman que "romper no está en nuestros planes, pero hay una cosa que hay que entender: el PSOE debe elegir entre seguir su senda histórica (partido del Régimen del 78) o apostar por la democratización del Estado. Esta es la clave. Nosotros, exigencia, prudencia y reiterar: si este Gobierno renuncia a la democratización, no tiene recorrido estratégico".

Los vascos ven con preocupación el movimiento reaccionario que se está produciendo en todo el planeta y que tiene su inmediata traducción en el ascenso de la extrema derecha: "Hay un cierto despiste de buena parte de la izquierda a nivel europeo y a nivel global. En el sentido de que lo que nos estamos jugando hoy es un modelo de democracia más o menos liberal y social frente a un modelo autoritario", declaró Arnaldo Otegi esta semana en el podcast La Base.

Los catalanes están dispuestos a dejar caer al Gobierno, aunque la alternativa sea un bloque de derechas con Vox. Creen que su electorado no les perdonaría la falta de firmeza ante un asunto tan grave: los últimos cuatro presidentes de la Generalitat han sido objeto de escuchas. Mientras, la mesa de diálogo sobre el futuro de Catalunya debía empezar a arrojar resultados en 2022. Casi cinco años después del procés.

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le queda un año y medio de legislatura. Las encuestas apuntan a que una convocatoria electoral en este momento sería un fracaso para la coalición. El proyecto de Yolanda Díaz sigue sin estar definido y el PSOE necesita de una izquierda relativamente fuerte a su izquierda si quiere volver a gobernar. El respiro se lo dan unos Presupuestos aprobados y rodando. 

En este caso, la cuestión va más allá de tacticismos políticos, necesarios en cualquier caso ante la realidad inapelable de un bloque de derechas con una extrema derecha fuerte con opciones de gobernar. El asunto central es la materia prima democrática sobre la que se cimienta este país, donde de manera siempre muy conveniente sigue rigiendo la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, aprobada en 1968 y retocada en 1978, antes de aprobarse la Constitución. 

Y digo "de manera muy conveniente" porque esa ley volverá a ser ahora el escudo tras el que se parapete el Gobierno para no dar información sobre el espionaje. Una ley cuya reforma bloquean desde hace más de cinco años tanto PP como PSOE, lo que en la práctica significa que un gobierno democrático está protegiendo los secretos de una dictadura y de la Transición.

Solo a modo de recordatorio, hace ahora un año que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que los gobiernos dejaran de utilizar tecnologías de vigilancia que, como Pegasus, violan los derechos humanos, y les instó a regular la distribución, el uso y la exportación de este tipo de sistemas creados por un tercero, en este caso Israel. "Existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia".

Y dentro de esa disidencia podemos estar usted o yo, cualquiera. Es decir, que más allá de las consecuencias políticas, este es un asunto de derechos civiles de todas y todos.

El segundo párrafo del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno decía así: "Ambas formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea".

Ahora es cuando toca demostrarlo.