Cuatro años y nueve meses. 1.730 días. El Partido Popular, autoungido como the one and only constitucionalista, lleva desde 2018 incumpliendo el precepto constitucional que exige la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cada cinco años. 

De facto, esto implica que, con 89 diputados (frente a los 120 del PSOE + 43 de Unidas Podemos) —o sea, desde la oposición —, fueron los populares los que dominaron el órgano de gobierno de los jueces durante la legislatura que acaba de terminar, sólo porque en 2013 (cuando se eligió el CGPJ hoy en funciones) habían obtenido 186 escaños. Como si los poderes que otorga la Constitución fueran hereditarios y pasaran de Rajoy a Casado y luego a Feijóo en una especie de autocracia con sede en la calle Génova. 

El PP bloquea su renovación porque esto le permite manejar de forma adulterada un poder sobre los jueces que las urnas no le otorgan. Y además utiliza políticamente este bloqueo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que encima intenta culpabilizar de la situación. 

Cambiar el órgano de gobierno de la judicatura llevaría al PP a perder la holgada mayoría conservadora con la que cuenta ahora en el Consejo, 10 vocales frente a seis progresistas. No busquen más. Esa es la razón de que en más de una veintena de ocasiones los populares hayan obstaculizado este proceso desde 2018. 

Su catálogo de excusas es extenso y muy pintón. Desde la presencia de Podemos en el Gobierno, a la reforma del delito de sedición, pasando por la última condición: la modificación de la ley para que sean los propios jueces los que elijan a los vocales judiciales; algo que, dicho sea de paso, el PP ha vendido recurrentemente en sus campañas electorales, aunque nunca ha ejecutado mientras gobernaba. 

Es más, de las seis veces que se ha renovado el CGPJ desde 1980, los populares estaban en la oposición en las tres ocasiones en las que la remodelación se ha retrasado por desacuerdo entre el PP y el PSOE. Ya no es noticia que al partido de Feijóo le cuesta asumir que otros ganen las elecciones. Y de ahí al "Gobierno ilegítimo" solo hay un paso, qué les voy a contar. 

Lo cierto es que esta desobediencia constitucional afecta gravemente al funcionamiento del sistema judicial, al mantenimiento de unos mínimos de decencia política, a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y, en definitiva, al propio Estado de derecho. 

Para empezar, el CGPJ no puede efectuar nombramientos ni ascensos de jueces y magistrados mientras continúe con el mandato prorrogado. Y esto está provocando el colapso del Tribunal Supremo, con un 30% de vacantes de magistrados por jubilaciones, fallecimientos o bajas que no se pueden cubrir.  

Sólo dos de las cinco Salas del Alto Tribunal, la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social, dictan 1.200 fallos anuales menos entre ambas por la sobrecarga que suponen esas vacantes.  

De esas dos, la más afectada es la primera, precisamente la encargada de resolver los recursos contra el Gobierno y contra disposiciones del Parlamento. Es, sin ir más lejos, la que debe pronunciarse a partir de este 14 de septiembre sobre los recursos de Vox, PP y C's contra los indultos a los líderes del 'procés'. 

Ese Supremo colapsado tiene otro trascendental asunto entre manos: decidir sobre las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín, una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el recurso de ambos tras la pérdida de su inmunidad parlamentaria. 

Pero, además, el embudo del Alto Tribunal amenaza al derecho a la tutela judicial efectiva (el derecho de cualquier persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la Justicia) por la tardanza en la admisión o inadmisión de los recursos que lleguen al Supremo y los retrasos en las fases de enjuiciamiento y decisión. Por tanto, son las ciudadanas y ciudadanos que recurren ante el Supremo quienes ya están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias del bloqueo del PP a la renovación del CGPJ. 

Y esto por no hablar de la difícil situación en la que esta parálisis deja a España ante la Unión Europea y el Consejo de Europa, que reclama al Estado español una reforma de la ley para que los jueces elijan a los vocales del CGPJ, pero antepone a esa reforma que se proceda de inmediato a la renovación conforme al modelo actual; algo que el PP tergiversa, exigiendo invertir el orden de las acciones. 

Por todo ello, es imperativo poner fin al atropello democrático que supone esta afrenta anticonstitucional del PP. En diciembre, el CGPJ cumplirá cinco años sin haber sido renovado, el mismo tiempo que ha estado funcionando con el mandato vigente. Si la Justicia en España podía ser considerada zona catastrófica, ahora ya puede declararse sin ambages el estado de emergencia.  

[El bloqueo del órgano de Gobierno de los jueces es, desde su inicio, uno de los principales focos informativos de Público. No sólo va a seguir siéndolo, sino que ahora añadimos en nuestra portada un contador que suma los años, días y horas que el CGPJ lleva paralizado y que estará publicado hasta que se renueve, como manera de hacer más visible esta distorsión democrática. Contamos contigo para seguir denunciando abusos como este. Únete a Público (https://s.publico.es/landing/suscripciones-saber-mas/) ].