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a pesar del saqueo del patrimonio de todos al que se han entregado políticos y empresarios sin escrúpulos; aunque en absoluto me reconozco en unas instituciones que han dado la espalda a la ciudadanía, pervirtiendo y contaminando su funcionamiento; pese a que siento vergüenza de la clase política que rige las instituciones y que, con un leguaje gastado y acartonado, plagado de lugares comunes, se ha instalado en una urna de cristal, cerrada a cal y canto a las exigencias de la gente sencilla; porque no es de recibo que quienes defienden las políticas de rigor presupuestario, al mismo tiempo hayan vaciado las arcas públicas para sanear un sistema financiero que, en gran medida, ha sido el causante de la crisis.

porque no acepto la estafa de culpar al estado del origen de la crisis, cuando han sido los bancos privados y una desigualdad creciente los principales desencadenantes de la misma y porque, en realidad, con este argumento hay una ofensiva en toda regla encaminada al desmantelamiento de los estados de bienestar; porque no es de recibo contraponer eficiencia privada frente a ineficiencia pública.

porque estoy convencido de que la salida de la crisis económica debe obtener los ingresos que necesita de una fiscalidad progresiva, donde paguen más los que más tienen, las grandes fortunas, patrimonios y corporaciones, que hasta ahora disfrutan de un estatus privilegiado; porque la intervención de los poderes públicos es muy importante asimismo para corregir las ineficiencias y carencias del mercado y porque las economías funcionan mejor con más equidad.

porque las grandes corporaciones han convertido la gestión de la crisis –en el conjunto de Europa, pero muy especialmente en las periferias- en un lucrativo negocio, comprando activos de propiedad estatal a buen precio, beneficiándose de los procesos de externalización de los servicios públicos, reduciendo los salarios y modificando las condiciones de trabajo.

porque soy consciente de que la agenda de un cambio que beneficie a la mayoría de la población, tiene que colocar en el centro de sus preocupaciones la equidad social, la igualdad de género y la sostenibilidad; porque tenemos que defender con convicción que, por supuesto, tiene que aumentar el gasto público, social y productivo, no sólo y no tanto como herramienta para reactivar la demanda, que también, sino como un vector clave para reducir la pobreza y promover la equidad social y la igualdad de género, y para impulsar la transición ecoenergética de nuestras economías; porque la intervención del sector público es asimismo imprescindible para asegurar que los intereses de la mayoría social, sobre todo los de los colectivos más vulnerables y más castigados por la crisis sean visibles y se puedan expresar; porque privar al estado de recursos y deslegitimarlo apelando a una supuesta ineficiencia impide avanzar en la consecución de estos objetivos, que, digámoslo con claridad, no los garantiza, no los puede garantizar, la iniciativa privada, mucho menos en la actualidad, cuando los poderosos han roto los consensos sociales y los puentes institucionales que articulaban las políticas redistributivas.

porque no podemos dejar en manos del sector privado el ejercicio de derechos humanos básicos, como la vivienda, la salud y la educación; porque me niego a aceptar que la competencia en mercados desregulados se convierta en la brújula de nuestra vida.