José María Mella
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Asociación econoNuestra

En la actualidad, los ciudadanos plantean tres problemas de enorme calado para los que demandan solución o, al menos, alternativas: la quiebra de la democracia, la crisis económico-financiera y la falta de participación en las esferas de decisión en asuntos que les competen directamente.

Jordi Borja, profesor y urbanista de larga trayectoria, autor del libro cuyo título encabeza este artículo, plantea una serie de interesantes reflexiones sobre dichos problemas, que conviene tener en cuenta en estos momentos de incertidumbre y búsqueda de vías de salida por parte de una sociedad ávida de una vida mejor y del respeto de sus derechos de ciudadanía.

El autor plantea con lucidez que las instituciones de proximidad (ayuntamientos y comunidades autónomas) son vías de democratización (proximidad, representatividad inmediata) de la vida política, pero claramente insuficientes (por decisiones externas a las propias comunidades locales, opacidad de los poderes económico-financieros que actúan sobre el territorio local, falta de competencias, etc.).

La atribución de competencias de programación de grandes equipamientos y servicios a consorcios intermunicipales, la realización de planeamientos estratégicos metropolitanos, la coordinación de  inversiones y la gestión eficiente de servicios podrían ser vías de renovación democrática e innovación política. Sin olvidar que dicha concertación debe combinarse con la descentralización por barrios, porque toda competencia que pueda ejercerse eficazmente a este nivel no hay razón para traspasarla a otro ámbito superior de gobierno y gestión.

Ni tampoco olvidarse que las administraciones a nivel autonómico y estatal deberían estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no de los correspondientes a grandes corporaciones nacionales y multinacionales. Pero para eso deben apoyarse en los movimientos ciudadanos y en sus electores, y no plegarse a intereses espurios. Y también en municipios de tamaño suficiente, que requieren con urgencia su fusión en unidades mayores para prestar eficazmente los servicios a los que por ley están obligados.

Si bien la realidad es tozuda, y se sobrepone a nuestros deseos y voluntades. La manifestación más evidente de la quiebra de la democracia en la ciudad es la falta de derechos de los ciudadanos. El ejercicio pleno del derecho a la vivienda, el propio derecho a la ciudad (a los espacios públicos), al transporte y a la movilidad, al medio ambiente de calidad, a la Justicia y a la seguridad, a los servicios públicos, a las tecnologías de la información y comunicación especialmente en las relaciones con las administraciones públicas... son fundamentales para que podamos hablar con propiedad de democracia urbana.

La crisis económico-financiera se manifiesta en la ciudad con toda su crudeza. Las promociones urbanísticas abandonadas como catedrales en el desierto, la inaccesibilidad a la vivienda y el recurso a los desahucios, el boom inmobiliario y el uso abusivo de la propiedad privada del suelo, la permisividad urbanística y la desposesión de derechos, la "explosión de la ciudad" en fragmentadas y difusas urbanizaciones económica y ambientalmente ruinosas o el despilfarro de recursos básicos (agua, hidrocarburos, electricidad y otras formas de energía) están haciendo de nuestras ciudades espacios económicos ineficientes, especulativos y crecientemente invivibles y desiguales.

Es lo que Borja denomina "revolución urbana" o "proceso de urbanización que no genera necesariamente ciudad", característico de los dos o tres últimos decenios, por el que aumenta la segregación y la exclusión social, se refuerza la dispersión contra la ciudad compacta, se crean mecanismos disgregadores de la ciudad, que dan origen a territorios suburbanos de lo podríamos llamar la anticiudad.

Anticiudad, quizá no se pueda decir mejor, por la inexistencia de espacios y equipamientos públicos, sin comercio y servicios de proximidad, pero con grandes superficies a las que únicamente cabe desplazarse costosamente en coche los fines de semana, y sin lugares de encuentro de los vecinos y ciudadanos en plazas, jardines y centros públicos de carácter social y cultural a los que pueda uno desplazarse a pie.

Los habitantes de la anticiudad son ciudadanos aislados en sus habitáculos residenciales, despersonalizados y desconocidos  por los que conviven físicamente al lado, sin posibilidad de hacer comunidades de vecindad basadas en la comunicación, el conocimiento mutuo y la creación de valores compartidos. Esto es lo que ya está pasando en las grandes ciudades españolas en la actualidad, siguiendo los patrones de urbanización norteamericanos; aun cuando sea menos manifiesto, aunque ya apreciables, en ciudades de menor tamaño.

Las autoridades locales han sido "cómplices del proceso" de crisis descrito, pero deberían (tendrían) que dejarlo de serlo. ¿Cómo? El autor nos responde: "Moralizando la economía" (contra la corrupción y la especulación, sanciones ejemplares), priorizando el acceso a la vivienda y la oferta de alquiler, optando por un urbanismo compacto y poli-céntrico, considerando bienes y servicios públicos al agua, la energía, la tierra, el aire, desarrollando los tejidos productivos locales de pequeñas y medianas empresas...

Por último, las ciudades permiten —debieran permitir como práctica social habitual— "construir escenarios entre las instituciones y los colectivos ciudadanos para deliberar, negociar, confrontarse, llegar a acuerdos o no". Es fundamental que los cauces de participación de la acción colectiva de los ciudadanos partan de la aceptación de que los conflictos sociales son expresión de la realidad cotidiana de las ciudades, porque en ella coexisten intereses contrapuestos que generan movimientos sociales que tratan —si son genuinos— de influir en las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Sólo así éstos pueden sentirse dueños de su ciudad, escuchados y tenidos en cuenta, artífices de su futuro. Y a los responsables políticos no les vendría nada mal para captar necesidades vecinales, establecer criterios de decisión y elaborar presupuestos.

En conclusión, estas tres reflexiones deberían ser tenidas muy en cuenta por parte de nuestras autoridades territoriales, sobre todo ahora que están preparando sus programas y estrategias de acción de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.