Jose A. Pérez

Derecho a un árbol

Existe un concepto, llamado punto de inflamabilidad, que define la temperatura mínima necesaria para que una sustancia arda en contacto con el aire. Se trata de un valor fijo para cada sustancia... salvo en nuestro país. Porque España arde o no según factores socioeconómicos. Es uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna: el misterioso punto de inflamabilidad español.

Durante el franquismo y la transición, este país ardía sensatamente, pero entonces llegó 1979, y los incendios se dispararon de una forma asombrosa, tanto en número como en superficie quemada (casi cinco veces más que el año anterior). La nueva España democrática se quemaba sin control, preparando ya el nuevo modelo de negocio en que asentaríamos (precariamente) buena parte de nuestra economía. Pero los récords de incendios empezaron a sucederse a partir de 1995. Fueron los años de la burbuja inmobiliaria, de la especulación, la recalificación, las urbanizaciones y los resorts demenciales. Los árboles ardían al contacto con el dinero.

Y llegó el punto de inflexión, en 2003, con la entrada en vigor de la Ley de Montes, que impide recalificar terrenos quemados hasta pasadas tres décadas. Desde entonces, España prende mucho peor, como prueban las cifras del pasado año (las más bajas de la década). Alguien debería profundizar seriamente en el misterio del punto de inflamabilidad, porque podría darnos una importante clave para entender el milagro económico español y el precio que hemos pagado por él. Dice nuestra Constitución que todo individuo tiene derecho a una vivienda. Yo añadiría: y también a un árbol.