La investidura de Carles Puigdemont, propuesta por el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, corre el muy serio riesgo de derivar en una embestidura, visto como reaccionan tanto el trío de partidos republicanos catalanes como la trinidad monárquica española del 155. Parece bastante claro que ni los primeros van a poder votarle, dado que el Tribunal Constitucional se encargará mañana de impedirlo, ni los segundos podrán sustituirle hoy con un candidato provisto del nihil obstat de la Moncloa, dada la evidente mayoría parlamentaria independentista. Volveremos, por lo tanto, a la guerra de las banderas que tanto amargan a todas las fuerzas progresistas, que parecen olvidar una tercera enseña, la tricolor, que, quizás, podría reconducir esa estéril pugna de la rojigualda contra la estelada, que tantos beneficios proporciona a la derecha en su objetivo por marcar el paso firme de la intervención de la Generalitat.

Aún no se ha fijado ni siquiera la fecha exacta de la próxima sesión de investidura, cuando Puigdemont ha dado ya su primer paso político, al acudir a una invitación de la Universidad de Copenhague, con la clara intencionalidad de proporcionar un claro ejemplo a la Unión Europea de derecho comparado entre la justicia de España y la de Dinamarca, como la que también intentó, en su día, establecer con la de Bélgica. La torpeza de la Fiscalía General del Estado, que reeditaba el anterior error de la jueza Lamela de la Audiencia Nacional de firmar una eurorden de detención del presidente de la Generalitat,  inmediatamente corregida por el magistrado Pablo Llarena, les ha evitado al trío del 155 hacer el ridículo en el escenario europeo. Imposible superar la sorprendente y precisa argumentación política del propio auto de este juez del Tribunal Supremo.

Lo que ocurrió en Bruselas, de ahí esta eficaz rectificación, podría haber vuelto a ocurrir en Copenhague, si el Fiscal General del Estado hubiese logrado una orden de detención sobre Carles Puigdemont. Muy difícilmente, en la mayoría de los estados que componen la Unión Europea, se hubiera calificado como delitos de rebelíón, sedición y malversación los hechos delictivos que protagonizaron los diferentes líderes soberanistas, hoy exiliados o encarcelados. Tan contrasentido es negar que se saltaron la Ley como afirmar que encabezaron actividades violentas o tumultuarias. Precisamente por ello, el citado juez califica de trampa el viaje danés de Puigdemont. Una vez más, la profesionalidad del magistrado Llarena ha prestado un servicio encomiable al Estado en una fecha especialmente crítica.

Los tres partidos republicanos, que defienden la soberanía del pueblo catalán, permanecen tan divididos como unidos. Cuanto más se atacan, más se unen y viceversa. También lo estaban mucho antes de la proclamación simbólica de la República catalana, y lo seguirán estando termine como termine esta embestidura de Puigdemont, mientras el trío Rajoy, Rivera y Sánchez sigan negándose a un referéndum pactado. Es evidente que Carles Puigdemont hoy, como Tarradellas ayer, representa la legitimidad de las instituciones catalanas, más allá de los lógicos intereses de partido de ahora o entonces. Mucho más en el caso de Puigdemont, revalidado dos veces por el mismo parlamento catalán. No hay alternativa contra, sin o al margen de él. Salvo que renuncie, no hay más dilema posible que Puigdemont o Puigdemont.

Igual sucede con los tres partidos monárquicos que defienden el 155. Rajoy, Rivera y Sánchez pugnan por la configuración de ese triángulo interventor de Cataluña. Mientras se despeja la duda sobre si será equilátero, isósceles o escaleno, cierran filas contra la investidura de Puigdemont. Entrelazados por el Movimiento Nacional que han puesto en marcha, tras el desafío catalán, apenas pueden permitirse un matiz que les costaría perder  votos. Están condenados a la embestidura de Puigdemont para frenar en seco su investidura. No es únicamente un problema catalán. Lo es también vasco.  No sólo por el Cupo del Concierto sino, además, por la cuestión del acercamiento de los presos a cárceles vascas. Mientras Macron anuncia la aproximación de los que están en Francia, Rajoy, que mira de reojo a Rivera, retrasa la de los encarcelados en España.

La embestidura de Carles Puigdemont es la expresión de una muy grave contradicción democrática en el Estado español.  Ni el 1-O, ni el 27-O, ni el 21-D han servido para nada. Los términos del problema continúan moviéndose en los mismos ejes, sin que quienes lo sufren o se benefician sugieran una salida de este laberinto catalán. Tanto los que desde su pesimismo claman hoy a gritos que se aparte de su vista este amargo cáliz catalán, como también los que desde su optimismo lo beben con  mucha fruición, siguen dando vueltas, por acción u omisión, a la noria catalana. Tan es así, que podríamos estar abocados a muy cortísimo plazo a una tercera convocatoria electoral, si la trinidad del soberanismo o el trío del 155 no dejan de embestirse. Nuevas elecciones, en esa hipótesis, que inevitablemente se convertiría en un plesbicito sobre Carles Puigdemont.