Siempre es conveniente recordar a los desmemoriados que el concepto de democracia no hace referencia exclusivamente al acto de votar cada cuatro años (o cada cuatro meses a este paso) sino que consiste en algo bastante más complejo. Es un sistema de organización social que reparte el poder e impide que se monopolice. La diferencia entre una democracia formal como la nuestra y otra real va más allá de la teórica separación de poderes de la que hablaba Montesquieu antes de que Alfonso Guerra certificara su óbito. Lo que realmente da calidad a la democracia son sus contrapesos, esas instituciones que velan por la libre competencia, la constitucionalidad de las leyes o el buen funcionamiento de la Justicia y reaccionan ante los abusos a la ciudadanía y en defensa de sus legítimos intereses.

Aunque ya haya superado los cuarenta, siempre se ha puesto como excusa la juventud de nuestra democracia para justificar la invasión que los partidos han hecho de estos reguladores, cuya independencia han convertido en un imposible metafísico. El sistema no funciona porque quienes deberían velar por su funcionamiento son estómagos agradecidos de quienes les nombraron, una clase política aquejada de un particular síndrome de Midas que convierte en mierda todo lo que toca.

Periódicamente, de izquierda a derecha pero siempre desde la oposición, se habla de regeneración y se promete acabar con la degradación de las instituciones y que los competentes ocupen por fin los sillones de los amigos. Por eso, la gran novedad de la oferta de investidura que ha hecho el PSOE a Podemos es revolucionaria. No se propone acabar con la invasión partidaria de unos órganos que deberían regirse por criterios de independencia. La propuesta consiste en que algunos amigos de Pedro Sánchez sean sustituidos por amigos de Pablo Iglesias. Por ahí discurre la tercera vía entre la coalición y el acuerdo de legislatura que proponen los socialistas y que, con buen criterio, ha sido rechazada por Podemos. ¿De verdad hay alguien detrás con dos dedos de frente que no sea resultado de su galopante alopecia?

Ofrecer el CIS, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Defensor del Pueblo, como si esos organismos formaran parte del patrimonio del Gobierno, es de una desfachatez inaudita. Una cosa es que el Tribunal Constitucional o el de Cuentas sean una caricatura y que sus miembros sean brazos ejecutores de quienes les promovieron; que hayamos visto reunirse a buena parte del Consejo General del Poder Judicial en la sede de un partido para recibir instrucciones; que hayamos tenido gobernadores del Banco de España que se lo llevaban crudo; o que presidentas de la CNMV se colgaran al hombro los carísimos bolsos que le regalaban las sociedades de valores. El escándalo nunca ha disuadido a los que mandan de maniobrar para asegurarse la obediencia de quien debe controlarle. Pero con lo de ahora se da un paso más: no es que se ocupen los organismos que actúan de contrapeso sino que se ponen en venta.

Si esta es la oferta irrechazable con la que se pretende conseguir la investidura de Pedro Sánchez lo mejor es repetir las elecciones y esperar que con un poco de suerte gane la derecha y veamos sentado en el Consejo de Ministros al caballo de Abascal, que no sólo el de Calígula iba a tener derecho a ser cónsul. Hemos llegado a un punto en que ya no pedimos que la democracia funcione y se defienda, sino que impere algo más de disimulo, que se guarden las formas. Ni siquiera hablamos de procesos de selección, criterios técnicos y objetivos de nombramientos, transparencia o publicidad. Lo que exigimos es que los llamados a gobernar no nos avergüencen con sus burdas maneras. Con poco nos conformamos.