Eduardo Lizarraga 
Periodista

Las recientes elecciones europeas han puesto de manifiesto muchas cosas, tal vez la más importante que este país inmovilista también es susceptible de cambiar. De los resultados electorales y de la gran sorpresa nacional que ha producido la irrupción de "Podemos", ya se ha hablado mucho,  y se seguirá hablando mientras que la opción se vaya ratificando en los siguientes procesos electorales. La sensación actual, sobre todo observando las virulentas reacciones de los partidos afectados y de la caverna mediática, es de crecimiento y superación de los resultados obtenidos.  Y las muestras de desafecto y desprecio tan sólo le van a fortalecer más.

Una de las cuestiones que me llamó la atención en todo el proceso preelectoral y durante la campaña que le siguió, es que la derecha se olía algo, pero no sabía desde dónde le iba a llegar el susto. Tal vez por ello los acólitos mediáticos a sueldo, presentes en todas las tertulias y periódicos, se tiraron a degüello contra lo más visible, contra los que en la calle iban contra su Partido Popular con los escraches, aunque no estuvieran defendiendo ninguna opción política en concreto. Me refiero a Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Se les criminalizó, demonizó, se les llamó terroristas de la ETA y todas las lindezas que se les ocurrieron; y es que los movimientos en la calle siempre han dado mucho miedo a la derecha. Saben que los suyos en época de algaradas se refugian en los sótanos. El clamor entre todos estos periodistas a sueldo del poder, subía de tono en cada escrache, en cada aparición pública de Ada Colau, en cada decisión judicial de que no había delito al manifestarse de forma pacífica frente a las casas de los políticos del PP. La petición por el endurecimiento de las penas a los manifestantes era unánime entre ellos, suspiraban por la pronta reforma de Gallardón, lo que pone de manifiesto, una vez más, el miedo que a la derecha le da la calle.

Y este miedo es el que está ocasionando que la Justicia –la pongo con mayúscula pero no debiera– esté cada vez más distorsionada. Por un lado los corruptos y corruptores, políticos, empresarios y financieros; bien pertrechados de dinero y abogados, exhibiendo su presunción de inocencia, retrasando juicios, siendo condenados a leves penas, absueltos o indultados,  y por el otro el pueblo, sin recursos y abocado a sufrir las penas más duras e ingresar en prisión.

Se acusa a estos manifestantes de terroristas, de violentos y criminales porque protestan contra los políticos que les han llevado a la pobreza.  ¿Pero no es la pobreza  el mayor crimen organizado que existe? El Partido Popular primero redujo nuestros sueldos e indemnizaciones laborales,  luego nos  llevó al paro; redujo nuestra Sanidad, y nuestra Educación, el derecho a la vivienda que contempla nuestra Constitución es un brindis al sol, ahora pretende meter en la cárcel o multar con sanciones desproporcionadas a todo lo que se mueva. Eso en un país que se está situando a la cola europea en número de personas arrojadas a la pobreza. ¿Y consideran que es delito el que protesten?

Hubo un tiempo en que estas personas  tenían una vida, con trabajo e ingresos, daban de comer a sus hijos, pagaban la luz y su hipoteca, eran felices dentro de su normalidad.  Pero les quitaron el trabajo, perdieron la casa y su vida se rompió. El Gobierno prefirió salvar a los bancos que salvarles a ellos.

Durante el año 2013 un total de 49.700 familias perdieron su casa, casi siempre por decisión judicial. Hubo en total 28.173 desahucios, lo que se traduce en un incremento del 18,5% sobre los datos del 2012 y se teme que el 2014 será peor. Miles de familias españolas con su vida rota. ¿Y se quejan porque protestan?

Y ante esta situación el Gobierno de Mariano Rajoy no hace nada.  Más bien todo lo contrario desde que paró, de forma indigna y rastrera, una Iniciativa Legislativa Popular, propiciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y avalada por 1.200.000 firmas. Ahora, silencian el problema en los medios de comunicación y mienten con maestría en las instituciones, como  De Guindos en el Senado, sacando pecho y diciendo que el Gobierno del PP protege  a los desahuciados, puro sarcasmo si no fuera por el drama cotidiano que vive nuestra sociedad. La realidad es que el Fondo Social de la Vivienda, creado para este fin, ha entregado tan sólo 850 viviendas  durante el 2013, de esas 6.000 que le han proporcionado los bancos para intentar paliar el problema y para que el Gobierno del PP, que paró la ILP que amenazaba a los bancos, pudiera lavarse un poco la cara.

Y así, mientras  que España derrocha dinero  y energía en el fútbol, se estima que ya hay más de 800.000 familias que no pueden pagar la hipoteca y cuyos miembros van a ser excluidos sociales durante todo el resto de su vida. Según datos del Banco de España en nuestro país hay unos 300.000 créditos en mora, otros 200.000 en ejecución hipotecaria y otros 300.000 que han resultado fallidos desde el 2008 y cuyos titulares ya han perdido la vivienda. El drama añadido es que las personas que solicitaron estos créditos, y sus avalistas, quedan debiendo el dinero al banco de por vida después de perder su vivienda. ¿Y les amenazan porque salen a la calle a protestar?

El Gobierno del PP actuó para proteger a los bancos, siguiendo su dictado, afirmando con desfachatez que proteger a las familias podía hacer quebrar el sistema financiero. Un sistema en el que mientras se echaba a miles de familias a la calle se tuvo que inyectar más de 100.000 millones de euros, de dinero que pagamos entre todos,  y de cuya devolución  ahora nadie es responsable.

¡Los bancos están siendo generosos con la concesión de moras en los créditos hipotecarios! dicen desde la patronal bancaria. ¡Por supuesto, faltaría más! Consiguen que el cliente siga pagando los intereses, no baja el monto hipotecario y así van retrasando –por desgracia eso es lo que sucederán en la mayoría de los casos y la banca lo sabe– la adjudicación de unas viviendas e inmuebles que tienen una difícil salida en el actual mercado inmobiliario. Y que ya sacaran cuando vengan tiempos mejores y "lancen" a los hipotecados, habiendo estos pagados los intereses debidos.  Ellos nunca pierden.

Otro tanto está sucediendo con el brusco descenso en la concesión de daciones en pago a los afectados por el impago de la hipoteca. Y es que durante el año 2013 estas operaciones, que son las más solicitadas por los desahuciados sin vivienda que no quieren quedarse con la deuda a perpetuidad,  se han reducido en más de un 13%,  a pesar de aumentar el número de peticiones en casi un 60%. Y se debe a lo de siempre, los bancos no son hermanas de la caridad, ellos nunca pierden,  y si dieron unos miles de daciones en pago durante el  2012 fue porque les interesó y se lucraron con ello. Así fue, porque cuando se produjo el rescate financiero algunas entidades  trasladaron sus activos tóxicos a la Sareb. Por eso estas entidades aceptaron miles de daciones en pago en aquel momento, pues las viviendas recogidas serían transferidas a esta entidad, "el banco malo" a un precio,  que en muchas ocasiones era superior al que les hubiera ofrecido el mercado que estaba en caída libre. Además, con un importante ahorro de costes respecto de lo que es la adjudicación en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Que 2014 y 2015 van a ser peores para demasiados millones de españoles lo sabe Rajoy y su desgobierno pero no lo dicen. Lo sabe la banca y calla también. Lo saben Lagarde y sus secuaces pero también lo silencian o mienten. Y lo saben porque las consecuencias del desempleo de larga duración ya se dejan sentir. Según los últimos datos de la encuesta de población activa del INE, el 60% de los seis millones de parados –los de verdad, no los que nos cuenta Báñez con los dedos de los pies– llevan ya más de un año sin encontrar trabajo y el porcentaje de los que acumulan tres o más años "al sol" no deja de crecer y son ya uno de cada cinco desempleados. En 2007, las personas que llevaban en paro más de tres años suponían un 13% del desempleo total, mientras que en 2013 esa proporción llegó al 21%. ¿Y consideran que es delito el que protesten?

Cuando se nos dice que hay luz al final del túnel no tienen en cuenta a los parados de larga duración.  Van  a ser, ya lo son, la peor herencia que esta larga crisis va a dejar al futuro, la que nadie se atreve a afrontar; de hecho el Ministerio de Báñez los da por perdidos y le encantaría conseguir eliminarlos a todos  de las listas, aunque sea por desistimiento. De hecho ya está en ello con diversas medidas,  como las jubilaciones forzosas.  Y no se avergüenza de ser ministra de Trabajo.

Las personas que llevan más de tres años en paro son, cada vez más, españoles que ya han agotado el derecho a prestación por desempleo  y muchos de ellos también los subsidios asociados a la búsqueda de trabajo.  Son compatriotas nuestros que día a día aumentan el número de los que sobreviven –ya no se puede decir otra cosa– sin ingresos o con nimias rentas de inserción.  Y el problema no es únicamente su falta de recursos y el deterioro social y a veces sanitario que sufren, es que a mayor tiempo desempleado las oportunidades de encontrar trabajo disminuyen de forma drástica. El desahucio, el desarraigo, el alcoholismo o el suicidio caminan a su lado en otro ejemplo de vida rota.

Si el Gobierno del PP y sus lacayos mediáticos no entienden que estas personas –porque lo siguen siendo aunque ellos desearían que ya  no existieran– tienen el derecho y el deber de protestar por sus vidas rotas, y pretenden golpearlos, amordazarlos o encarcelarlos para evitarlo, el drama nacional está servido. Porque creo que hemos entrado en una dinámica que con violencia gubernamental no se podrá parar. Y me da miedo pensar que el Gobierno no lo sepa.